viernes 6 de septiembre de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Según el organismo, se violentó las garantías individuales de Héctor Eduardo Reyes
Emite la CEDH recomendación a la PGJE por abusos de autoridad y probables actos de tortura
q Revela "discrepancias" entre los certificados médicos de la dependencia y de la Comisión

Fabián Robles / Juan Luis Cruz n
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue y, en su caso, proceda conforme a derecho, en contra de varios elementos de la Policía Ministerial acusados de incurrir en actos de abuso de autoridad y de tortura en agravio de Héctor Eduardo Reyes Boussart.
La recomendación -dada a conocer anoche- indica que se debe iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad y la averiguación previa que corresponda para investigar las faltas o ilícitos cometidos por "los licenciados" Marco Antonio Domínguez Reyes, Víctor Sánchez Martínez, Roxana García Hernández, René González Mendieta, y por los agentes Alfonso Jiménez Rojas y çlvaro Avendaño Hernández, quienes participaron en la integración de las indagatorias números 356/20004 y 037/ 2001 MPD1.
De acuerdo con esa información, "el quejoso fue detenido de manera ilegal y arbitraria para comparecer en una averiguación previa (356/20004) que en nada lo relacionaba, pero que indebidamente se utilizó para que este grupo de policías sustentara su actuación".
Añade que "igualmente se advierte que durante la integración de las indagatorias, los agentes del Ministerio público -por una simple sospecha- permitieron y cometieron abusos de autoridad y probable tortura (...) asimismo, para encubrir el atropello que hicieron, sostienen en contra del agraviado una acusación por injurias y delitos cometidos contra funcionarios públicos".
De la investigación realizada por la CEDH se concluye que hubo "discrepancia entre los certificados médicos de lesiones practicados por la Procuraduría General de Justicia del Estado y esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. La propia ilegalidad e irregularidad en la detención del quejoso que hace presumir el acto autoritario y, por ende, la posible comisión del delito de tortura, toda vez que se desatendieron por completo los mecanismos legales para citar al quejoso".
La recomendación fue entregada a la PGJE el pasado 3 de septiembre; a partir de esa fecha, dispone de 15 días para informar si acepta dicha sugerencia. Luego dispondrá de un periodo similar para acreditar que ha cumplido con los señalamientos referidos.