Los argumentos de las autoridades
La Presidencia de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deseche el juicio de controversia constitucional que presentó Andrés Manuel López Obrador en contra de la ratificación y promulgación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que tiene por objetivo sancionar a quienes hayan cometido ese delito.
En un documento de 50 cuartillas que envió el consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro Lozano, a la SCJN, se afirma que el jefe del Gobierno capitalino incurre en un error jurídico al impugnar un tratado internacional mediante una controversia constitucional, cuando eso sólo puede hacerse por la vía de una acción de inconstitucionalidad, recursos que únicamente puede interponer el Congreso de la Unión.
Pero además, asegura el consejero jurídico de la Presidencia, el jefe del Gobierno capitalino promovió el juicio de controversia de manera extemporánea.
Sin embargo, el recurso presentado por el Gobierno del Distrito Federal no ataca el acuerdo internacional, sino una ley, debido a que al ser ratificado y promulgado por el Senado de la República se convirtió en norma jurídica de carácter nacional, y algunos de sus artículos contravienen la Constitución. Además, el tratado fue aprobado con una reserva y una declaración interpretativa que impide juzgar a militares en tribunales civiles.
Según los alegatos vertidos en la controversia constitucional, la pertinencia del recurso promovido por Andrés Manuel López Obrador se basa en que combate lo que ya es una ley en México a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de este año. El Gobierno del Distrito Federal promovió su recurso el pasado 15 de abril. Además, López Obrador presentó una ampliación de su demanda cuando el gobierno federal publicó en la segunda quincena de junio la declaración interpretativa de la ley.
En días pasados el consejero jurídico de la Presidencia presentó un recurso de reclamación ante la SCJN, porque el máximo tribunal del país admitió la ampliación de la demanda, situación que, según el Poder Ejecutivo, no debió aceptarse.
Por su parte, la Presidencia de la República se negó a proporcionar copia del documento que presentó Juan de Dios Castro a la SCJN, argumentando que se trata de una controversia constitucional que está en curso y no tiene sentido dirimir en los medios de comunicación un asunto que aún se analiza en la Suprema Corte.
Los alegatos presentados por la Presidencia dilatarán el desahogo del asunto, debido a que la SCJN tendrá que resolver primero el recurso de reclamación.
