miércoles 24 de julio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Rechazan que el Tribunal Superior de Justicia del Estado opere con recursos indebidos
Piden que la CEDH maneje otra vez el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos

Fabián Robles.Medrano n
La ombudsman tlaxcalteca, Celina Pérez Rodríguez, y el presidente de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, Melquiades Pérez González, se manifestaron a favor de que la LVII Legislatura local enmiende el error cometido por los anteriores diputados y restituya al organismo estatal defensor de las garantías individuales el control y manejo del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a Indigentes Procesados, previa cancelación del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. Este último surgió a raíz de las más recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En lo que fue la tercera sesión extraordinaria del Congreso local para buscar alternativas que pongan fin a la lucha por el poder del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), se dió a conocer ante el pleno las posturas de Celina Pérez y de Melquiades Pérez. En el caso de la ombudsman, pidió a los diputados tomen en cuenta la propuesta que al respecto hizo llegar su antecesor, Serafín Ortiz Ortiz desde el pasado 30 de abril de 2002.
En ese documento -copia del cual fue distribuido a los medios de comunicación al término de la sesión- Ortiz Ortiz critica los cambios aprobados por los integrantes de la LVI Legislatura a la Ley Orgánica del Poder Judicial "que hoy tienen empantanada y en pugna la impartición de la justicia en la entidad e, inclusive su paralización niega también al estado de derecho".
Los cambios a esa legislación -aprobados el 21 de diciembre de 2001- no sólo incluyeron la creación de nuevas salas en el TSJE, sino además la creación de una Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, facultada para administrar el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, también de reciente creación, que se constituirá con las cauciones que garanticen la libertad provisional de los indiciados y procesados, las cauciones pecuniarias, las cantidades de conmutación de la pena y las cauciones por libertad anticipada.
Según el ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con esos cambios "ventajosamente se quiso canalizar hacia el Poder Judicial una serie de beneficios que han sido desprendidos de otras instituciones, como es el caso del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a Indigentes Procesados (...), cuyo patrimonio se ha afectado con la reforma a esa ley orgánica".
Advierte: "Con la anterior reforma se genera perjuicio a las víctimas del delito que demandan la protección del fondo, amén de que dejaría de atenderse este beneficio social que si se quisiera continuar, tendría que asignarse (un) presupuesto específico, y todo indica que se privilegia el interés de los jueces por encima del interés de las víctimas (...) el nuevo fondo sólo servirá, en el mejor de los casos, para la capacitación de los servidores del propio Poder Judicial, y los propósitos discrecionales que determine la Comisión de Administración del mismo".
Entonces, el ex ombudsman tlaxcalteca propuso la modificación del artículo 100 de la legislación antes referida "para que sólo se refiera a las fuentes de ingresos propias del Poder Judicial en su previsión de presupuesto de egresos anual que se por ley se le confiera (...) y que no se constituya con los importes de las cauciones y sanciones pecuniarias, toda vez que puede generarse una política judicial para el aprovechamiento de esos recursos con exceso del otorgamiento de libertades bajo caución, con imposición de penas que alcancen la conmutación, entre otras cosas, desvirtuándose la esencia de la justicia, por una política redituable en beneficio del Fondo Auxiliar".
Incluso, Serafín Ortiz -en el documento referido, mismo que fue enviado a los diputados locales- señala que hubo movimientos bancarios indebidos a favor de la cuenta número 0132457296 del BBVABancomer a nombre del TSJE "por concepto de conmutaciones y multas, cuyos depósitos han sido ingresados indebidamente de manera directa al Poder Judicial".
Y criticó: "Considero que, irresponsablemente, las autoridades del Poder Judicial han incurrido en actos que perjudican al fondo que represento, toda vez que al ingresar aquellos recursos -no especifica el monto- a su cuenta bancaria impiden que el fondo pueda cumplir con el elevado propósito que tiene asignado de atención a la población más necesitada".

Corregir errores

En la sesión extraordinaria de este martes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Melquiades Pérez González, llamó a sus homólogos a corregir los errores y contradicciones que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial, específicamente en lo que se refiere al Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a Indigentes Procesados.
Desde su óptica, la creación del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia -con la misma fuente de recursos del otro fondo, anteriormente manejado por la CEDH- constituye "un asunto delicado" que, por si fuera poco, representa un retroceso en materia de vigencia de los derechos humanos en Tlaxcala.
Insistió en que la posición de la comisión parlamentaria que dirige no es otra más que "la clara, concreta y contundente defensa del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a Indigentes Procesados, creado por medio del Decreto 130, porque su fin social va más allá de la ayuda a las víctimas y también preserva la dignidad de los tlaxcaltecas y nuestros connacionales que trabajan en el extranjero".
A continuación, el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) puso una serie de ejemplos de algunos de los casos atendidos con los recursos del fondo que administraba la CEDH:
"Hace unos días, en el desierto de Arizona, fueron hallados los restos de una persona que en su mochila portaba un acta de nacimiento tlaxcalteca. Se trataba de un obrero de 23 años de quien su familia no supo nada a lo largo de dos años, hasta el penoso hallazgo. Por medio del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a Indigentes Procesados, la familia pudo trasladar los restos de ese sujeto.
"Otro caso más es el de una maestra que iba a reunirse con su esposo y fue abandonada en el desierto de Caléxico hace aproximadamente un año."
Añadió: "Como los expuestos hay, en promedio, cinco casos anuales, pero además mueren en Estados Unidos de 15 a 16 tlaxcaltecas, aproximadamente cada 12 meses y transportar sus cuerpos tiene un costo de 2 mil a 2 mil 500 dólares, que son cubiertos por este fondo, cuyo fundamento humanístico no podemos poner en entredicho".
Pérez González recordó que además existen beneficiarios "que han sufrido pérdidas tan lamentables como en el caso de seis integrantes de una familia que fallecieron en un accidente automovilístico, a causa del cual ocho niños quedaron huérfanos. A los deudos de estas personas se les apoyó económicamente. La lista es tan larga como conmovedora".
Entonces, Pérez González refirió que del 14 de junio al 31 de diciembre de 2001 se recibió 41 solicitudes de préstamo para pago de conmutaciones, de las cuales procedieron únicamente 30, liberándose recursos económicos por 201 mil 862 pesos, y por concepto de ayudas definitivas se recibió 40 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 36 con ayudas por 188 mil 603 pesos.
Además, del 1 de enero al 11 de junio de 2002, se recibieron 21 solicitudes de préstamo para pago de conmutación y multas, de las cuales procedieron 15 y quedaron tres pendientes para autorización por parte del Consejo Técnico del Fondo de Protección a Víctimas; además se liberó, por este concepto, 74 mil 945 pesos.
Por lo que se refiere a la ayuda económica definitiva, el diputado perredista Melquiades Pérez González informó que se recibió 66 peticiones, de las cuales se autorizó 53 y seis estaban pendientes de autorización por parte del Consejo Técnico del Fondo, mientras que siete resultaron improcedentes. Por este concepto se canalizó 398 mil 433 pesos.