Jorge Santibáñez Romellón*

Seguridad nacional vs. derechos humanos

La situación que se vive en la frontera México-Estados Unidos en torno a las formas que nuestros vecinos han desarrollado para controlarla, y en particular para evitar el ingreso de migrantes indocumentados, aparentemente se está convirtiendo en una política de Estado en ese país. Me explico: hoy ya es evidente que las formas de control de la frontera constituyen y generan violaciones a los derechos humanos. Aunque no se pueda afirmar que ése era el objetivo de dichos mecanismos de control, nadie puede negar que una de las consecuencias más claras es el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes en el "derecho humano" fundamental, que es el derecho a la vida. Es decir, por la forma en que se controla la frontera, los migrantes, en su mayoría mexicanos, exponen y pierden la vida.

Las razones morales y formales que Estados Unidos argumenta son la preservación de su soberanía y seguridad nacional. Durante mucho tiempo no aceptaron ser la causa de esas violaciones. En su discurso, los responsables únicos eran los polleros. Sin embargo, ante tanta evidencia y envalentonados por un discurso antiterrorista, el tono ha cambiado y, en la práctica, se justifica que se violen los derechos humanos si ello es necesario para preservar su seguridad.

Más allá de que no tengan ninguna razón en suponer que los migrantes representan un peligro para su seguridad, el cambio mencionado tiene un peligro implícito de enorme importancia, ya que un simple programa de control como, por ejemplo, el Operativo Guardián, pasa a ser la expresión de una política de Estado que enuncia, en la práctica, que si en ello va la seguridad nacional "se vale" violar los derechos humanos. Cuando eso viene del país más poderoso del mundo, tenemos de qué preocuparnos. Recientemente han ocurrido dos hechos que fortalecen esta hipótesis.

El primero ya fue abordado en este espacio. Se trata del rechazo estadunidense a la creación de la Corte Penal Internacional y la solicitud expresa de que sus soldados gozaran de una especie de inmunidad. Es decir, bajo su óptica, los soldados de nuestros vecinos pueden violar los derechos humanos porque están defendiendo al mundo de los ataques de los malos.

El segundo hecho se refiere a la oposición de Washington a que Mary Robinson (ex jefa de gobierno de Irlanda) continúe como titular del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (véase La Jornada del 31 de julio). Recuérdese que la señora Robinson no se sometió a los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, sin ser enemiga de ese país, cuando tuvo que hacerlo dijo alto y claro que Estados Unidos estaba incurriendo en prácticas violatorias de los derechos humanos.

Una de esas veces, quizá la primera, ocurrió en Tijuana, de manera más precisa en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte: al salir de una reunión de trabajo con los investigadores de El Colef, en torno al tema de los derechos humanos y riesgos de los migrantes, declaró a los medios de comunicación que Estados Unidos debía revisar su política de control de la frontera, ya que vulneraba los derechos humanos de los migrantes. La nota fue difundida ampliamente y Robinson pasó a la lista de funcionarios de la ONU no sometidos a Estados Unidos y, en consecuencia, a la de enemigos potenciales.

Así siguió Mary Robinson en el espinoso camino de defender los derechos humanos hasta que llegó el 11 de septiembre, cuando la entonces comisionada tuvo la "ocurrencia" de criticar las medidas antiterroristas estadunidenses, ya que generaban un espacio fértil para las violaciones a los derechos humanos, en particular la negativa de Washington de concederle estatus de prisioneros de guerra a los talibanes y a los miembros de Al Qaeda presos en Guantánamo. Que conste que no se criticaba que Estados Unidos se protegiera, sino que lo hiciera sin tomar en cuenta el respeto de los derechos humanos. Hoy, la señora Robinson está recogiendo los frutos de su "osadía".

Así las cosas, Estados Unidos busca una ONU light y un contexto internacional que se someta a sus intereses, formulando una falsa disyuntiva entre seguridad nacional y respeto a los derechos humanos.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte