La solicitud, maniobra de Fox para garantizar impunidad al Ejército: Rosario Ibarra

Pide la Presidencia a la Suprema Corte cancelar controversia sobre desaparición de personas

El jefe del Ejecutivo busca cerrar los casos sobre crímenes durante la guerra sucia

Asegura la presidenta del Comité Eureka que el fiscal Carrillo Prieto no va a castigar a nadie

KARINA AVILES

La solicitud de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que cancele la controversia constitucional sobre la desaparición forzada de personas, interpuesta por el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manual López Obrador, significa el pacto entre el jefe del Ejecutivo y el Ejército para garantizarle a este último impunidad total, afirmó la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.

Al conocer la petición que hizo la Presidencia de la República a la SCJN, Ibarra de Piedra aseguró: "El presidente Fox pactó con el Ejército, Luis Echeverría, José López Portillo y todos los acusados del pasado para que queden impunes".

En entrevista, destacó que el presidente Fox "lo único" que busca es cerrar los casos sobre desapariciones y crímenes de la guerra sucia mediante una "vía jurídica mañosa". En ese sentido, Ibarra de Piedra alertó sobre una estrategia del gobierno federal consistente en tener a un fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que en realidad no va a castigar a nadie. "Tú te presentas, luego te callas y ya sabes que no te voy a tocar", sintetizó.

Ayer, la Presidencia de la República por conducto de su consejero jurídico, Juan de Dios Castro, solicitó a la SCJN que cancele la controversia constitucional interpuesta por López Obrador -el pasado mes de abril-, al argumentar que el jefe de Gobierno incurre en "un error jurídico".

Dicha controversia se interpuso para dejar sin efecto la declaración interpretativa aprobada por el Senado de la República, que limita la aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a hechos sucedidos después de su puesta en vigor. De esta forma no pueden ser juzgados esos delitos, favoreciendo la impunidad, a la vez que deja sin materia a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ya que sólo atendería posibles desapariciones de ahora en adelante.

Ibarra de Piedra señaló que, más que un "error jurídico", a la Presidencia de la República se le olvidan "los horrores jurídicos y los simples horrores que significan la desaparición de personas y la carta blanca que el gobierno le dio a una serie de personas para hacer lo que hacían. Esto a Fox parece no importarle".

Es una "hipocresía" del Presidente de la República tener al fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, "cuando sabe que no va a hacer nada y que no va a castigar a nadie". Lo único que esta administración busca es "cerrar los casos mediante el aviso a la ciudadanía de que, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Los mataron. Y nosotros (los familiares) no sabemos, siquiera, si los mataron o no. Nosotros exigimos vivos a nuestros hijos".

Bajo esta óptica, agregó, el fiscal especial sirve a los fines que interesan al gobierno: cerrar los casos y decir se "acabó todo". La reserva y la declaración interpretativa que limita la aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas lo único que hace es que continúe en pie el fuero de guerra de los militares y se deje de castigar a todos los que incurrieron en un delito en el pasado.

Ibarra de Piedra apuntó que el Presidente le quitó la responsabilidad a la Procuraduría General de la República para poner a un fiscal especial que "reciba los golpes verbales que la gente le va a dar, porque habla con una demagogia tremenda".

Carrillo Prieto dice que va a llegar hasta donde sea, "¡pero no puede llegar! ¡No puede llegar! Y mientras exista esa reserva y esa declaración interpretativa que nulifican totalmente los casos de los desaparecidos, entonces, ¡el fiscal miente!", destacó.

De esa forma, la nueva acción del gobierno para no esclarecer el pasado representa "el pacto entre el Ejército y el gobierno" para que "todo siga igual". Lo que la administración foxista llama transición es "más de lo mismo". Aunque salió el PRI de Los Pinos, ahí está muy cerca Elba Esther Gordillo, recientemente acusada como probable responsable del crimen del profesor Misael Núñez Acosta. Ahí, en el gobierno de Vicente Fox, están "juntos y revueltos".

Ibarra de Piedra manifestó que el efecto de la petición presidencial es la "falta total de credibilidad en el gobierno foxista. La mentira más tremenda, más dolorosa, más absurda que se pueda uno imaginar, porque Fox prometió que iba a llegar hasta lo último y que iba a resarcir a todo mundo el dolor, la pena".

La presidenta del Comité Eureka expresó su esperanza en que la SCJN actúe conforme a derecho, pues de lo contrario pasará a formar parte del "séquito de obedientes, de incondicionales del Poder Ejecutivo y, peor aún, más enorme será la falta de credibilidad en un gobierno, en la justicia y en todos los ámbitos de poder".

Finalmente, Ibarra de Piedra calificó de "terrible" la intención del Ejecutivo materializada por conducto de Juan de Dios Castro. Sin embargo, dijo, la "voz presidencial es la responsable".