El directivo del BBVA Bancomer creó un
fideicomiso para adquirir Probursa
Créditos irregulares del Fobaproa sirvieron
para comprar bancos
El costo del rescate podría reducirse
en $72 mil 700 millones si regresa préstamos ilegales
El IPAB advierte que no canjeará los pagarés
del Fondo si no hay nueva revisión
ANTONIO CASTELLANOS
Transacciones
reportables por 72 mil 700 millones de pesos, que incluyeron préstamos
para comprar bancos al gobierno, en las que están involucrados banqueros,
funcionarios públicos y del Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa), serán regresadas a las instituciones. Entre
los casos destaca un crédito en cartera vencida que corresponde
a un fideicomiso constituido por José Madariaga Lomelí.
El fideicomiso 12155-8, constituido a nombre de Madariaga
Lomelí, entonces presidente del Grupo Financiero Probursa, sirvió
para comprar más de 70 millones de acciones del Grupo Financiero
Probursa. Lo inexplicable es que quien fue presidente de los banqueros,
apoyado por Roberto Hernández y Alfredo Harp, y ahora directivo
de BBVA Bancomer, no tenga dinero para pagar y su crédito esté
en el Fobaproa con cargo a los contribuyentes.
La oposición de los banqueros a ser revisados por
el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) obedece precisamente
a ese temor de que se pondrán al descubierto las operaciones que
tendrán que ser pagadas por ellos y desembocará en un enfrentamiento
con el gobierno federal.
De acuerdo con la información que es revisada
por expertos del IPAB, y que fue obtenida por La Jornada los directivos
de Banamex nunca exigieron a Madariaga Lomelí el pago del préstamo.
Sin embargo, sin más trámite que estar en cartera vencida,
lo transfirieron a los créditos que asumió el Fobaproa.
La revisión a que obliga la legislación
en vigor dejará al descubierto todas las operaciones irregulares
que aprobaron Eduardo Fernández, entonces presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); el titular del Fobaproa, Javier
Arrigunaga; Jonathan Davis, entonces tesorero de la Federación y
actual presidente de la CNBV. El IPAB no hará el canje de pagarés
Fobaproa si no hay revisión de los créditos que amparan.
La documentación que revisó el auditor
canadiense Michael Mackey y que sirvieron para presentar su informe a la
Cámara de Diputados incluyen la aprobación de Roberto Hernández,
Alfredo Harp y Ricardo Guajardo Touché, dueños de Banamex
y Bancomer, las principales intermediarias, ahora en poder de capital extranjero.
Los documentos del auditor canadiense que ahora son revisados
por los técnicos del IPAB establecen, según las fuentes del
instituto, que los procedimientos realizados por los despachos contratados
y el trabajo adicional que se efectuó mediante discusiones con el
Fobaproa y la CNBV no son suficientes para considerarlos una auditoría
financiera del Fobaproa.
Transacciones reportables
Estas operaciones acordadas entre los bancos, la CNBV
y el Fobaproa fueron identificadas de la siguiente forma: transacciones
de crédito que no satisfacen los criterios originales establecidos
para los créditos que debían ser adquiridos por el Fobaproa
a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera,
por un total de 24 mil millones de pesos. Otros, identificados por despachos
contratados que no fueron acordados, suman 700 millones.
Las transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos
a partes con las que tenían alguna relación o afiliación,
suman 42 mil millones, y las transacciones que según se descubrió
constituyen una violación a las leyes, ascienden a 6 mil millones.
En total suman 72 mil 700 millones de pesos, monto en el que el IPAB puede
reducir el costo fiscal del rescate bancario.
Batalla legal
Los bancos -Banamex, BBVA Bancomer y Bital- recurrieron
al juicio de amparo. Según informes del instituto, todavía
no han recibido la protección judicial. Las autoridades del IPAB
esperan la resolución judicial, que podría ser adversa a
los banqueros, para decidir la acción a seguir.
En todo caso se dará la batalla legal para defender
el interés de los contribuyentes, que no tienen por qué pagar
los adeudos de comerciantes, industriales y banqueros que cayeron en cartera
vencida y decidieron cómodamente transferir sus deudas al Fobaproa
y no pagar. Son los contribuyentes los que tienen que responder a esos
adeudos.
No hay nada escrito en esta parte de la acción
judicial y lo que sí es claro es que los pagarés del Fobaproa
no serán intercambiados por títulos del IPAB, si los banqueros
no aceptan la revisión para determinar cuáles créditos
son ilegales y no deben ser cubiertos con recursos fiscales.
