José Blanco

CPI: el gozo al pozo

La coordinación política y económica que requiere la gobernación planetaria exige una institucionalidad que está muy lejos de existir y que, por supuesto, no podemos esperar que sea ajena a la correlación de fuerzas políticas existente a nivel mundial. Esa correlación, por lo demás, es una condición dinámica que, en el futuro, será quizá cada vez más rápidamente cambiante.

El principal marco institucional con el que contamos hoy es el que rige en y en derredor de la ONU y sus múltiples agencias. No es poco, pero se muestra cada vez más deficiente -la muestra cada vez más obvia de la persistencia de una institucionalidad antidemocrática es el Consejo de Seguridad- e insuficiente.

El Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), constituye el avance más importante del orden jurídico internacional desde la Carta de San Francisco, creada por la Organización de Naciones Unidas en 1945. Entonces se trataba de organizar las relaciones entre los estados, ahora de proteger a personas y a pueblos contra agresiones brutales, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad o graves crímenes de guerra. Se puso así en marcha una institución de orden judicial de carácter permanente que urge fuera efectivamente de alcance universal.

El pasado viernes 12 de julio, sin embargo, el gozo terminó por irse al pozo en relación con la CPI, con la Resolución número 422 adoptada por unanimidad de los 15 miembros que constituyen el Consejo de Seguridad de la ONU. Actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad "solicita, de manera compatible con las disposiciones del artículo 16 del Estatuto de Roma, que la Corte Penal Internacional, si surge un caso que implique a funcionarios actuales o anteriores o al personal de un Estado que no forma parte del Estatuto de Roma, sobre actos u omisiones que se relacionan con una operación establecida o autorizada por Naciones Unidas, pueda permitir, durante un periodo de 12 meses que comienza el primero de julio de 2002, no comenzar o seguir la investigación o la persecución de cualquier caso, a no ser que el Consejo de Seguridad decida lo contrario". Asimismo, "expresa la intención de renovar la petición (antes referida) en las mismas condiciones cada primero de julio durante periodos de 12 meses mientras sea necesario".

Así la Corte Penal Internacional ha quedado bajo la férula del Consejo de Seguridad por exigencia de Estados Unidos. El argumento: la lucha antiterrorista (que hoy sirve en todas partes para limitar los derechos y las libertades). Ello así, respecto de una Corte que surge del Estatuto de Roma de 1998, no suscrito por Estados Unidos. El ejército estadunidense continuará con vía libre para actuar y cometer cualesquiera desmanes (en la mira Irak), que la Corte estará maniatada por el acuerdo del Consejo de Seguridad, votado por unanimidad.

México, que apenas dos días antes había asegurado que votaría en contra de las pretensiones estadunidenses, se ha plegado a la exigencia de Estados Unidos, como lo ha hecho el resto de los miembros del Consejo. El abogado David Donat-Cattin, del Grupo Parlamentario para la Acción Global, comentó: "es un día muy triste, la aprobación no afecta sólo la CPI, sino que viola la propia Carta de Naciones Unidas y otra vez más Estados Unidos ha obtenido lo que quería". (Este grupo se compone de 210 parlamentarios procedentes de 103 países que, reunidos en La Haya, Holanda, entre el 4 y 6 de febrero de 1999, emitieron una declaración conjunta de cara a la International Conference on Population and Development.)

Aún más, John Negroponte, embajador de Estados Unidos ante la ONU, dijo, con la característica prepotencia gringa, que su país no permitiría "jamás que un ciudadano norteamericano sea sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional". Y añadió: "vamos a aprovechar este año para encontrar una protección adicional y mejor que, según nuestro criterio, los ciudadanos estadunidenses merecen". Por más increíbles que parezcan, esas fueron sus palabras. Estos ciudadanos se merecen, por supuesto, lo que ningún otro. Gústele a usted o no le guste.

El gobierno imperial no puede sino, una vez más, exhibir su vocación Trucutú. Las noticias más terribles son la unanimidad del Consejo de Seguridad frente a la exigencia estadunidense y la fresa en el helado de la declaración de Kofi Annan. Según su portavoz: "la principal satisfacción del secretario general es la integridad de la Carta de Naciones Unidas, la del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la integridad de la ley establecida por el Tratado". En un concurso de cinismo nadie lo hubiera hecho mejor.

México sigue sin adherirse al Estatuto de Roma porque no reforma aún el artículo 21 constitucional, lo cual es requisito necesario (el PRI, casualmente, está en contra de esta reforma); el país se alinea así también detrás de Estados Unidos.