El acuerdo, firmado por el ex presidente Andrés Pastrana, fue dado a conocer ayer

La CPI no juzgará crímenes de guerra que se cometan en Colombia en los próximos 7 años

Militares de EU que operan en el país también podrían quedar fuera de esa jurisdicción

DPA, AFP, REUTERS Y PL

Bogota, 1o. de septiembre. Los crímenes de guerra que sean cometidos en Colombia quedarán fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en los próximos siete años, según un acuerdo suscrito por el gobierno de Andrés Pastrana -que terminó el pasado 7 de agosto- cuyo contenido fue revelado hoy.

Este acuerdo se conoce en momentos en que el presidente Alvaro Uribe se prepara para suscribir un convenio con Estados Unidos que impediría que los militares estadunidenses que operan en Colombia puedan ser enjuciados por la CPI.

Washington -que durante el gobierno de George W. Bush, en una decisión sin precedente, retiró su firma del Tratado de Roma que creaba ese tribunal- ha condicionado su cooperación militar a que se acepte la inmunidad para sus ciudadanos, en una decisión rechazada por distintos sectores políticos que la califican de "chantaje".

La declaración suscrita por el ex presidente Pastrana y ratificada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que Colombia "no aceptará desde el próximo primero de noviembre -fecha en que empezará a funcionar la Corte- y durante los próximos siete años" la jurisdicción de ese órgano para juzgar algunas violaciones al derecho internacional humanitario.

"Aunque Colombia ya forma parte del grupo de 78 países que han ratificado el Estatuo de Roma, que le da vida a la CPI, excluye de la competencia de ese tribunal el conocimiento de los llamados crímenes de guerra", indicó el diario El Tiempo.

El senador Jimmy Chamorro indicó por su parte que lo que hizo Colombia fue excluirse de la categoría de crímenes contenida en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que crea la CPI.

Dentro de los crímenes contenidos en ese artículo hay varios que frecuentemente son ejecutados por los grupos armados ilegales, como la toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, atacar lugares que no sean objetivos militares, utilizar armas tóxicas, reclutar menores y atacar misiones humanitarias.

Analistas consultados por El Tiempo dijeron que, al excluir esos delitos, el gobierno colombiano podrá contar con mayor margen de maniobra para una eventual proceso de paz con los grupos paramilitares de ultraderecha y con las guerrillas izquierdistas.

Mensaje a la guerrilla y paramilitares

Sin embargo, para Chamorro, "con tal declaración, Colombia les envía a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los paramilitares una especie de patente de corso: 'tranquilos, señores, sigan cometiendo crímenes de guerra que aquí no va a operar la CPI para eso".

También el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, descalificó la postura de las autoridades: "Esto es un engaño, porque el gobierno le dijo al país que había ratificado el estatuto de la Corte y le hizo creer que Colombia entraba de lleno a la CPI".

Chamorro instó al presidente Alvaro Uribe a rectificar ese acuerdo y posibilitar con ello que Colombia se incorpore sin reservas a la Corte Penal.

Por otro lado, un comunicado oficial aclaró que la gestión de buenos oficios que desarrolla la ONU en Colombia busca propiciar un acuerdo de paz con los grupos ilegales y no una negociación a favor de los secuestrados.

La aclaración se realizó tres días después de que los familiares de parlamentarios, soldados y policías secuestrados por las FARC solicitaran a Uribe que establezca un diálogo directo con esa guerrilla para propiciar la liberación de los rehenes.

El presidente ha manifestado en varias oportunidades que su gobierno está abierto a acuerdos humanitarios con la guerrilla, pero ha indicado que éstos deberían realizarse a través de la ONU. Las FARC, por su lado, ha expresdo su intención de pactar acuerdos humanitarios, pero negociando directamente con el gobierno.

Entre tanto, al menos 20 personas fueron secuestradas por un grupo armado que incursionó en un caserío del municipio de Ovejas, en el norteño departamento de Sucre, informaron hoy autoridades civiles. En el municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, ocho campesinos fueron asesinados la víspera por presunto rebeldes de las FARC, sostuvo por su parte la Fuerza Naval.

En Medellín, segunda ciudad del país, nueve bombas de bajo poder estallaron este domingo en negocios de apuestas ubicados en diferentes puntos, causando daños materiales pero no víctimas. "Al parecer se trata de una escalada de ataques de la guerrilla para presionar al dueño de una cadena de apuestas al pago de una millonaria extorsión", dijo el comandante de la policía en Medellín, general Leonardo Gallego.