miércoles 14 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Machete en mano se negaron a liberar al trío que el domingo pasado atropelló a 36 personas
Habitantes de Molcaxac echaron ayer a Rómulo Arredondo y al primer visitador de la CDH
q El funcionario dijo que el gobierno del estado ha cumplido con atender a los heridos

Claudia Lemuz n
Unos 300 habitantes de Molcaxac echaron ayer de la cabecera de ese lugar al director general de Gobierno, Rómulo Arredondo Gutiérrez, y al primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, José Luis Reyes Arrieta, manifestando que las autoridades estatales no han dado una respuesta efectiva para atender a los 36 lesionados que atropelló el pasado domingo un auto donde viajaban tres personas en estado de ebriedad.
Arredondo dijo que el gobierno del estado ha cumplido con su compromiso de atender a los heridos, pero que existe una "cerrazón" por parte de sus familiares, quienes no han presentado un pliego de peticiones concretas ni propuesto una vía de solución al conflicto generado por la agresión imprudencial.
Beatriz Alvarado, a nombre de los habitantes de Molcaxac, anunció que le entregarán hoy a la Secretaría de Gobernación un pliego con nueve solicitudes, en el cual exigen la atención total para los afectados, un seguro de gastos médicos y viáticos para los parientes de los convalecientes, pues en algunos casos, existen cuatro lesionados por familia.
Ayer por la tarde, al menos tres centenas de habitantes del Molcaxac estuvieron a punto de prenderle fuego al auto que arrolló a las 36 víctimas. Los pobladores se enardecieron luego de que detectaron la presencia de tres unidades de la Policía Estatal, y señalaron que el Poder Ejecutivo está "provocando violencia en la comunidad".
Arredondo Gutiérrez y Reyes Arrieta llegaron a Molcaxac para negociar la entrega de los individuos que viajaban en el auto -quienes permanecen retenidos en aquel municipio desde el día de los hechos- y prometieron que éstos serían entregados a la Policía Judicial. Sin embargo, varios inconformes sacaron sus machetes y amenazaron con utilizarlos para impedir su liberación. El presidente municipal del sitio, Felipe Ruiz Luna, intentó controlar a la turba, pero no pudo. Los emisarios de la administración estatal desistieron y se marcharon.
Entrevistados, algunos de los inconformes dijeron que el trío no ha sido maltratado, pero que no los entregarán al Ministerio Público hasta que el gobierno acceda a suscribir un convenio en el que se comprometa a cumplir lo que le piden.