lunes 12 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Pugnan sindicatos y empresarios entre flexibilidad e inmovilidad laboral, dice
Contrato por hora, para igualar la ley laboral mexicana con la de EU y Canadá: Jiménez

Francisco Rivas Zerón n
Mientras aún está en pugna adoptar en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) una postura de flexibilidad o de inmovilidad laboral, propuestas como los contratos por hora son condiciones que permitirán colocar a la mano de obra mexicana en igualdad jurídica con trabajadores de Estados Unidos y Canadá, pues así lo exige el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a las autoridades nacionales.
Así lo informó Jorge Jiménez Alonso, presidente de la delegación en Puebla de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo, quien además lamentó que no haya una reforma a fondo y, que como una tendencia del actual gobierno federal, las discusiones en esta materia se caracterizaran por la tibieza de sus funcionarios.
Jiménez Alonso dejó en claro que la prioridad de la administración foxista, así como de los legisladores en el Congreso de la Unión, será sacar analizar la reforma al sector energético, aunque prevé que el debate laboralista se hará en el próximo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro.
El abogado, especialista en temas del trabajo, resaltó que en el proyecto de modificación a la LFT aún persiste la lucha entre dos posturas para definir el acuerdo final: una de ellas, comentó, es la idea de flexibilizar el mercado laboral, para impulsar la productividad y la competitividad en las industrias, y así reportar más ganancias para el empresario e incluso para el empleado, aunque con la menor intervención posible de los sindicatos.
Esta visión es defendida por los integrantes de la cúpula empresarial, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación de Cámaras de la Industria Nacional (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La contraparte, dijo, la tratan de imponer los sindicatos "tradicionales", como el Congreso del Trabajo, integrado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otros organismos, como la Confederación Regional Obrero Campesina (CROC). ıstos, comentó el abogado laboralista, están a favor de que no haya cambios importantes, a favor de un inmovilismo laboral, pues de otra forma verán perdido su espacio de poder.
Asimismo, explicó que la legislación mexicana en materia de trabajo contiene aspectos sociales de importancia, y aunque en caso de aprobarse una modificación ésta dará respuesta a las actuales condiciones de los mercados, si se acata, y tanto empresarios como líderes sindicales la respetan, sí permitirá un beneficio a la clase obrera.
"Si para algo debe servir la reforma debe ser para el reordenamiento económico, aunque nunca para frenar la creación de plazas de trabajo o el deseo de una mejor condición de vida de los empleados mexicanos", puntualizó.
Además, enfatizó que si los sindicatos "tradicionales" aceptan la postura gubernamental y empresarial, será un paso para acoplar el sistema jurídico mexicano en el ámbito laboral a los marcos jurídicos de Estados Unidos y Canadá, como lo establece el agregado laboral del TLCAN.
"Ya es una obligación, y como consecuencia debe establecerse un mercado laboral en igualdad de condiciones, y quizá ahí el contrato por hora es uno de los principales aspectos para poner a ritmo a las tres naciones. Es un adelanto de la globalización, de la justicia, no sólo en términos de trabajo", explicó.
Incluso añadió que esto debe entenderse como un acto de modernización de los obreros nacionales, pues es una tendencia mundial, misma que sí resultará provechosa para México si tanto empleadores como líderes sindicales obedecen la legislación.
Aunque la Cámara de Diputados a nivel federal ya cuenta con una copia de los avances para modificar la LFT, aún hay puntos que se mantienen a discusión entre el gobierno de Vicente Fox Quesada, los gremios "tradicionales", y los empresarios. La Unión Nacional de Trabajadores, que "casi fue marginada en los últimos dos meses, presentó su propuesta alterna".
Así, Jorge Jiménez expuso uno a uno los 10 puntos básicos propuestos para modernizar la LFT: el primero, comentó, consiste en aclarar el concepto de "subordinación y de trabajador de confianza", pues de acuerdo con la versión de las agrupaciones sindicales en el país, el término ha restado fuerza a sus gremios.
"La pelea entre sindicatos y empresarios se ha dado porque argumenta que los dueños del capital han manejado a su capricho esta denominación. Así, en las nóminas aparecen como trabajadores de confianza quienes no lo son, pero hacen válido esto para restar gente a las votaciones de los sindicatos, para el efecto de estallamiento de huelgas", puntualizó.
Mencionó que de forma constante el empleado de confianza es el más explotado en una industria. "Es el patito feo, al que se explota, se le exprime e incluso se le pide ponerse la camiseta para que al final, cuando el empleador le perdió la confianza, sea despedido sin el mínimo de derechos laborales", dijo.
Jiménez Alonso resaltó también, como segundo punto, la protección en la LFT de grupos vulnerables, como niños, mujeres y personas discapacitadas. Esta tendencia que se discute, acotó, no tiene como propósito establecer un articulado para establecer la desigualdad laboral, sino sólo evitar el abuso de éstos de parte del empleador.
Un tercer aspecto en los avances de la reforma a la LFT radica en los tipos de contratación que se permitirá en una industria nacional. En este capítulo resaltan los contratos de aprendizaje, a prueba y por hora.
Respecto a la contratación por hora, añadió, aún está en duda la aplicación de candados que permitan al trabajador recibir la parte proporcional de su desempeño en prestaciones sociales y económicas. En cuanto a la visión de los hombres de negocios, comentó, aquí prevén movilidad en la posibilidad de crear más plazas para reducir el desempleo a nivel nacional.
El cuarto punto que se analiza, informó, tiene relación con la posibilidad de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, así como encontrar medidas que beneficien a las micro y pequeñas empresas. Por una parte, se pretende flexibilizar la ley para las pequeñas industrias aunque garantizando el mínimo de los derechos laborales para sus empleados.
Por otra parte, aunque aún no hay una discusión a fondo, el hecho de pensar en eliminar las juntas conciliatorias, tal como lo propone el PRD y lo propuso el PAN hace cuatro años, puede traer como consecuencia reducir el aparato burocrático y elevar la eficiencia en la conciliación de intereses entre empleados y empleadores.
Otro de los temas trascendentes es el capítulo de las "responsabilidades patronales", con el cual buscan vigilar a los empresarios que no pagan ni el salario mínimo a sus trabajadores, así como a aquéllos que promulgan la "incultura" de la violación laboral, la no capacitación y la ausencia de sistemas de productividad.
En tanto, aunque aún persiste el tema en el debate, no hay consenso en la propuesta empresarial de calificar el emplazamiento a huelga. Lo mismo sucede en temas relacionados con el fortalecimiento de la libertad sindical y el pluralismo de estos organismos, pues los gremios "tradicionales" no quieren perder su coto de poder, expuso Jiménez Alonso.
Por último, como aspecto positivo, resaltó la práctica de incentivar en México la capacitación y la higiene en beneficio de la seguridad de los obreros y hacer cumplir esto a las comisiones mixtas en todos los estados de la República.