Brigadas de Al Aqsa amenazan con atacar a familias de funcionarios de Tel Aviv si hay expulsiones
Discute la Suprema Corte israelí queja de palestinos amenazados con la deportación
Israel entregará parte de los impuestos retenidos a la ANP, en un acuerdo anunciado por Peres
Estalla bomba al paso de un tren repleto de soldados entre Javneh y Rehovot; hay un herido
REUTERS, DPA Y AFP
Jerusalen, 21 de julio. La Suprema Corte de Israel empezó hoy la discusión de una queja presentada por familiares de presuntos activistas palestinos amenazados por Israel con ser deportados de Cisjordania a la franja de Gaza, mientras el grupo armado Brigadas de los Mártires de Al Aqsa amenazó con atacar a las familias de responsables israelíes en caso de que se inicien la deportaciones.
En tanto, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, se declaró satisfecho con la nueva ronda de negociaciones que sostuvo la víspera con responsables palestinos, en la que se acordó que Israel entregará parte de los impuestos retenidos por su gobierno a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Sin embargo, estas negociaciones se vieron empañadas por la explosión de una bomba al paso de un tren israelí, entre las localidades de Javneh y Rehovot, en el sur de Israel, que dejó herido al conductor.
"Estamos investigando el incidente como un nuevo atentado terrorista", dijo un vocero de la policía, al señalar que el tren iba repleto de soldados que regresaban a sus bases después de una semana de descanso.
Radio Israel informó que la queja ante la Suprema Corte fue presentada por 21 familias de palestinos sindicados por Israel como instigadores de los dos atentados que la semana pasada dejaron un total de 11 muertos en Israel y a las afueras de un asentamiento judío de Cisjordania.
Violación a la Convención de Ginebra
Los demandantes, representados por la activista israelí de derechos humanos Lea Zemel, argumentaron que la medida es, entre otras cosas, una violación a la Convención de Ginebra, que prohíbe la deportación de personas de territorios ocupados.
El asesor jurídico del gobierno israelí, Eliakim Rubinstein, se ha pronunciado en contra de estas
expulsiones automáticas, pero el ministro sin cartera Danny Naveh, conocido por sus posiciones intransigentes en el seno del Likud, partido del primer ministro Ariel Sharon, se declaró este día a favor de la medida al señalar que "no hay que renunciar a ningún medio susceptible de disuadir a los terroristas suicidas".
La madrugada del viernes el ejército israelí detuvo en el norte de Cisjordania a 21 familias de los de presuntos activistas palestinos, con la intención de deportarlos a la franja de Gaza.
Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y los países árabes, incluso la organización israelí de defensa de los derechos humanos, Betselem, condenaron el proyecto de expulsión, pese a lo cual el gobierno mantiene su postura.
Este día, las autoridades israelíes se comprometieron ante el Tribunal Supremo a informar con 12 horas de antelación en qué momento serán deportados los palestinos.
El Ministerio Público precisó que no se ha tomado ninguna decisión en lo que respecta al traslado de las familias palestinas, pero señaló que los detenidos y sus abogados serán avisados 12 horas antes de su expulsión, lo que les permitirá recurrir la medida ante el tribunal.
Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, grupo armado ligado a Fatah, movimiento del presidente palestino Yasser Arafat, advirtieron a Israel contra toda deportación. "Si lo hacen, responderemos atacando a las familias de responsables israelíes", indicaron en un comunicado.
El diario israelí Haaretz afirmó, por otra parte, que el ejército quiere ocultar la identidad de los soldados emplazados en los territorios palestinos reocupados por miedo a demandas ante la Corte Penal Internacional.
El ejército planea variar su política informativa y limitar la publicación de detalles sobre los efectivos. Así, en las entrevistas sólo se podrá citar el nombre de pila de los soldados pero no su apellido, ni tampoco detalles sobre el lugar de residencia o de su misión.
Círculos militares señalaron al periódico que esta decisión es solamente una medida preventiva, ya que todavía no se conoce en concreto la actuación de la Corte Penal Internacional, que fue instalada el 1Ɔ de julio pero comenzará actividades el próximo año.
En cuanto a la reunión que sostuvo una delegación israelí encabezada por Peres con representantes palestinos, el sábado, el canciller sostuvo que se trataron verdaderos problemas. "Se les habló claro y ellos comenzaron a entender que el terrorismo los afecta tanto a ellos como a nosotros", comentó.
En declaraciones a la radio pública, Peres indicó que se reafirmó el compromiso del ejército israelí de no quedarse en los sectores de Cijsordania, donde espera que "los palestinos no vuelvan a tomar las riendas de la situación y frenen el terrorismo".
Aludía a la operación Vía Firme, iniciada por el ejército el 19 de junio, que se tradujo en la reocupación de las ciudades más importantes de Cisjordania, así como en la imposición del toque de queda que afecta a miles de palestinos, para intentar impedir ataques suicidas.
No obstante, el canciller dijo que "debemos luchar sin respiro contra el terrorismo, teniendo cuidado de no afectar a los palestinos que no están implicados en actos de terror".
Pago por 430 mdd
En cuanto al pago por Israel de 430 millones de dólares que debe a la ANP, Peres explicó que las discusiones giraron en torno al procedimiento para transferir estos fondos en cooperación con Estados Unidos.
Los fondos corresponden a los beneficios del IVA y a los derechos arancelarios deducidos de los productos importados a Cisjordania y a la franja de Gaza que transitan por el territorio israelí. Ese dinero fue congelado por Tel Aviv desde que comenzó la intifada, en septiembre de 2000.
El ministro sin cartera Danny Naveh, quien también participó en el encuentro del sábado, anunció por su parte que Israel está dispuesto a abandonar las ciudades de Hebrón y Belén, así como aliviar el cerco a Jericó, además de que se aumentará a 7 mil el número de permisos de trabajo para palestinos en Israel.
Por la parte palestina, el principal negociador Saeb Erekat, ministro de Colectividades Locales, que encabezó la delegación, también afirmó que las conversaciones fueron "serias y prácticas", pero "no se decidió nada en concreto".
