No hay condición para un mercado eficiente: especialistas

Falta de credibilidad, obstáculo para la apertura en electricidad

La iniciativa pasará, dicen; recomiendan proceso gradual

ISRAEL RODRIGUEZ J.

Entre los principales obstáculos que enfrentará la iniciativa del presidente Vicente Fox para permitir la inversión privada en el sector eléctrico están la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de regular una industria eléctrica en condiciones de competencia, fuerte oposición, agenda política desfavorable y una posición dominante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como situación de mercado poco favorable.

Estas son algunas de las conclusiones de Gerardo Serrato Angeles, coordinador del posgrado de Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, al participar en la mesa de análisis La propuesta de reforma eléctrica, organizada por la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios.

El académico aseguró que no existen condiciones para que el funcionamiento del mercado de energía que se pretende crear sea eficiente en el corto plazo.

Advirtió que el riesgo en México es muy alto, porque el andamiaje normativo y las instituciones como la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, entre otras, no están preparadas para regular este mercado. Además, hay una ausencia de reglas para que las empresas del Estado aporten una rendición de cuentas. Consideró que la apertura se va a dar; sin embargo, lo mejor es que la apertura sea gradual para dar tiempo a que las instituciones reguladoras se preparen.

Por su parte, Jacinto Viqueira Landa, profesor de posgrado de la Facultad de Ingeniería, con 30 años de experiencia en el sector eléctrico del país, afirmó que la CFE es una empresa rentable, que puede financiarse, como en el pasado, recurriendo a los mercados financieros internacionales y nacionales, incluyendo las modalidades de construcción, arrendamiento y transferencia.

"Lo que se requiere es dar una mayor autonomía de gestión a esa empresa pública y eximirla de impuestos desproporcionados, como el llamado aprovechamiento (...) la industria eléctrica nacional es una de las realizaciones más exitosas de la ingeniería mexicana y no debemos permitir que sea destruida por la aplicación dogmática del fundamentalismo del mercado", destacó.

Viqueira Landa sostuvo que la reforma constitucional propuesta por el presidente Fox recurre al mismo artificio que se utilizó en la modificación en 1992 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que consiste en restringir arbitrariamente la extensión del concepto de servicio público.

Señaló que si la iniciativa de Zedillo pretendía asesinar a la CFE, la iniciativa del presidente Fox intenta dejarla morir de inanición. Mencionó que el afán por permitir la inversión privada es resultado de las presiones provenientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

A principios de los años 90, agregó, las políticas de financiación del Banco Mundial cambiaron radicalmente. Recordó que en un documento titulado El papel del Banco Mundial en el sector de la potencia eléctrica, publicado en 1993, se fijan los siguientes principios orientados a reorganizar el sector eléctrico:

Cita: "El Banco promoverá agresivamente la comercialización y corporatización de los sectores eléctricos de los países y la participación del sector privado en ellos. Un requisito para futuros préstamos será el establecimiento de un proceso transparente de regulación del sector eléctrico, independiente de los suministradores de energía eléctrica y que evite la ineficiencia gubernamental en el funcionamiento día con día de la empresa eléctrica, independientemente de si ésta es de propiedad privada o pública. Los préstamos del banco para el sector eléctrico se enfocarán a países con un compromiso claro para mejorar el desempeño del sector, de acuerdo con los principios anteriores".

A su vez, Rafael Cristera y Angel de la Vega Navarro alertaron a los industriales y grandes consumidores a analizar la propuesta gubernamental, porque de aplicarse se incrementarán las tarifas para altos y bajos consumos, tal y como lo prevé la iniciativa de modernización del sector eléctrico.