Empantana la pesquisa al no declarar, opinan juristas

Echeverría se acoge a la ley como narco: Alvarez Garín

Insisten los dirigentes del 68 en que debe ser arraigado

GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA

El ex presidente Luis Echeverría Alvarez se acogió "como cualquier delincuente o narcotraficante de quinta" al artículo 20 constitucional para no declarar en torno al 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, afirmó Raúl Alvarez Garín, dirigente del movimiento estudiantil de esos años, al ser informado por la fiscalía para desaparecidos de que el ex mandatario notificó mediante su defensa que no contestaría ningún interrogatorio ni comparecerá ante el Ministerio Público Federal.

Ex líderes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) reiteraron su petición al fiscal Ignacio Carrillo Prieto para que solicite el arraigo domiciliario de Echeverría y otros implicados en los hechos, como Alfonso Martínez Domínguez, para que no se evadan de la justicia, y exigieron la apertura de los expedientes que aún no han sido enviados al Archivo General de la Nación por parte de las secretarías de Defensa Nacional y Gobernación, así como de la Presidencia de la República y del Estado Mayor Presidencial.

A 24 horas de que se cumpliera el plazo de 30 días que solicitó el propio Echeverría para entregar sus respuestas al cuestionario de más de 150 preguntas que le formuló el Ministerio Público Federal, la oficina de Carrillo Prieto informó que recibió escritos del ex mandatario referentes a las averiguaciones previas en las que es indiciado, "mediante los que expresa que se acoge a la garantía del artículo 20 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que no podrá ser obligado a declarar, aun cuando se comprometió a esas respuestas".

En tal sentido, la fiscalía anunció que deberá ser el propio Echeverría quien "en los próximos días" ratifique los escritos que su defensa hizo llegar a la fiscalía.

La oficina de Carrillo Prieto puntualizó que rendir la declaración y responder al interrogatorio es uno de los elementos principales de la averiguación previa que se viene integrando, pero reconoció que es también un derecho que tiene el inculpado no responder a las imputaciones en su contra.

La fiscalía especial advirtió que "seguirá practicando, en todo caso, las actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables" de lo sucedido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Las reacciones

Raúl Alvarez Garín indicó que "una conducta de esa naturaleza es una ofensa muy grave al pueblo de México", porque si delincuentes menores recurren a estos procedimientos que son legales, esto no tiene ninguna justificación en personas que han llevado la más alta responsabilidad política en la conducción del país. "Para la ciudadanía constituye una ofensa y para ellos un acto de indignidad y deshonor", agregó.

Dijo que no es válida "una actitud cobarde y que se escude en una disposición que sí es constitucional, pero no está justificada de ninguna manera, porque está obligado moralmente a dar cuenta de las acciones en que incurrió".

Jesús Martín del Campo, quien junto con otros líderes del 68 ofreció una conferencia de prensa a las puertas de la fiscalía, aseguró que las declaraciones de los indiciados son muy importantes para distinguir los distintos niveles de responsabilidad, pero que si no se tienen, "existen los documentos que no han sido entregados al Archivo General de la Nación, y se encuentran en la Defensa Nacional, en el Estado Mayor Presidencial, en Gobernación y en la propia Presidencia".

El del 68, "movimiento pacífico"

Enrique Avila Carrillo, también ex integrante del CNH, dijo que ante las declaraciones de Luis Echeverría en las que acusa a los integrantes del movimiento estudiantil de ser delincuentes, se le entregó al fiscal Carrillo documentos públicos y testimonios "suficientes para sustentar su carácter pacífico".

Asimismo, indicó que presentaron pruebas de que con anterioridad al 2 de octubre de 1998 ya habían interpuesto otras denuncias de hechos que "nunca fueron atendidas", pese a que cuentan con argumentos y "pruebas suficientes" para "demostrar plenamente que durante lo sucedido el 2 de octubre de 1968 se cometió el delito de genocidio, al igual que durante el 10 de junio de 1971 y en la llamada guerra sucia".

Para el constitucionalista Elisur Arteaga, lo que hizo Echeverría fue seguir el consejo de su abogado, porque cualquier declaración que hubiera dado le representaría problemas. "Es lo más fácil acogerse al silencio que tratar de defenderse".

El jurista señaló que al acogerse a su derecho a no declarar, Echeverría "va a empantanar la investigación. Pero además, si no declara, ya el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz se echó la culpa a sí mismo y ya no hay más".