Propone modificaciones en electricidad e hidrocarburos
y derivados
Circula texto oficial sobre reforma constitucional
en torno a energéticos
Figuran en el proyecto cambios y adición en los
artículos 27 y 28
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
El proyecto de reforma estructural al sector energético
del presidente Vicente Fox propone modificar y adicionar los artículos
27 y 28 constitucionales para abrir al sector privado la generación
y venta de electricidad, y la explotación de hidrocarburos y sus
derivados.
Las iniciativas no llegaron ayer al Senado de la República,
pero copias de las mismas están ya en manos de algunos coordinadores
de bancadas y la mayoría de los legisladores del PAN.
Esa reforma estructural, de la que tanto el secretario
de Energía, Ernesto Martens, como el director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, habían
ya hecho un esbozo a las bancadas de PAN, PRD y PRI, propone modificar
y adicionar los artículos 27 y 28 constitucionales para abrir al
sector privado la generación y venta de electricidad, así
como la explotación de hidrocarburos y sus derivados.
Asimismo, el proyecto del Ejecutivo Federal incluye reformas
y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Orgánica
de la CFE y la del Centro Nacional de Control de Energía, además
de otras modificaciones.
En la exposición de motivos de la iniciativa por
la que se reforman los artículos 27 y 28 constitucionales, el Ejecutivo
Federal asegura que "Petróleos Mexicanos (Pemex) no se vende" y
que con la reforma no se pretende la enajenación de ninguno de sus
bienes, "sino incrementar su productividad y su valor económico".
Sin embargo, se da cuenta en el documento que con esa apertura al capital
privado, México podría aspirar a lograr inversiones en refinación
de petróleo de alrededor de 25 mil millones de dólares en
los próximos ocho años.
En relación con el sector eléctrico, Fox
plantea "dar certidumbre a las modalidades vigentes en la participación
de la iniciativa privada en generación" y crear además la
figura del "autoconsumidor de electricidad, que podrá incluso sustraerse
del servicio público para adquirir su energía eléctrica
vía contratos bilaterales con generadores públicos y privados
o directamente en el despacho de generación".
Se propone incluso que se eleve a rango constitucional
el garantizar el libre acceso de las empresas privadas a las redes públicas
de transmisión y distribución eléctrica.
La iniciativa presidencial plantea también dotar
de autonomía de gestión a la CFE y Luz y Fuerza del Centro,
aunque éstas se quedarían exclusivamente con los pequeños
consumidores, y los mayores, como son las empresas y los comercios, tendrán
derecho a buscar fuentes de abasto alternativas a las que están
a cargo del Estado.
Se repiten los argumentos que se han esgrimido desde el
sexenio pasado, en el sentido de que el Estado no podrá canalizar
los 650 mil millones de pesos que se requieran en la próxima década
para responder al crecimiento en la demanda de energía eléctrica,
de ahí que se proponga profundizar en la reforma salinista de 1992
para la apertura total en materia de electricidad.
"La presente propuesta responde a la necesidad de elevar
a rango constitucional, para dar mayor seguridad jurídica, el derecho
de los particulares a realizar inversiones tendientes a generar y aprovechar
total o parcialmente el fluido eléctrico que produzcan, y el de
los particulares de llevar a cabo también inversiones en instalaciones
industriales que generen electricidad requerida por los organismo públicos
CFE y Luz y Fuerza del Centro, a efecto de estar en posibilidad de cumplir
con el propósito para el que fueron creados."
Por lo que se refiere a la privatización de Pemex,
la iniciativa presidencial recurre al argumento de que la Constitución
de 1917 establecía en su texto original que el gobierno federal
podía otorgar concesiones a los particulares o a las sociedades
civiles. Y que incluso en la primera ley reglamentaria del artículo
27 constitucional, en el ramo de petróleo, promovida en 1939 por
el entonces presidente Lázaro Cárdenas, se permitía
la concesión en refinación. Ello se modificó en 1958
durante la tercera ley reglamentaria del artículo 27, por la que
se reservó al Estado todos los procesos productivos.
