Alteraron el Diario Oficial para expropiar terrenos y construir un tramo carretero
Labriegos chiapanecos presentarán demanda por despojo contra funcionarios de la SCT
La dependencia acusó a 5 campesinos de oponerse a la ejecución de una obra pública
Un juez de distrito dictó sentencia en favor de los propietarios y la ratificó un tribunal
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de agosto. Campesinos del municipio Tecpatán, que fueron despojados de unas 40 hectáreas para la construcción de un tramo de la autopista Tuxtla Gutiérrez-México, acordaron presentar una demanda penal contra altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Pedro Cerisola, informaron Jorge Motolinía Sánchez e Isaac Ramírez Jiménez, dirigente y abogado de los afectados, respectivamente.
Entrevistados en esta ciudad, dijeron que los funcionarios de la SCT "alteraron" ejemplares del Diario Oficial de la Federación para "expropiar" las tierras, y encarcelaron a cinco labriegos, entre ellos Motolinía Sánchez, a quienes acusaron del delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos.
Recordaron que en febrero de 2001, decenas de campesinos miembros del Fideicomiso Agrario Kilómetro 60, municipio de Tecpatán -que colinda con Veracruz, Tabasco y Oaxaca-, bloquearon los trabajos de construcción de la autopista citada (en el tramo Las Choapas-Raudales), a cargo de la empresa Triturados Basálticos, SA (Tribasa), debido a que no habían llegado a un acuerdo con la SCT sobre el pago de la indemnización, ya que la dependencia sólo les ofreció 10 mil pesos por hectárea, sin tomar en cuenta que las tierras afectadas "son de primera", porque están en las márgenes de los ríos Grijalva y Chintal.
Por su parte, la SCT presentó una demanda penal contra los directivos del fideicomiso: Evangelina Gómez Alcázar, Vicente Franco de la Fuente y Hernández López Cancino, representante legal, secretario y tesorero, respectivamente; así como contra Norberto Flanco Benavides, padre del tesorero, y Jorge Motolinía Sánchez, quien defendía al grupo en su calidad de secretario de asuntos agrarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas.
El 6 de junio de 2002, Motolinía Sánchez fue detenido durante unas horas, y el día 21 de ese mes los cinco acusados comparecieron ante el juzgado, donde se les dictó auto de formal prisión por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos, pero fueron liberados después de pagar una fianza individual de 15 mil pesos.
La demanda fue presentada por Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro, de la SCT, pues según el dictamen correspondiente del 13 de febrero de 2001, la dependencia argumentó que había perdido 22 millones 801 mil pesos a causa del bloqueo que impidió la continuación de los trabajos a cargo de Tribasa.
El juicio legal continuó y el 16 de mayo pasado el juez sexto de distrito, Rodolfo Pedraza Longi, emitió sentencia y concluyó que la SCT "alteró" un ejemplar del Diario Oficial de la Federación y una acta administrativa con el propósito de construir el tramo mencionado, que forma parte de la red carretera del Plan Puebla-Panamá (PPP).
La SCT apeló la sentencia, pero el primer tribunal unitario del vigésimo circuito la ratificó hace unos días, por lo que el caso se da por concluido en favor de los campesinos afectados. Estos argumentan que los terrenos afectados suman casi 40 hectáreas, a lo largo de cuatro kilómetros. Aseguran que en muchos casos la carretera dividió los terrenos, por lo cual una parte de la parcela queda a un lado de la autopista y otra del otro lado, y para ir a trabajarla los propietarios tienen que caminar largos tramos porque no hay puentes cercanos.
Con la resolución judicial a su favor, los campesinos acordaron presentar una demanda penal por daños, despojo, ejercicio indebido de funciones, falsificación de
documentos oficiales, daños morales y otros, contra Lino Palacios Peralta, delegado de la SCT en Chiapas; Efraín Arias Velázquez, residente general de carreteras federales de la SCT en Chiapas; Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, así como Javier Salmerón Alarcón y Jorge Esquivel. Todos laboran en la SCT desde el gobierno anterior.
