En el periodo de sesiones recién iniciado, el Congreso
de la Unión deberá decidir sobre el futuro del sector
eléctrico y de las empresas paraestatales que lo
integran. La propuesta presidencial no es nueva; proviene
de los gobiernos priistas: privatizar el sector, es
decir, entregarlo al capital privado convirtiendo la
generación, transmisión y distribución del fluido eléctrico
en un negocio del capital. Otras fuerzas pretenden
mantener el carácter público y estratégico del
servicio en manos del Estado.
Las siguientes líneas son una apretada síntesis de los
antecedentes de un debate que ha puesto en vilo a la nación.
El Estado mexicano y la electricidad
Como ocurrió con el petróleo, la explotación de la
energía eléctrica en México la inician empresas
extranjeras desde finales del siglo XIX y también, como
en el caso del petróleo, corresponderá al presidente Lázaro
Cárdenas sentar las bases para que el Estado asumiera la
dirección de la industria. Así, en 1937 se pone en
marcha la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en
respuesta a la política de las empresas extranjeras que
satisfacían de manera preferente la demanda localizada
en las zonas urbanas y de altos ingresos, además de
aplicar precios monopólicos al servicio.
Con la creación de esta empresa paraestatal, de hecho,
se inicia la participación del Estado en la generación,
transformación, distribución y venta de energía eléctrica
sin fines de lucro, es decir, como un servicio público.
De esta manera, se puede decir que la CFE se crea con dos
propósitos esenciales: 1) atender la demanda no cubierta
por las empresas privadas concesionarias del servicio, y
2) combatir el monopolio privado de este servicio público.
En la posguerra, las dos empresas monopólicas más
importantes del sector eléctrico en el país, la
American and Foreing Power y la Mexican Light and Power
generaban el 80 por ciento del fluido que se consumía en
la República. En esa época, la CFE aportaba apenas el
10 por ciento de la energía total generada, y se renovó
a las empresas extranjeras las concesiones por un periodo
de 50 años. No obstante, en el lapso que va de la creación
de la CFE a 1960, la paraestatal había aportado dos
tercios del total de las inversiones en la industria para
generar la energía que se vendía a las compañías
extranjeras que la distribuían en todo el país.
En 1960 se faculta a la CFE para adquirir las acciones de
las empresas extranjeras que operaban bajo el régimen de
concesiones. Así, el 27 de septiembre de ese año se
anunció la compra del 90 por ciento de las acciones de
la American and Foreing Power y la Mexican Light and
Power.
Ese mismo año se adicionó al artículo 27
constitucional la exclusividad en la nación de la
prestación del servicio de energía eléctrica. Desde
entonces, la última parte del sexto párrafo del artículo
27 de la Constitución establece lo siguiente:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación del servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y la nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fines".
De esta manera, la CFE se convirtió, junto con Pemex, en
la joya más preciada de la corona del nacionalismo
revolucionario, y ambas han sido sometidas a los afanes
privatizadores por parte del capital.
El proyecto de privatización, herencia de los
gobiernos
priistas a Vicente Fox
Desde hace algún tiempo, los empresarios y el gobierno
dejaron de plantear la privatización de la CFE para
demandar abrir a la inversión privada el sector energético
y permitir la creación de empresas con 100 por ciento de
capital privado.
En 1999, Leonardo Rodríguez Alcaine, líder del
Sindicato ònico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM) y de la Confederación de trabajadores
de México (CTM), declaró que ante la insuficiencia de
recursos públicos para invertir en le CFE la industria
aceptaría capital privado, pero aclaró: "No se va
a privatizar, sino que simplemente sus activos serán
concesionados en determinados espacios a la iniciativa
privada". (La Jornada, 27 de enero de 1999, p. 26.)
Al día siguiente, en la toma de posesión de Alfredo Elías
Ayub como director de la CFE, de la que sigue ocupando el
mismo cargo, el propio Rodríguez Alcaine abordó otra
vez el tema, y dio a conocer, adelantándose al mismo
presidente Ernesto Zedillo, que el Ejecutivo enviaría al
Congreso de la Unión "una iniciativa para reformar
el artículo 27 constitucional y con ello abrir a la
inversión privada el sector eléctrico en los rubros de
generación y distribución de energía", e insistió
en que no se trataba de privatizar el sector ni la
empresa. (La Jornada, 28 de enero de 1999, p. 19)
El presidente, en efecto, a principios de febrero de 1999
envió al Congreso una iniciativa que proponía modificar
la Constitución y permitir la inversión privada en el
sector eléctrico. El argumento central expuesto en ese
momento, como ahora, consistía en la necesidad de
obtener cuantiosos recursos para asegurar el abasto de la
energía eléctrica en el siglo XXI: "Para lograrlo,
dijo el presidente en su mensaje a la nación, propondré
al Congreso una reforma a la Constitución que abra las
posibilidades a fin de que los particulares puedan
invertir en la generación distribución y comercialización
de energía eléctrica, sin que el Estado pierda por ello
la rectoría necesaria en ese sector". (Ernesto
Zedillo, "Mensaje a la Nación", La Jornada, 3
de febrero de 1999, p. 23)
En el mismo mensaje, decía el presidente:
"Con el fin de hacer frente a la demanda de
electricidad durante los próximos seis años, se tendrá
que invertir lo necesario para aumentar en más de una
tercera parte la capacidad eléctrica instalada desde que
esta industria nació en México, hace más de un siglo.
