miércoles 14 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Además propone la creación de una Comisión Especial Permanente para vigilar las violaciones
Presentó el PRI su propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública en sesión ordinaria

Juan Luis Cruz Pérez n
Con el propósito de otorgar a los tlaxcaltecas la posibilidad de acceder, de forma correcta y ordenada, a la información en poder de los diferentes organismos públicos estatales, así como para establecer las condiciones necesarias para informar a la sociedad respecto de la actuación pública de las autoridades, aspectos que influirían en la evaluación que realicen los gobernados de sus gobiernos, la fracción parlamentaria del PRIpresentó ante el Congreso del estado una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
Además, el tricolor propone la constitución de una Comisión Especial Permanente del Congreso del estado, integrada por diputados, que tendrá como objetivo investigar y, en su caso, proponer las denuncias ante las autoridades competentes por la violación de esta garantía, así como sanciones que van hasta la destitución de los funcionarios que obstruyan el acceso a la información pública.
Sin embargo, los legisladores del tricolor dejan al libre albedrío de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de las entidades públicas, el establecimiento de los órganos, criterios y procedimientos institucionales mediante los cuales regirán sus estrategias para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública. Por este motivo, la sociedad podrá ejercer este derecho de acceso a la información un año después de que entre en vigor dicha ley, pues en este lapso los tres poderes y las entidades públicas establecerán los reglamentos y criterios a través de los cuales permitirán el acceso a la información que generen.
La propuesta, que está integrada por 62 artículos distribuidos en nueve capítulos y que fue presentada en la sesión ordinaria de este martes, establece como únicas limitaciones al ejercicio de este derecho las relativas a la información reservada, es decir, aquélla que ponga en riesgo la seguridad del estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, y a la información confidencial, que es protegida por el derecho fundamental a la privacidad.
El proyecto priista, que se suma a los presentados por el PAN y el PRD, establece que cualquier persona podrá hacer uso de la facultad que esta disposición le otorgará para acceder a determinada información, para lo que únicamente requerirá una solicitud por escrito o verbal, la cual deberá contener las especificaciones de la misma.
Con dicha solicitud, las entidades o dependencias estarán obligadas a responder en un plazo no mayor a 10 días; sin embargo, la propuesta señala que el silencio de la autoridad a una petición no será interpretado como una omisión, sino como un acto de incumplimiento que será sujeto a las responsabilidades que les corresponda.
Para garantizar el respeto al derecho a la ley de acceso a la información pública, los priistas proponen la integración de una Comisión Especial Permanente, que además de vigilar el cumplimiento de dicho precepto, tendrá la atribución de ser parte en los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictadas por las entidades públicas respecto al acceso a la información, así como investigar el incumplimiento de la ley con el fin de presentar las denuncias o quejas en contra de los servidores que hayan omitido dicho cumplimiento.
Además de esta instancia, la iniciativa también plantea la creación de los recursos de inconformidad y revisión de los actos cometidos por las autoridades estatales en materia de acceso a la información, pues los interesados afectados por los actos y resoluciones de la autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que lo hiciera.
De igual forma, la propuesta contiene diversas sanciones para las faltas en las que incurran las autoridades que incumplan con esta ley, entre las cuales establece acciones coercitivas en contra del servidor público que oculte una información para no liberar contenidos informativos, asimismo, será castigado quien destruya indebidamente, en forma total o parcial, información pública que tenga a su cargo.
Además, quien actúe negligentemente al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información, o bien que no ejecute las autorizaciones para liberar los contenidos informativos o que no cumpla de manera expedita las resoluciones administrativas para liberar información en los términos y condiciones que establece la ley, puntualiza la propuesta de la bancada priista.