Nora Patricia Jara

Atenco hoy

En San Salvador Atenco los ejidatarios se defienden de una expropiación que, consideran, atenta contra la máxima garantía de sus derechos civiles: la libertad, no la de vivir en la pobreza, sino la de su derecho a decidir su destino y el uso que darán a sus pertenencias o bienes.

Y las tierras que protegen son resultado de una política que en un principio, en los llamados regímenes revolucionarios, se instituyó para restar poder a los caciques, terratenientes y hacendados. Así, aparecieron las comunidades agrarias con organizaciones colectivas como el ejido, forma de propiedad comunitaria que se subdivide en parcelas o pequeñas hectáreas que se aseguran con una escritura para todos los miembros que la conforman.

En la última década diversas modificaciones a los artículos constitucionales que determinan o limitan el uso y propiedad de los distintos tipos de la tierra en México, propiciaron, (primero con objetivos sociales y luego con carácter populista y clientelar), que muchos campesinos resultaran beneficiados a través de distintos programas gubernamentales como Procampo y otros que se implementan, todavía, estratégicamente por la Reforma Agraria y Sedeso.

El propio Presidente Vicente Fox promociona entre sus logros la continua entrega de documentos agrarios a miles de campesinos en todo el país, quienes obtienen, tras largas esperas, títulos de propiedad que delimitan las tierras que les pertenecen dentro de una comunidad ejidal. Todos estos son actos consustancialmente jurídicos.

En un spot radiofónico, un supuesto campesino afirma que ya obtuvo seguridad en la tenencia de su tierra, al momento que una voz de fondo publicita la certeza jurídica que desde tiempo atrás otorga el gobierno federal, por medio de la Reforma Agraria, con la entrega de documentos a cientos de campesinos en todo el país, luego de las reformas del 27 constitucional.

Los mexicanos que se adhieren a estos programas sociales obtienen titularidad sobre la posesión de sus bienes patrimoniales, pero junto con ello también un derecho natural que es considerado desde los romanos como el primer derecho ciudadano, parte de los derechos económicos individuales: el que define la propiedad privada de una persona, mismo que está sujeto al bien común y, en este sentido, los ejidatarios de Atenco, Acolman y Texcoco y sus poblaciones ponen, con su rebeldía, a revisión el concepto de función social de la propiedad.

Ante la inminente desaparición de sus formas tradicionales de vida, los atenquenses acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revierta el decreto expropiatorio, alegando su derecho a conservar en su beneficio las tres mil 866 hectáreas que según datos del Consejo Nacional de la Población, recién publicados por la agencia CIMAC de noticias, establecen que Atenco tiene 34 mil 500 habitantes, 58 por ciento de éstos viven en condiciones de hacinamiento, 55 por ciento reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos, 4.5 por ciento son analfabetas y que su fuerza de trabajo son, básicamente, el comercio, los servicios y el campo, donde, además, una buena parte de la población es adulta mayor y teme no poder heredar lo único que poseen.

Esta es la gran responsabilidad que los gobiernos federal y estatal tienen que enfrentar, al tiempo que la corte tendrá que juzgar si la causa que establece un fin a favor de la colectividad es suficiente para que el gobierno ejerza una función pública (por cierto, única limitante del derecho de propiedad privada) para construir un aeropuerto de la magnitud que requiere la Ciudad de México. Lo es, al menos, para tratar de justificar a toda costa, hasta con el desprestigio y descrédito de la primera víctima mortal de la intervención policíaca ejecutada por fuerzas especiales del gobierno del Estado de México en ese lugar, en una confrontación no aclarada suficientemente por ninguna autoridad y que puso en evidencia la falta de voluntad política para lograr un acercamiento con campesinos y habitantes afectados.