En pocos años habrá que hacer lo que antes nos tomó
muchas décadas. Este reto, de crecimiento y modernización,
significa necesidades de inversión por 250 mil millones
de pesos, sólo para los próximos seis años".
Ayer como ahora, los argumentos son los mismos: ante la
demanda creciente se requiere grandes inversiones que el
sector público no puede hacer; por tanto, es preciso
abrir el sector a la inversión privada, y como los
mexicanos carecen de recursos, es preciso recurrir al
capital extranjero.
Entre los apoyos a la propuesta zedillista se contó la
del entonces candidato panista a la presidencia de la República
Vicente Fox, quien además amenazó: "Ahora sólo
falta la petroquímica. Estoy completamente de acuerdo
con la propuesta de Zedillo, porque no se vale seguir
pensando como en 1936, en el mundo de papi Cárdenas; eso
ya quedó atrás." (La Jornada, 4 de febrero de 1999:
p. 7)
La propuesta foxista
Si bien las razones y el contenido de la iniciativa de
reforma constitucional, enviada por Vicente Fox al Senado
de la República el 16 de agosto de este año para abrir
el sector eléctrico al capital privado son semejantes a
los contenidos en la iniciativa zedillista, hay una
diferencia fundamental: en la propuesta foxista se
plantea dejar a la CFE y a la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro los pequeños consumidores -los domésticos-,
mientras que el comercio y la industria serían atendidos
por las empresas privadas. Los primeros aportan el 30 por
ciento de los ingresos actuales de ambas empresas,
mientras los segundos, el 70 por ciento. En otras
palabras, se privatiza el negocio y se socializa los
costos del servicio público.
La diferencia entre las iniciativas se encuentra en las
cifras que soportan la propuesta. Así, mientras Ernesto
Zedillo en 1999 planteaba la necesidad de disponer de 250
mil millones de pesos en los siguientes seis años; Elías
Ayub, actual director de la CFE, otra de las herencias
del gobierno zedillista, aseguró que entre 2002 y 2011
"se necesitaría 560 mil millones de pesos de
inversión para realizar obras de generación, distribución,
transmisión y mantenimiento y poder así seguir
suministrando electricidad al país". (El
Financiero, 13 de agosto de 2002, p. 12). En cambio, la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
argumenta que la industria eléctrica requerirá
inversiones por 28 mil millones de dólares (aproximadamente
280 mil millones de pesos) en los próximos cinco años.
En todos los casos, se concluye que el sector público
sería incapaz de obtener esos recursos, lo cual
justifica la participación del sector privado.
La cuestión eléctrica, sin duda, muestra una de las
particularidades del gobierno foxista: por un lado, el
presidente exigía que el Congreso resolviera el problema
de la energía eléctrica, mientras que por el otro
retrasaba el envío de la iniciativa al Congreso, lo que
hizo apenas el 16 de agosto pasado. Su propio partido, el
PAN, nunca asistió a las reuniones de la subcomisión
encargada de dictaminar la reforma en materia eléctrica
para discutir las iniciativas presentadas por el PRI y el
PRD; sólo le interesaba impulsar la propuesta de Vicente
Fox.
Las distintas posiciones
Mientras el PAN, en forma unánime, acepta, apoya y
promueve la iniciativa de Vicente Fox y reconoce como un
error histórico no haber aprobado al iniciativa original
de Ernesto Zedillo, el PRI, inicialmente por voz del
senador Manuel Bartlett, expresó su rechazo tajante a la
privatización en acatamiento a los acuerdos de su
Consejo Político Nacional y de su última asamblea
nacional, donde "se ratificó la negativa a toda
posibilidad de cambios constitucionales en materia eléctrica
y petrolera", lo que obliga -diría Manuel Bartlett-
a todos los priistas a cumplirlos, "empezando por
los dirigentes Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo".
