miércoles 4 de
septiembre de 2002 |
Editorial Afrenta del municipio a la legalidad |
Finalmente esta semana se entregó
a los regidores y directores del ayuntamiento de Puebla -de
extracción panista- los automóviles último modelo, la
mitad de cuyo costo será pagado con recursos del erario
municipal, pese a que la opinión pública y hasta el PAN
reprobaron esa adquisición y el Congreso local advirtió
que puede constituir desvío de recursos públicos por
utilizar parte del presupuesto oficial para comprar un
bien que va a pasar a ser propiedad privada de los
beneficiarios. Esta situación constituye una afrenta de parte del gobierno municipal que preside Luis Paredes Moctezuma contra la legalidad, ya que desde la perspectiva del edil su administración pareciera ser un poder autónomo que no debe responder ante ninguna instancia legal. Es decir, para el munícipe no hay división de poderes. Ello obliga a que los diputados locales intervengan y exijan al îrgano de Fiscalización Superior que ya reaccione e inicie una investigación seria de todas las supuestas irregularidades que ha cometido la administración de Paredes Moctezuma. Este asunto no debe reducirse a un simple ajuste de cuentas entre fuerzas políticas, debe ser una defensa de la legalidad y combate a la impunidad, ya que el espíritu de la división de poderes públicos es precisamente evitar la tentación autoritaria que tiene cualquier gobierno o servidor público. Una de las funciones de los legisladores es garantizar la legalidad y el acatamiento de la Constitución Política del estado de Puebla; por tanto, deben ejercer sin cortapisas sus facultades en contra de los actos ilegales de Luis Paredes. |