REFORMA INDIGENA
Cerraron a los pueblos nativos del país la última puerta del Estado, consideran
La resolución de la Corte aleja la paz: ONG
Nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que elijan en busca de autonomía, advierten
CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y CAROLINA GOMEZ M.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "el camino de la legalidad está agotado" y la paz se aleja, una vez que se cerró a los pueblos indígenas la última puerta del Estado, advirtieron ayer en un pronunciamiento conjunto más de 100 organizaciones indígenas defensoras de derechos humanos y personalidades.
En respuesta a la determinación de la SCJN, que resolvió por mayoría declarar improcedentes 322 de 330 controversias interpuestas contra las reformas a la Carta Magna en materia indígena, señalaron que esta instancia judicial demuestra su falta de voluntad y capacidad para "ser verdadero garante de la Constitución, además de su carencia de autonomía frente a los demás poderes". Consideraron que esta determinación es una "burla" y reproduce la "discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista" a la que han estado sometidos los grupos étnicos de México.
Con este fallo judicial, señalaron, el camino de la legalidad "está agotado", y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación "nuevamente ha sido pisoteado".
Se demostró una vez más el desdén frente a la demanda de garantía de dicho proceso y de una impartición de justicia que tome en cuenta los derechos colectivos de las comunidades nativas, advirtieron en el documento.
El pronunciamiento fue suscrito por casi 90 organizaciones indígenas y de defensa de derechos humanos, así como por personalidades, entre las que se encuentran Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, el obispo Samuel Ruiz, los sacerdotes Gonzalo Ituarte y Miguel Concha, así como Alfredo López Austin, Juan Bañuelos, Magdalena Gómez, Carlos Fazio, Miguel Alvarez y Gilberto López y Rivas.
La resolución representa una agresión a los pueblos indígenas, porque les cierra la última puerta del Estado para que sean reconocidas sus garantías, que fueron hechas a un lado por los legisladores, quienes "distorsionaron" la iniciativa de la Cocopa.
Después de esta decisión, afirmaron, "nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino y cuál es esa esperanza".
En opinión de las organizaciones civiles, la decisión de la Corte, al declararse sin facultades de control sobre los actos del Congreso de la Unión, constituye también una burla a quienes han apostado a la construcción de un México más justo, democrático e incluyente. Con ello, explicaron, la SCJN deja a los legisladores una potestad ilimitada para desvirtuar la Constitución misma, si así lo deciden, y pasar sobre los derechos fundamentales reconocidos en ella y en los convenios internacionales.
"No sería extraño que la prepotencia que prevalece en el Congreso de la Unión se vea reforzada para sacar adelante las reformas laboral y eléctrica", afirmaron.
El documento lo firman organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Fray Bartolome de las Casas, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, el Comité de Derechos Humanos la Voz de los sin Voz y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, además de Dolores González, Concepción Calvillo viuda de Nava, Guillermo Briceño, Salvador Nava, Nuria Fernández, Héctor de la Cueva y Armando Bartra.
Convocan a mitin para el lunes
Al calificar de equivocada y decepcionante la resolución de la Suprema Corte, organismos defensores de derechos humanos anunciaron que el próximo lunes realizarán un mitin en repudio a esta decisión.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Movimiento por la Paz Justicia y Dignidad, y Alianza Cívica, entre otras organizaciones, convocaron a una manifestación frente a la SCJN, pues consideraron que el fallo judicial "cierra todas las posibilidades de encontrar una puerta de distensión respecto al conflicto que se vive en Chiapas y en varias regiones indígenas del país".
Claudia Gómez Godoy, de la Red de Abogadas y Abogados por los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien interpuso varias controversias constitucionales, señaló que la determinación del Poder Judicial es "desilusionante", porque esta vía era la última oportunidad de componer el proceso legislativo y de que finalmente se reconocieran los derechos de los pueblos nativos de México.
Por su parte, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que esta decisión deja "ver las verdaderas políticas que tiene el Estado mexicano en materia de derechos indígenas".
Gómez Godoy dijo que los caminos jurídicos se agotaron internamente, por lo que las etnias tienen otras opciones para inconformarse con la resolución de la Corte, una de las más viables es presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, señaló, habrá que esperar la resolución de la Organización Internacional del Trabajo sobre las reclamaciones que presentó un grupo de sindicatos aduciendo que el procedimiento para determinar la ley de derechos y cultura indígenas fue inadecuado, porque se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que establece el convenio 169 de la OIT.
En un comunicado, los promotores del mitin del próximo lunes señalaron que la respuesta social e indígena será en la medida de corresponder "el desprecio de la clase política para arrancar los derechos negados a los pueblos nativos".
Es momento de responder
Aseguraron que es momento de que la sociedad civil y las organizaciones sociales respondan, "pues no podemos ver pasivamente cómo otro de los poderes de la Unión da la espalda a las legítimas inconformidades de los indígenas".
Sánchez Matus lamentó que una vez más se confirma que en México no hay posibilidades de obtener justicia en estas cosas de derechos humanos, por lo cual dijo que ahora sólo queda recurrir a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU o ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La reforma constitucional, "además de que está mal hecha, viola tratados internacionales, derechos civiles, políticos, sociales, culturales y humanos de los indígenas, y eso, que es evidente, es sobre lo que solicitábamos a la Corte pronunciarse", precisó.
Aunado a esto, dijo que el hecho de que la Corte se haya ido por el camino fácil pone a los defensores de derechos humanos entre la espada y la pared, ya que siempre se pide a los afectados que tengan paciencia, que sus problemas deben resolverse vía el estado derecho, "les decimos que tenemos que ir más allá, y vamos más allá; y nos pasa esto".
Aseguró que la mayoría de las 330 controversias no estuvo mal presentada, por lo que no se entiende por qué la SCJN no hizo distinción y resolvió en paquete completo, y en muy poco tiempo, lo cual hace suponer que podría no haber hecho una valoración a fondo de las situaciones de cada uno de los poblados. También dejó entrever que en la SCJN se pusieron demasiadas esperanzas, porque en últimas fechas se había pronunciado de buena manera. De ahí que sea lamentable que en un tema "crucial" para el país no haya querido resolver de otra manera.
