No se han cumplido los fines del decreto de expropiación, afirman
Exigen campesinos de Escobedo, Nuevo León, la restitución de 204 has de riego y uso agrícola
Informan que recibieron $2.77 por m2 y hoy se comercializa hasta en $1,700
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 28 de julio. Campesinos del ejido San Nicolás, en el municipio de Escobedo, exigieron hoy que se les restituyan las 204 hectáreas de riego y uso agrícola que el 4 de abril de 1990 les expropió el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari "para la constitución de reservas territoriales para el futuro crecimiento y conservación del área metropolitana" de Monterrey, así como la construcción de un parque ecológico y una terminal de autobuses.
La petición, dijeron en una asamblea efectuada este domingo, se basa en que durante los cinco años de plazo que se establecieron no se cumplieron los fines del decreto ni entonces ni ahora, 12 años después.
Señalaron que a los 49 ejidatarios esas tierras les fueron pagadas a 2.77 pesos por metro cuadrado -según determinó la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales- y hoy son comercializadas por urbanizadores privados hasta en mil 700 pesos el metro cuadrado.
Mencionaron que aunque el decreto establece que el gobierno de Nuevo León tendría la posesión, pero no podría enajenar los terrenos, en los siguientes ocho meses de que le fueron entregados en donación por el gobierno federal, la administración estatal subastó 106 de las 204 hectáreas a 67 pesos el metro cuadrado, 2 mil 500 por ciento más de lo que recibieron como indemnización.
Señalaron que no obstante que desde febrero de 1999 un juez de distrito les concedió un amparo, actualmente en revisión, "y no debe colocarse un solo ladrillo más", los constructores siguen arrancando proyectos, como el centro comercial Sendero, que inició hace días y "será el más grande en el norte del país", en una superficie de 170 mil metros cuadrados.
Luis Cavazos Segura, uno de los inconformes expresó: "Ƒquieren que agarremos machetes como los ejidatarios de San Salvador Atenco, o que busquemos de abogado a Diego Fernández de Cevallos, aunque nos cobre 50 por ciento, para que nos hagan caso?"
Luis Cavazos, Javier Garza Esparza y Valentín Carrillo Arriaga, entre otros, acompañados por su asesor Sergio Garza Elizondo y alentados por la lucha que han dado los campesinos de Atenco, consideran que les asiste la razón legal para reclamar sus derechos, ya que hace siete años debió quedar concluido el parque regional en una superficie de 40 hectáreas, y es fecha que no se conoce ni siquiera el proyecto por parte del gobierno estatal.
Expresaron que aunque es dudosa la supuesta "causa de utilidad pública", al expropiarles sus terrenos para construir una terminal de autobuses porque se trata de negocios privados, la obra quedó descartada desde hace varios años por problemas económicos y solamente se ha cumplido con la edificación de las instalaciones del Consejo Tutelar para Menores.
Otra violación al decreto expropiatorio, explicaron, es que de acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Asentamientos Humanos se estableció en el contrato de donación por parte de la Federación al estado, que "no podrán enajenarse porciones de la reserva a favor de promotores privados".
Sin embargo, en el contrato se estableció que la participación de promotores privados en el desarrollo de programas de vivienda media sólo se efectuaría a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
El Fifonafe, se asentó en el decreto 163 emitido por Salinas de Gortari, "cuidará el exacto cumplimiento y, en su caso, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales fueron expropiados, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes que el núcleo afectado haya recibido por concepto de indemnización".
Lo que recibieron los campesinos por sus 240 hectáreas fueron cinco mil 660 millones de viejos pesos, hoy cinco millones 660 mil pesos. En cambio, María, hija de uno de los ejidatarios afectados con la expropiación, acaba de pagar a los urbanizadores del fraccionamiento Puerta del Norte, 700 mil pesos (equivalente a la octava parte de lo que recibieron los 49 afectados en total), por una casa que se edificó en un terreno de 15 metros de largo por ocho de ancho. María quiso comprar esa vivienda, porque precisamente ahí estaba la parcela de su padre.
Sergio Garza Elizondo, asesor de los campesinos, dice que como se dieron los hechos, tal parece que hubo coalición de funcionarios o delincuencia organizada, porque previamente a la publicación del decreto expropiatorio, se les habían quitado los 25 millones de metros cúbicos de agua que tenían anualmente para regar sus parcelas con el evidente propósito de obligarlos a entregar sus tierras.
El núcleo ejidal fue dotado durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, pero aún hoy es el más grande del estado, pues le quedan varios miles de hectáreas fuera de la zona urbana.
