Mediante la legislación sobre el tema se busca rehabilitar a víctimas de tormentos

Convertir la detección de la tortura en norma oficial, plantea organismo de la ONU a México

Pide que el país se adhiera a protocolo que permite visitas a cárceles sin previo aviso

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Copenhague, 27 de julio. En el futuro, la historia de la lucha contra la tortura en México podrá escribirse de una de dos maneras: se aprovechó la oportunidad única de prevenirla y rehabilitar a las víctimas, combatiendo la impunidad, o se falló.

En el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) -que preside Maria Piniou-Kalli- se espera que el gobierno foxista escriba una historia de éxito.

El consejo incluyó el tema de la tortura en la primera fase del programa de cooperación técnica entre México y la oficina en el país del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El IRCT espera continuar su trabajo en la segunda fase, que comenzaría antes de fin de año, una vez que el representante del alto comisionado se instale en la oficina abierta en México, atendiendo la invitación del gobierno.

Ello podría ocurrir antes del 12 de septiembre, cuando Mary Robinson dejará la presidencia del comisionado, la cual asumirá Sergio Vieira de Mello.

De la segunda fase -que durará tres años y tendrá un presupuesto de 3 millones de dólares- el IRCT esperaría que el manual de procedimiento para la detección de tortura, consensuado con la Procuraduría General de la República (PGR), se convierta en una norma oficial, aprobada por el Congreso.

Lo anterior permitiría que la documentación recabada se use en tribunales para la denuncia de casos de tortura y la demanda de rehabilitación médica, monetaria y moral de la víctima o sus familiares.

Anders Buhelt, coordinador de Programa para América Latina del Centro de Apoyo y Unidad de Desarrollo del IRCT, narra a La Jornada la experiencia de la primera fase del programa de cooperación técnica en derechos humanos para México, y hace votos para que la detección de tortura se convierta en normatividad y se rompa el círculo vicioso de impunidad.

Expresa: "queríamos tomar el Protocolo de Estambul (manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado en 1999) y adaptarlo al contexto cultural, político, estructural y jurídico mexicano, e invitamos a expertos del país e internacionales, ya que si bien somos una organización médica profesional, no pretendemos ser los expertos del mundo en el campo de rehabilitación de víctimas de tortura".

En México, tras diversas dificultades y negociaciones, se elaboró por consenso el documento Procedimiento modelo para el examen médico de las torturas y otros abusos físicos, con formatos de evaluación que permiten a los galenos capacitados documentar si una presunta víctima de tormento lo es en realidad, mediante parámetros objetivos y transparentes, casi perfectos.

Esa documentación puede ser usada en tribunales o enviarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otra institución, nueva o independiente, para que se realice el mapeo de la situación de la tortura: cómo es, cuáles son sus formas, en qué estados se perpetra, la realiza la policía o el Ejército, ocurre en la cárcel o en centros de detención. Durante la segunda fase se intentará desarrollar el manual respectivo.

Posesiones de la PGR

Por lo pronto hay negociaciones, pues "la PGR quiere ser dueña del manual", lo cual será aceptado "siempre y cuando nuestros puntos de vista y recomendaciones, presentados en dos ocasiones recientes, se tomen en cuenta. Cuando estemos totalmente de acuerdo empezaremos a elaborar los manuales de médicos y de abogados, y realizaremos los cursos de capacitación en la segunda fase", dice Buhelt.

"Podríamos alegar que nosotros somos los dueños del manual, pero nada logra-ríamos. Pero si colaboramos y dejamos que la procuraduría se diga dueña del manual, no tendremos problemas en aceptar el resultado, siempre que tenga lo mismo que el procedimiento modelo que hicimos nosotros y, de hecho, lo estamos logrando. La negociación nos garantiza que el manual no se hará sin tomarnos en cuenta, y que será de buena calidad."

La firma de la segunda fase del programa de cooperación entre México y la oficina del Alto Comisionado, ocurrida en junio pasado, incluye la apertura de una representación en el país, cuyo objetivo principal es convertir el procedimiento modelo en norma oficial para su uso en toda la nación.

"La segunda fase ya está muy atrasada -la primera terminó en agosto de 2001-, aunque su trabajo es mayúsculo, pues se abocará al diagnóstico de la situación y a elaborar el plan de acción nacional de derechos humanos.

"Por ahora no tenemos claridad de qué habrá. La forma eficaz de combatir la tortura es impedir, prevenir y castigar la impunidad; por ello su detección debe ser norma oficial, aceptada por el Congreso.

"No tenemos la confianza ciega de que nuestros comentarios y recomendaciones serán tomados en cuenta ciento por ciento; sin embargo, por la participación en la primera fase y por nuestro trabajo con las organizaciones no gubernamentales (ONG), la gente nos conoce y nos mira como sus representantes en este programa de cooperación técnica, donde están las voces del gobierno y de la comunidad internacional, pero no la sociedad civil. Abogarán porque se nos haga caso.

"El desarrollo del manual es producto de nuestra experiencia de más de tres décadas, pero también de la correlación de ONG, a lo que sumaría la fructífera relación con la oficina del Alto Comisionado y la colaboración con la PGR. Por ello, este proyecto del manual como norma oficial se está convirtiendo en un modelo a imitar -Brasil sería el primero-, hasta vendría a ser el modelo o proceso México."

Lo máximo que debe contener el referido manual "es replicar todo el Protocolo de Estambul", dice Buhelt, sonriente, "pero lo mínimo y alcanzable es que el formato técnico especializado refleje lo que es necesario saber para que el médico y las personas que evaluarán las respuestas, como los abogados, puedan usar la documentación obtenida para hacer denuncias contra torturadores en los tribunales".

Por ello, no se haría a la presunta víctima la simple pregunta: "Ƒte torturaron?", sino que se indagaría qué, cómo y cuándo pasó, con el propósito de ver la correspondencia entre la historia y las marcas de violencia física o mental.

Es importante que la víctima entienda y acepte su situación, que lo sepa la población, porque en México no se ve como parte de la vida y las autoridades se escudan en que no hay muchos casos, sino alegatos.

Por otro lado, el torturado no podrá decir que lo fue si aún está en la cárcel, entre los torturadores, nunca va a denunciar. Pero si las personas capacitadas llegan a una cárcel y ven que, por ejemplo, que 80 por ciento de los encarcelados muestra signos de tortura, puede inferir que la práctica existe, que hay impunidad, y demandar una investigación directa.

Por ello es muy importante que México se adhiera al Protocolo Adicional de la Convención Internacional contra la Tortura (aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU el pasado 24 de julio), que permite visitas relámpago a centros de detención, para investigar si hay casos de tormentos.