Reprueban partidos y diputados decisión de la SCJN sobre la ley política indígena

Luis Cruz / Carlos Avendaño / Víctor Varela q Mientras que la Comisión de Asuntos y Cultura Indígena de la LVII Legislatura local prepara una estrategia para garantizar los derechos y cultura de los grupos étnicos de la entidad, dirigentes partidistas criticaron el resolutivo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el cual se declara incompetente para aprobar o desaprobar la decisión del Congreso de la Unión en el tema. En entrevistas por separado, dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD). Luis Roberto Macías Laylle, y del Trabajo (PT), Faustino Salinas Hernández, se manifestaron a favor de que se establezca normas que reafirmen en el respeto a los derechos y cultura de los indígenas. El diputado de la LVII Legislatura local, Juan Báez Tercero, informó que será hasta la próxima semana cuando el Congreso del estado defina la estrategia que seguirán para contrarrestar los efectos de la resolución de la SCJN respecto de la invalidación de la controversia constitucional que en su momento interpuso el Poder Legislativo local por la aprobación de la ley indígena. El también integrante de la Comisión de Asuntos y Cultura Indígena de la LVII Legislatura local reconoció que a pesar de que el resolutivo del máximo órgano judicial del país es inapelable, existen otras vías para defender a los grupos autóctonos que existen en la entidad, por lo que "la lucha en contra de los abusos y discriminación hacia estas personas no ha acabado, pues impulsaremos las reformas necesarias para garantizar la atención a este sector". Con este propósito, el diputado del PT informó que la próxima semana sostendrán una reunión los integrantes de esta comisión para definir las acciones que realizarán, entre las que destaca la realización de cuatro foros en los municipios con mayor presencia de grupos étnicos para recabar las inquietudes, necesidades y propuestas para mejorar la vida "de estos grupos que hemos olvidado". No obstante, Báez Tercero admitió que hasta la fecha han sido escasos los trabajos emprendidos por el Congreso del estado para salvaguardar los intereses de los indígenas de la entidad. Incluso aseveró que hasta la fecha la comisión respectiva únicamente ha sesionado en tres ocasiones, por lo que "no hemos podido avanzar en ningún pronunciamiento que en realidad atienda las necesidades de los indígenas". El ex cordinador de la bancada del PRD en la legislatura local pasada, Luis Roberto Macías Laylle, lamentó que no haya prosperado la controversia constitucional que se presentó ante la SCJN respecto de la ley indígena, al considerar que el máximo órgano de justicia del país careció de sensibilidad para anular un precepto que de antemano no atiende los derechos de este sector. "No es posible que la SCJN haya tomado una resolución poco objetiva, pues no se toma en cuenta muchas cosas a favor de los pueblos indígenas". Recordó que cuando la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la LVI Legislatura local presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte, se planteaba que la voz de los indígenas no se había escuchado en dicha ley aprobada por el Congreso de la Unión. Indicó que todos los legisladores en el país se atribuyeron una verdad cuando "realmente no se consideró en esa ley al sector más importante, y que en este caso son los propios pueblos indígenas. Aseveró: "Lo más increíble de todo es que las organizaciones internacionales y gente destacada que han impulsado la lucha indígena son los que están señalando las omisiones que se hizo en dicha legislación, y por ello siento que es un grave error el no dar marcha atrás a esa legislación". Tras referir que desconoce quién o quiénes defendieron que la SCJN no avalara la Ley Indígena, Macías Laylle reiteró que ese precepto está incompleto porque no incide de manera directa en las necesidades de los indígenas. Además, subrayó que al no tomarse en cuenta las necesidades de los indígenas del país automáticamente se violenta el estado de derecho en virtud de que no se atiende a este sector. Una vez que fue avalada esta legislación, consideró que el siguiente paso sería buscar reformas a esa ley, dado que los preceptos no son definitivos ni se aprueba para que permanezcan por siempre. "Yo creo que se debe retomar la lucha nuevamente, a pesar de que ahora surgen voces priistas en el sentido de que la ley que se aprobó no era la correcta, cuando en la LVI Legislatura fueron los propios diputados locales emanados del Partido Revolucionario Institucional los que votaron a favor". Puntualizó que el procedimiento para reformar la Ley Indígena deberá hacerse desde el Congreso de la Unión, y subrayó que en su calidad de ex cordinador de la bandada perredista se siente mal porque fue desechado el planteamiento que presentó, junto con sus compañeros de fracción, ante la SCJN bajo el argumento de que hubo "algunas inconsistencias, pero ahora nos damos cuenta que ya todo estaba encaminado a que la corte tenía que emitir un fallo para avalar la ley, y eso no nos extraña, porque lo mismo sucedió con la controversia que presentó el gobierno estatal". Faustino Salinas Hernández, integrante de la Coordinadora Estatal del PT, consideró que la SCJN actuó de forma aribitraria al declarar improcedentes las controversias constitucionales que presentaron varios gobiernos estatales y grupos étnicos, políticos y sociales del país contra la ley por los derechos y Cultura Indígenas. El dirigente petista asentó que el fallo del máximo órgano judicial de la nación obedece a un plan fascista que se ha emprendido desde el gobierno federal para desaparecer a todos los grupos étnicos que existen en el país; "es el afán de establecer un gobierno fascista en México; a como van las cosas no sólo la Ley Indígena tendrá la característica de fascismo, sino otras muchas cosas". Adelantó que desde sus diversas fracciones parlamentarias -en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas locales- el PT se sumará a la lucha para que se reconsidere la Ley por los Derechos y Cultura Indígena y que en su lugar se apruebe normas que verdaderamente hagan justicia y hagan respetar la autonomía de los grupos originarios de México.