Una niña de seis años, hija de un guardia civil, una de las víctimas

Dos muertos en Alicante al estallar un coche bomba, en una acción atribuida a ETA

Sentencian a dos dirigentes del grupo armado vasco a 743 años de prisión cada uno

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 4 de agosto. Dos personas, entre ellas una niña de seis años, hija de un guardia civil, murieron este domingo a consecuencia de la explosión de un coche bomba en la localidad turística de Santa Pola, en Alicante, en una acción atribuida por el gobierno español a la organización armada vasca ETA.

El estallido, que se produjo entre un cuartel de la Guardia Civil y una parada de autobuses, provocó además 25 heridos, al menos 10 de gravedad.

El caos y el nerviosismo se apoderaron de Santa Pola alrededor de las 20:30 horas, cuando ocurrió la explosión del vehículo, estacionado a un costado del cuartel.

El saldo del presunto atentado de ETA, el primero de este grupo armado desde junio pasado, cuando hizo estallar cinco coches bomba con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Sevilla, es el más grave en lo que va del año.

La niña fallecida, hija de un guardia civil, se encontraba jugando en su dormitorio del cuartel cuando estalló el artefacto, confirmó el juez de guardia Gordinao Casas. La otra víctima, un hombre de 57 años, se encontraba al parecer en la parada de autobuses cercana al cuartel policiaco. Los heridos, entre los que se encuentran tres adolescentes, fueron internados en el Hospital General de Elche.

La potente explosión fue en la calle Azorín, en un cruce en el que además de encontrarse el cuartel policial, que se apunta como posible objetivo del atentado, están unas oficinas de la Cruz Roja, un videoclub y edificios habitacionales.

La acción provocó cuantiosos daños en los inmuebles y en una docena de vehículos estacionados en las inmediaciones, mientras que la calles circundantes quedaron temporalmente sin electricidad.

El ministro del Interior, Angel Acebes, afirmó que "matar es la única cosa que saben hacer estos salvajes y peligrosos delincuentes", tras atribuir el atentado a ETA, de la cual, dijo, colocó el carro bomba frente a las viviendas de los guardias civiles para causar el mayor número de víctimas posible.

El delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, calificó el atentado como el "más grave" de los realizados por ETA en lo que va de año.

A su vez, el presidente del gobierno del País Vasco, Juan José Ibarretxe, condenó este "bárbaro atentado contra la sociedad" y pidió a la población que se manifieste el lunes al mediodía.

Dada la gravedad del atentado, Acebes y el ministro del Trabajo, y hasta hace un mes presidente del gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, se trasladaron al lugar del siniestro, al tiempo que se anunció que mañana en todos los ayuntamientos del país se guardará un minuto de silencio por las víctimas.

La organización armada ha mantenido en la que va año intensa actividad, si bien la mayoría de los atentados han ocurrido previa llamada de alerta de los propios etarras, salvo el asesinato de un concejal del Partido Socialista de Euskadi, Juan Priere, el 22 de marzo.

Las últimas acciones de ETA se sucedieron en el contexto de la reunión de mandatarios europeos en Sevilla, en la que en un margen de 36 horas cometió cinco atentados con coches bomba, aunque ninguno dejó muertos o heridos.

En este contexto, la Audiencia Nacional de España condenó hoy a dos dirigentes de ETA: Francisco Mugika Garmendia, ex número uno de la organización armada, y José María Arregui, experto en explosivos, a 743 años de cárcel cada uno.

Garmendia, detenido en Francia en 1992, fue hallado culpable de haber ordenado un atentado en 1987 contra un autobús de militares que dejó un saldo de dos muertos y 28 heridos, en Zaragoza. Arregi, quien también fue arrestado en Francia en 1992, instruyó a los miembros del comando cómo activar la bomba de 50 kilos de dinamita, ubicada en una furgoneta que estalló al paso del vehículo militar.