Marco Rascón
Jefes supremos y presidentes
Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo tomaron decisiones en sus sexenios respectivos como jefes supremos de las fuerzas armadas (artículo 89, fracciones VI, VII y VIII de la Constitución) y no como representantes del Poder Ejecutivo. De 1968 a la fecha todo juicio sobre actos criminales, represión y tortura deberá ser visto a partir de la función que desempeñaron como jefes militares y no meramente como representantes del poder civil, pues en esta calidad violaron los artículos 29, 89 y 129 al establecer situaciones de guerra y excepción, anulando de facto las garantías individuales, usando al ejército en actos de represión contra la población civil sin aprobación expresa del Congreso de la Unión (artículo 73 fracción XII).
Todos ellos, a su manera y estilo, le declararon la guerra "a la subversión", investidos del fuero militar y violando sistemáticamente el estado de derecho, pues establecieron discrecionalmente excepciones para casos "de guerra". De ahí nace el concepto guerra sucia, porque constituyó un golpe de Estado a la Constitución al convertir las decisiones del Ejecutivo en actos ilegales de fuerza, pues los mismos representantes de la legalidad en su nombre la violaron, y para ello formaron grupos paramilitares y asesinaron, desaparecieron y torturaron a ciudadanos que consideraron "enemigos".
Las guerrillas posteriores al 2 de octubre de 1968 nacen en respuesta a la decisión militar de cerrar el paso a los reclamos democráticos mediante la violencia extrema. Cada acto ilegal, decidido por los jefes supremos y su Estado Mayor, justificaba la respuesta armada y promovía la espiral de violencia política. La guerra sucia nació cuando el Estado mexicano violó su propia legalidad.
Las masacres del 2 de octubre, del 10 de junio, la época de la guerra sucia, los crímenes contra perredistas en 1988 y las acciones militares en Chiapas fueron decisiones de inteligencia militar a partir de una concepción de seguridad nacional que convirtió en "enemigos extranjeros" a todo tipo de oposición real.
El papel de jefes supremos de las fuerzas armadas sólo lo han desempeñado los ex presidentes para reprimir a su propio pueblo. La guerra sucia fue la locura de una guerra declarada a los molinos de viento de la "subversión extranjera", y para no caer en el ridículo el Quijote clavó la adarga a Sancho en nombre de la seguridad nacional.
La reforma política de 1977-78 fue complemento de esa estrategia militar. Jesús Reyes Heroles, bajo la idea perversa de que "lo que resiste apoya", usó el efecto represivo para construir un sistema de partidos domesticado y controlado mediante prerrogativas y gradualismo. A Reyes Heroles lo venera el PRI porque le dio sentido práctico a la represión al convertir el terror en una reforma política que permitió al tricolor sobrevivir 23 años más en el poder. De muchas maneras la reforma política del ideólogo legalizó una parte de la izquierda, pero ilegalizó a otra, a la cual condenó a la represión sistemática.
En 1988 el esquema reyesheroliano estuvo a punto de romperse por la presión del voto popular a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero al final se impuso y fue elevado a rango de doctrina al aplicarse en la construcción del PRD y haberse instaurado el sistema de minorías y grupos controlados con base en prerrogativas.
Por eso en la causa contra Luis Echeverría los delitos y violaciones no son solamente personales, sino parte de un conjunto de decisiones de Estado que pretenden quedar intactas para los nuevos tiempos, pues más allá de lo virtual se reconstruye y adapta la política de seguridad nacional al nuevo esquema de integración con América del Norte, mediante nuevas formas represivas que buscan garantizar el control de la población y la explotación de recursos.
El entreguismo priísta tuvo para ellos un alto costo: perder el poder y, por ende, la conducción del proceso neoliberal, pero para fortuna del imperialismo y de la oligarquía el PRI pasó la estafeta a una nueva fuerza que en nombre de la democracia y el cambio cumplirá la etapa decisiva: liquidar el proyecto nacional, mientras vemos, en un hecho inédito, las comparecencias de Echeverría ante el Ministerio Público.
No era ésa la trayectoria que plantearon quienes lucharon ni por la que fueron reprimidos y masacrados los del 68, los del 71, los del 88 y del 94. La paradoja es que estemos ante un tardío esclarecimiento histórico y que al hacerse justicia contra la razón de Estado estemos abonando una restructuración de los mandos militares, la policía política y la aplicación de una nueva doctrina de seguridad nacional bajo el maniqueísmo estadunidense: ser terroristas o subordinados.
Si Labastida hubiese ganado, Echeverría no estaría declarando; con Fox el país se está perdiendo. ƑSe puede cambiar la trayectoria?
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