La alusión era directa, pues ambos se habían reunido
con Vicente Fox en Los Pinos, donde al parecer acordaron
apoyar la iniciativa de Vicente Fox y los cambios a la
Constitución que incluye.
Por su parte, el PRD señala que "La propuesta del
gobierno federal no es la única y no constituye una
solución a las necesidades energéticas de México".
Rechaza también ese partido el propósito de restar a la
CFE los grandes consumidores, pues con ello la empresa
dejaría de percibir 70 mil millones de pesos anuales y
propone darle autonomía de gestión a la CFE y Compañía
de Luz y Fuerza del Centro, para que sin perder su carácter
de empresas públicas, es decir, entidades que operan sin
fines de lucro, "puedan reinvertir sus ganancias en
la expansión de la industria".
A su vez, los empresarios, siguiendo a pie juntillas las
posiciones del gobierno, en un documento de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
argumentan "que tan sólo para recuperar margen de
reserva y satisfacer la demanda en la materia, la
industria eléctrica requerirá inversiones por 28 mil
millones de dólares en los próximos cinco años,
recursos que difícilmente podrá aportar el Estado".
En consecuencia, concluye la Concamin, "hay que
permitir la apertura a la inversión privada, cuando
menos en la generación de fluido para su venta al Estado
y particulares". (El Financiero, 12 de agosto de
2002, p. 18)
El Sindicato Mexicano de Electricistas de la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro ha sido el más firme opositor
a la reforma foxista: "Rechazo absoluto a la
iniciativa privatizadora de Fox", se puede leer en
su último desplegado difundido profusamente ,y ha
organizado ya la primera movilización en contra de la
propuesta de Fox. Para el Sindicato, ni técnica, ni política,
ni económicamente conviene al país la privatización
del sector.
Conclusión
El Congreso de la Unión pronto habrá de resolver el
futuro del sector eléctrico en los siguientes términos:
se modifica la Constitución para elevar a rango
constitucional el derecho de los particulares a realizar
inversiones tendientes a generar y aprovechar total o
parcialmente el fluido eléctrico que produzcan, además
de realizar inversiones en instalaciones industriales que
generen la energía requerida por la CFE y Luz Fuerza del
Centro o, considerando lo riesgoso de dejar este mercado
en manos de particulares, se fortalece las empresas
paraestatales y, sin modificar el texto constitucional,
se reflexiona cómo garantizar con ellas la futura
generación y abasto de energía eléctrica.
Nadie duda, por otro lado, que de privatizarse el sector
de inmediato se elevaría las tarifas, pues éstas deben
asegurar, además de la máxima ganancia del capital, la
expansión del sector, reflejar el costo de proveer la
energía a cada consumidor y servir de garantía en el
abasto. ésa es la experiencia en los países donde ha
habido privatización eléctrica, donde, además, ocurren
apagones y, sobre todo, disminuye la calidad y la
magnitud del servicio en las regiones pobres, y miles de
trabajadores se quedan sin empleo.
En todo caso, se debe tomar en cuenta las experiencias de
las privatizaciones en México y el mundo;
particularmente en la electricidad, los fracasos son
contundentes en Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, Perú,
o España (por no hablar de California, víctima de
Enron, que llegó a crear una escasez artificial del
fluido para justificar el aumento de las tarifas), países
donde el servicio no mejoró y sí se eleva continuamente
las tarifas.
La correlación de fuerzas en el Congreso, al parecer, no
corresponde al presidente ni al PAN; sin embargo, algunos
priistas, quizá convencidos por su dirigencia nacional,
pudieran "considerar la reforma eléctrica del
presidente"; incluso el senador perredista Demetrio
Sodi declaró recientemente estar "dispuesto a votar
por la reforma si conviene al país [...] y si hay que
cambiar la Constitución, hay que cambiarla."
Se puede concluir, sin duda, la necesidad de fortalecer
el sector eléctrico, pero sin la urgencia de modificar
la Constitución como punto de partida. Lo que se
requiere, más bien, es analizar otras opciones viables,
capaces de evitar los riesgos de una privatización
apresurada, que se hace más con la mira puesta en las
posibilidades de exportación del fluido que en la
satisfacción de las necesidades del mercado interno, el
cual por su tamaño y dinamismo importa poco al capital
extranjero.
En todo caso, ¿por qué privatizar una empresa como la
CFE, que funciona bien? ¿Por qué transferir a
monopolios privados bienes de la nación? ¿Qué razón
puede existir para terminar con un servicio público que
debe ser ofrecido sin fines de lucro? ¿Con las
experiencias que se ha tenido en México sobre las
privatizaciones, por ejemplo la bancaria, que ha
resultado catastrófica, en quién o en quiénes se puede
confiar el manejo privado de este servicio estratégico
para el futuro nacional?
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