Se trata ahora de revertir eso y modificar los artículos
27 y 28 constitucionales para "permitir la colaboración y alentar
la participación de los sectores social y privado" respecto a la
exploración, explotación y procesamiento de gas natural no
asociado al petróleo y en la refinación de hidrocarburos.
Se argumenta que en los últimos 13 años
no se han construido nuevas refinerías en México y es una
paradoja que el sexto país con mayores recursos petroleros en el
ámbito mundial, y el noveno exportador de crudo, se sitúe
en el lugar 14 por lo que se refiere a refinación.
También es una paradoja, se dice, "que la poca
flexibilidad de las leyes haya propiciado que Pemex tuviera que invertir
en otro país, antes que en territorio nacional", al asociarse en
una refinería localizada en Texas.
El Ejecutivo federal destaca asimismo que debe aprovecharse
la ventaja de contar con recursos naturales y estar cerca del mayor mercado
del mundo para "la instalación de refinerías de escala mundial
con la tecnología que garantice su éxito comercial". No debe
desaprovecharse que a lo largo de los siguientes ocho años los importantes
socios comerciales de México importarán 200 mil millones
de dólares en petrolíferos.
El nuevo marco jurídico, se abunda, permitirá
al capital privado de mayoría nacional invertir en nuevas refinerías
y a Pemex participar en nuevas coinversiones. "En ningún momento
se pretende que el capital privado invierta en las actuales refinerías."
La iniciativa foxista propone que la actividad petroquímica
en su conjunto se considere área prioritaria y sólo queden
sujetos a regulación y a permiso los productos petroquímicos
que así establezca expresamente el Congreso de la Unión,
mediante la ley correspondiente. Ello encaminado a que las nuevas refinerías
que estarán a cargo de particulares se integren a la petroquímica,
tal como sucede a escala mundial.
Se menciona que se tienen ya identificadas "oportunidades
de inversión para diferentes complejos petroquímicos, tales
como etileno-polietilenos, benceno-tolueno-xilenos, monómero de
vinilo-PVC y óxido de propileno-poliuretanos, por mencionar algunos,
cuyas inversiones podrán ser del orden de los 8 mil millones de
dólares".
Acerca del gas natural, la reforma plantea que el Ejecutivo
federal, mediante la Secretaría de Energía, aplicará
un régimen de concesiones bajo el cual los inversionistas se comprometen
a explorar, explotar y entregar exclusivamente a Pemex el hidrocarburo
extraído del subsuelo.
En el mejor escenario, si Pemex realizara las inversiones
necesarias para mantener en operación la producción de gas,
el déficit aumentaría a 4 mil 400 millones de pies cúbicos
diarios en el año 2010, lo que llevaría al país a
tener que importar ese energético en la próxima década
con un valor de entre 15 mil y 40 mil millones de dólares.
Ese proyecto de reforma estructural al sector energético
es integral, aunque el titular de la Secretaría de Energía,
Ernesto Martens, comentó a los coordinadores de las principales
fuerzas políticas en el Senado que puede contemplarse de manera
amplia, es decir, lo que se refiere al sector eléctrico, la refinación
de petróleo, el gas natural no asociado y a petroquímica,
o negociarse por separado cada una de estas áreas.
Ayer nuevamente el presidente del Senado, Diego Fernández
de Cevallos, aseguró que se esperaba de un momento a otro la reforma
foxista. Sin embargo, el proyecto no llegó formalmente.
Por la mañana, el perredista Jesús Ortega
había advertido que su bancada no aceptaría ninguna reforma
constitucional y coincidió con el priísta Oscar Cantón
Zetina en que a las autoridades de Energía y de la CFE llevan a
cabo un intenso cabildeo para tratar de convencer a legisladores de la
oposición de votar en favor de que se privatice el sector energético.
