25 mil millones de pesos, el débito de los 27 ingenios expropiados en 2001

Aún sin definir quién pagará la deuda azucarera

Al reprivatizar, no se aceptará la compra con base en financiamientos: Hacienda

ANTONIO CASTELLANOS ROBERTO GONZALEZ

La expropiación, y ahora proyectada privatización de 27 ingenios, se perfila como un proceso similar al de la venta de la banca, en la que, quienes defraudaron al gobierno federal no han recibido un citatorio del Poder Judicial. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las demandas se hicieron desde el año pasado, particularmente en el caso del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), que incluye a nueve ingenios, pero no se sabe de una acción judicial contra los ex propietarios de ese grupo.

El costo para los contribuyentes por la expropiación de la industria azucarera alcanza 3 mil millones de pesos, que se suman al quebranto por 25 mil millones de pesos contra la Financiera Nacional Azucarera (Fina), que fue liquidada en los últimos días de la administración de Ernesto Zedillo. Hasta ahora, no se ha determinado quiénes pagarán ese quebranto, si habrá una acción judicial para recuperar los recursos o si, al igual que con la banca, serán los contribuyentes quienes carguen con esa deuda.

En lo que se vislumbra como un negocio tan malo para los contribuyentes mexicanos como la reprivatización y posterior rescate de la banca, el saneamiento de la industria azucarera ha requerido hasta ahora recursos por 28 mil millones de pesos, unos 2 mil 800 millones de dólares. Por la desincoporación de este sector, realizada durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, el sector público obtuvo de la venta 200 millones de dólares, al tipo de cambio de la época.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Vicente Fox no ha hecho una estimación pública de los recursos que espera captar por la venta de los 27 ingenios expropiados en septiembre pasado. La desincorporación, una vez saneadas las finanzas de esas unidades productivas, concluirá en marzo del próximo año, según estimaciones oficiales. La SHCP ha dejado claro que los nuevos dueños deberán aportar capital de riesgo para la compra y que no se aceptará que realicen la operación con base en financiamientos.

En el momento de la expropiación, Francisco Gil, secretario de Hacienda, reconoció que la quiebra del sector fue similar a la de los bancos. Las intermediarias no se capitalizaron y se compraron mediante créditos cruzados entre los accionistas.

Roberto Ibarra, del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Politécnico Nacional y ex investigador del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, planteó la necesidad de que, tanto la SHCP como la Procuraduría General de la República, precisen el curso de las investigaciones sobre los presuntos desvíos de recursos públicos, y señaló que desde 1985, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se convirtió a Fina en sociedad nacional de crédito.

A partir de ese momento empezaron a fluir recursos para los ingenios que ahora están en cartera vencida. Esa es una prueba, dijo, de que la banca de desarrollo enfrenta problemas y ahora es un "cadáver".

Datos oficiales registran que el débito total de los ingenios expropiados el año pasado asciende a 25 mil millones de pesos, que fueron otorgados por Fina, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Fideicomiso del Banco de México con Relación a la Agricultura (Fira).

Con una cartera vencida de 18 mil millones de pesos, de los 27 ingenios, el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió la liquidación de Fina, sólo un día antes de entregar la administración federal al ahora presidente Vicente Fox Quesada.

El decreto presidencial fue firmado por Zedillo y los ex secretarios de Hacienda y la Contraloría, José Angel Gurría y Arsenio Farell Cubillas, respectivamente. Se publicó en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2000 y entró en vigor un día después, pero nunca se refirió el monto de los recursos prestados a los dueños de los ingenios y que presentaban problemas de cobro.

El anterior gobierno federal actuó de manera subrepticia para tratar de ocultar pérdidas en el sector azucarero, incluso a costa de castigar las finanzas de Fina. Mientras, la actual administración decidió emprender una expropiación de las unidades productivas, que enfrentaban una pesada deuda por casi 19 mil millones de pesos, asumida por el sector público como consecuencia inmediata de la nacionalización y que será reducida o pagada, en el mejor de los casos, con el producto de la venta.

En los últimos dos años del gobierno de Zedillo se inyectaron recursos públicos por un monto de 3 mil 500 millones de pesos para evitar la quiebra del sector.