Anuncia la creación de una comisión intersecretarial en materia de derechos humanos

Admite Fox que no se ha podido abatir abuso de poder, tortura, discriminación y maltrato físico

Convoca a partidos, CNDH, legisladores y ONG a un "diálogo nacional" sobre el tema

JUAN MANUEL VENEGAS Y VICTOR BALLINAS

Con el reconocimiento de que el abuso de poder, la tortura, la discriminación, el maltrato físico y sicológico siguen siendo práctica común en el país y las "inercias" no han sido fáciles de revertir, el presidente Vicente Fox Quesada anunció ayer una serie de medidas tendientes a crear una política de Estado en defensa de los derechos humanos.

Para tal fin -informó- se instalará una comisión intersecretarial de política gubernamental en materia de derechos humanos, que incluirá a las organizaciones no gubernamentales (ONG); emitirá un acuerdo para la creación de unidades especializadas de promoción y defensa de los derechos humanos en todas las dependencias del gobierno federal, e instruyó a la Secretaría de Educación Pública para que elabore un programa en la materia, que se aplicará en el sistema escolar.

Asimismo, convocó a partidos políticos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a organizaciones sociales y al Poder Legislativo a "un diálogo nacional" que permita, en los próximos tres meses, "generar la primera agenda nacional de derechos humanos", en el marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.

Dio a conocer, además, el establecimiento en nuestro país de una sede permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y así dar seguimiento puntual al Programa de Cooperación Técnica que se firmó entre el gobierno de México y el organismo internacional.

Fox presentó en Los Pinos el informe so-bre "políticas y alcances obtenidos en materia de derechos humanos" en sus primeros dos años de gobierno, y lo acompañaron en el acto los secretarios de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega García; de Gobernación, Santiago Creel, Miranda; de Marina, almirante Marco Antonio Peyrot; de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra; de Salud, Julio Frenk Mora, y de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, así como el procurador general de la República, Ra-fael Macedo de la Concha, y el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.

En el informe "Avances y retos del gobierno federal en materia de derechos humanos", que distribuyó la Presidencia de la República, se reconoce que el número de quejas por violaciones a los derechos humanos en este gobierno se ha incrementado con respecto al anterior. Sin embargo, matiza que ello se debe "a que creció la confianza de la sociedad en las instituciones".

Acepta que falta mucho por hacer en materia de respeto de esos derechos, y que hay "muchos retos pendientes para lograr la consolidación de una política" al respecto.

En tanto, mientras el informe de la CNDH ubica a la Procuraduría General de la República como la institución que ocupa el primer lugar en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos, y también en el primer sitio como la dependencia que se ha hecho acreedora a más recomendaciones, el informe que ayer presentó Fox asegura que el número de recomendaciones de enero de 2001 a junio de 2002 se redujo a 0.35 mensuales, y que es la dependencia en que se han registrado "los mayores avances de respeto a los derechos humanos".

Por lo que hace a la Defensa Nacional, la CNDH la ubica en el periodo de enero a julio de este año como la dependencia que ocupa el tercer lugar en quejas por violaciones a los derechos humanos, en tanto que el documento apunta que esa secretaría ha registrado "un franco decremento en recomendaciones", y subraya que hace apenas cinco años las observaciones del ombudsman eran siete veces mayor a la actual.

En ninguna parte del informe de Fox se considera el cumplimiento de las dependencias del gobierno federal de las recomendaciones que la CNDH les ha hecho y que, incluso, el ombudsman ha señalado que se reciben "pero no se cumplen".

Creel fue el primero en hablar, y subrayó que en el documento -que se entregó a las ONG y los medios- se señalan los rezagos y se identifican los retos que "enfrentamos como sociedad", con el propósito de "afianzar una política integral de derechos humanos, acorde con la realidad que vive el país y con los anhelos generalizados de consolidación de nuestra democracia".

Señaló el convencimiento del gobierno de que la transformación democrática no podrá completarse si se deja pendiente esa asignatura, por lo que -advirtió- no habrá marcha atrás en las investigaciones que se iniciaron sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado.

"Es necesario mirar hacia atrás, sobre todo para superar esos rezagos que tenemos y hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. También, porque queremos asegurarnos un mejor futuro, pues a partir del esclarecimiento de nuestro pasado, y que se haga justicia, podemos alcanzar una auténtica reconciliación nacional", apuntó Creel Miranda.

Se investigarán, pues, todos los abusos de poder que fracturaron el estado de derecho en el pasado. "Queremos cerrar un capítulo muy doloroso de nuestra historia y buscaremos el fin de toda impunidad pasada, sin ánimo revanchista alguno", sino con estricto apego a la ley, añadió.

Subrayó, por otra parte, su compromiso de incluir en el proceso de reforma del Estado la discusión para "dotarnos de un marco jurídico sólido, adecuado y que garantice el respeto y la promoción de los derechos humanos", además de que facilite el trabajo de quienes se dedican a defenderlos.

Para ello, "habrá que fortalecer" la labor de la CNDH y de las comisiones estatales y del Distrito Federal, y no dejar espacio alguno a los actos discrecionales del poder.

Comentó que el informe que ayer se presentó marcará la pauta para seguir acabando con "las muchas inercias y lacras" que tanto afectan a la administración pública federal, y estableció el compromiso del gabinete de "defender los derechos humanos desde el poder y contra los abusos del poder".

Optimismo y preocupación de Soberanes

Por su parte, el ombudsman comentó que si bien las medidas anunciadas por Fox "renuevan el optimismo", los indicadores y señales sobre las violaciones a los derechos humanos siguen siendo "preocupantes", y planteó la interrogante: "Ƒcuánto hay de real y cuánto de moda en el auge de los derechos humanos hoy día en México?"

Tras la pregunta, Soberanes asestó: "es evidente que aún subsisten inadmisibles violaciones a los derechos humanos en Mé-xico (...) los indicadores siguen siendo in-quietantes (...) y hoy sólo tenemos una sola certeza: no se ha erradicado en definitiva la práctica del abuso del poder". En tal sentido, se pronunció por una reforma integral de la justicia, que siendo parte de la reforma del Estado "permanece entre las asignatura pendientes de mayor entidad".

Pidió mayor celeridad y respeto a las resoluciones de la CNDH y las comisiones estatales, "pues vemos con preocupación que las recomendaciones que remitimos a las autoridades, cuando cometen violaciones graves a los derechos humanos, pueden ser nulificadas en su sentido restitutivo y en sus consecuencias jurídicas y prácticas mediante inacción o silencio burocrático".

Pidió a las autoridades "poner el ejemplo para acabar con una cultura y una práctica burocratizante en la que los funcionarios solapan y protegen las conductas ilícitas", y "niegan de manera contumaz y sin argumentos la competencia jurídica del órgano público defensor de los derechos humanos".

A manera de respuesta a lo dicho por Soberanes, y luego de anunciar las medidas para reforzar la política oficial en materia de derechos humanos, Fox puntualizó: "que quede claro: no encubrimos ni vamos a en-cubrir a nadie. Quien haya cometido o cometa violaciones a los derechos humanos, será castigado conforme a la ley. No habrá excusa que valga, seremos inflexibles y no toleraremos desvío alguno de la ruta marcada por nuestra Constitución".