Exigen castigo para los asesinos de Joel Arriaga

Con la fiscalía especial no hay garantía de que se investigue a fondo, dice Francisco Gallardo

LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 20 de julio. Durante el 30 aniversario luctuoso de Joel Arriaga Navarro, ex dirigente de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y víctima de la guerra sucia de los años setenta, sus familiares, organizaciones civiles y autoridades universitarias, así como los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Pablo Gómez, lo mismo que el general Francisco Gallardo Rodríguez y Raúl Alvarez Garín, ex líder del movimiento del 68, exigieron el esclarecimiento de este crimen.

Añadieron que el castigo a los culpables, entre ellos el ex gobernador poblano Gonzalo Bautista O'Farrill, significará el combate frontal a la impunidad que se vive en el país, y la construcción de un "estado democrático de derecho", además de permitir que la justicia, por fin, se convierta en una institución en México.

Pablo Gómez, quien estuvo acompañado por Judith García viuda de Arriaga, el rector Enrique Doger Guerrero y decenas de personas que abarrotaron el paraninfo del edificio Carolino de la UAP, sostuvo que el asesinato del también ex director de la preparatoria nocturna Benito Juárez continúa siendo una "terrible afrenta" para el país y es uno de los "crímenes más odiosos", porque han pasado 30 años de impunidad para los responsables.

"No se trata de un hecho histórico (el asesinato de Joel Arriaga) que haya que estudiar como a la Revolución Mexicana; es algo que nos alcanza porque los criminales están vivos, ahí, en la impunidad, protegidos por el poder, gracias a una justicia inexistente. Tenemos que seguir luchando por exigir justicia. No se trata sólo de exigir satisfacción de los deudos y amigos de Joel, sino de ser consecuentes con la bandera, programa y objetivos por los que murió", indicó.

Además, hizo una amplia exposición sobre la vida de Arriaga Navarro, quien estuvo preso en la cárcel de Lecumberri por su participación en el movimiento estudiantil de esa época. Refirió que fue uno de los impulsores de la reforma universitaria de Puebla, caracterizada por ser uno de los conflictos más difíciles del país debido a su alto grado de confrontación, violencia y la "actitud agresiva de las fuerzas de la derecha y del gobierno (estatal)".

Pablo Gómez añadió que "esa generación creada en la UAP es lo que llamo la vanguardia estudiantil de los años sesenta. En nuestro país en ese época se creó una corriente, de la que Joel Arriaga fue uno de sus exponentes, que conformó un programa de transformaciones de la educación en el marco de un programa de cambios democráticos y políticos del país. Esa vanguardia fue la que hizo el movimiento del 68", puntualizó.

Liberación de responsabilidades

Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, convocó a los asistentes al auditorio a "alzar las voces y demandar justicia" para esclarecer no sólo el asesinato de Joel Arriaga, sino la matanza del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y la guerra sucia de los años setenta y ochenta. Agregó que el esclarecimiento de tales crímenes permitirá liberar de responsabilidades a aquellas instituciones a las que se fincan o imputan los delitos.

"No se puede decir que todo el aparato de gobierno del estado de Puebla sea el responsable del crimen de Arriaga; los autores materiales e intelectuales tienen nombres y apellidos, ellos son los directamente responsables. Esclarecer este crimen debería estar en el interés principal y prioritario de las autoridades; permitiría liberar de responsabilidades a instituciones.

"Me parece de gran importancia -agregó-, para restablecer el estado de derecho en nuestro país, que los crímenes puedan ser aclarados".

En tanto, Judith García aseveró que la muerte de Joel Arriaga, al igual que la de muchos luchadores sociales en México, es una forma de reacción de aquellos que detentan el poder político y económico cuando ven amenazados sus intereses. A 30 años de su muerte, continuó, hemos constatado el imperio de la impunidad que priva en el país, además de que no se trató de un asesinato común, sino que fue sacrificado porque luchaba por una sociedad más justa, por llevar a la práctica el apoyo a los oprimidos.

Hizo un llamado a que este homenaje no sea sólo "un escaparate de retórica de condolencias", sino que se transforme en un punto de partida para que todos los presentes tengamos el compromiso de exigir el esclarecimiento y castigo de los autores materiales e intelectuales del caso Arriaga.

Posteriormente, en la develación de una placa en memoria de Arriaga Navarro, colocada en el primer patio del edificio Carolino, Raúl Alvarez Garín hizo una amplia reflexión sobre los problemas y los mecanismos para lograr el castigo de los responsables de los sucesos trágicos del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la guerra sucia. Sostuvo que se encuentran en una lucha cultural, internacional y política debido a las autolimitaciones que el mismo gobierno federal ha puesto para no afectar a las instituciones, y abundó que no estamos tan lejos de lograr que se castigue a la brigada blanca y el batallón Olimpia.

Hay muchos elementos políticos, jurídicos y técnicos que se han podido recabar para conocer lo que pasó. Lo más importante, indicó, es que identificamos una política represiva que tiene un punto claro en 1968, continúa el 10 de junio de 1971 y sigue con la integración de la brigada blanca hasta 1982.

"Técnicamente estamos ante un problema: ¿vamos a juzgar el genocidio del 68, del 71, la brigada blanca o se trata de una misma política? Estamos ante una situación que es una misma política; estamos acumulando todos los procesos. Lo que pasó en Puebla es parte de lo que sucedió en todo el país. Estamos construyendo un gran movimiento por la justicia, y nuestro propósito final tiene que ser una transformación cultural en el país. No queremos que vuelva a suceder en México una política criminal", manifestó.

El general Francisco Gallardo advirtió, en una entrevista por separado, que tal y como se encuentra conformada la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, "no existe garantía" de que se llegue al fondo de las investigaciones y se castigue a los culpables. Ante ello, se pronunció por la creación de comisiones de la verdad, integradas por miembros de la sociedad civil, apartidistas, con autonomía para investigar, ajenos al Poder Ejecutivo.

"No ha habido voluntad política para el esclarecimiento de estos hechos. La fiscalía especial está viciada de origen porque la nombra un militar, el titular de la Procuraduría General de la República, dependencia que también es investigada", aseguró Gallardo.