Sin construir, parque y terminal de autobuses: afectados

Acusan a cuatro gobiernos de NL de incumplir acuerdo por expropiación

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 29 de julio. Tres ex gobernadores de Nuevo León (Jorge Treviño, Sócrates Rizzo, Benjamín Clariond) y el actual, Fernando Canales Clariond, incumplieron los acuerdos de un decreto presidencial que el 4 de abril de 1990 quitó a los ejidatarios de San Nicolás, Escobedo, 204 hectáreas de uso agrícola, pues no construyeron un parque urbano y una terminal de autobuses, a lo que se habían comprometido.

Aunque los afectados solicitaron en tiempo que se invalidara el decreto, la justicia federal resolvió en definitiva el pasado12 de junio, por lo que los actos reclamados "no lesionan los intereses jurídicos de los quejosos, dado que carecen de un derecho legítimamente tutelado para cuestionar un decreto en la forma como lo plantean".

En su resolución definitiva, "era el propio gobierno el que los había despojado, el que por medio de Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), tenía la obligación de velar por los intereses de los campesinos, pero nunca cuidó que se cumpliera el decreto expropiatorio, y menos porque se regresaran las tierras ejidales a sus originales dueños", dijo el asesor de los ejidatarios, Sergio Garza Elizondo

Comentó que para protegerse de los "despojos" -que al amparo de la ley o por medio de expropiaciones y argucias legales- que han sufrido núcleos ejidales y comunidades rurales de Nuevo León a manos de políticos y empresarios, se impulsará la formación de un frente común o coordinadora para defender sus derechos. Se han presentado también casos de expropiación en Mina, Linares y Santa Catarina, entre otros municipios.

Garza Elizondo agregó que como han observado el proceso legal en los más de dos años de litigio, las autoridades federales y estatales han tejido una vasta red de trabas y complicidades, primero para despojar y, luego, para dificultar la defensa de los derechos conculcados a los ejidatarios, mientras favorecen el enriquecimiento de grandes urbanizadores, por igual políticos que empresarios.

Garza Elizondo explicó que diez años después de la expropiación, el 22 de mayo de 2000, los campesinos de San Nicolás demandaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, señalando como agravios "la privatización, despojo, el no haberles pagado la indemnización por incumplimiento del decreto de expropiación de 204 hectáreas, y por cederles dichos terrenos a terceros, mediante el decreto 163 publicado en el Periódico Oficial del estado, de fecha 28 de diciembre de 1990".

Reclamaron que no se les entregó a los 49 afectados una superficie de 42 hectáreas urbanizadas y 5.6 hectáreas comerciales, como se asentó en el decreto de referencia.

El 23 de mayo del 2000, un juez de distrito que desechó la demanda de garantías, "por encontrar en ella motivo manifiesto de indudable improcedencia". La parte quejosa interpuso el recurso de revisión, el cual fue conocido por el primer tribunal colegiado del cuarto circuito en materias administrativa y del trabajo.

El 31 de octubre de 2001, el mismo juzgado admitió dar trámite a la demanda de amparo, y se tuvo como terceros perjudicados a Bancomer, Promotora de Desarrollo e Infraestructura (Prodisa).