OPERACION CRUDO
Probables responsables de peculado y ejercicio indebido del servicio público
Solicitó la PGR girar órdenes de aprehensión contra cinco dirigentes del sindicato petrolero
Participaron en la transferencia de recursos de Pemex al STPRM, aseguran testigos
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al juzgado decimotercero en materia de procesos penales, con sede en el Distrito Federal, que libre al menos cinco órdenes de aprehensión, por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público, contra igual número de dirigentes petroleros que no gozan de fuero constitucional, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 2 mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2000.
Fuentes oficiales revelaron a La Jornada que la semana pasada la PGR consignó ante ese juzgado un anexo de la averiguación previa 182/UEDO/2001, en la que se incluye la solicitud de que el juez gire orden de aprehensión (confirmada) contra Fernando Pacheco, dirigente de la sección 24 del STPRM, con sede en Salamanca, Guanajuato, y Ramón Hernández Toledo, líder de la sección 11 y ex diputado federal priísta en la pasada legislatura.
En tanto, versiones no confirmadas en el ámbito judicial sostienen que en el pliego de consignación enviado al juzgado decimotercero por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) estarían mencionados también como probables responsables de peculado y uso indebido de atribuciones Leocadio Mendoza Olivares, secretario del Interior de la dirigencia nacional del STPRM, y Pablo Pavón Viñales, alcalde de Minatitlán, dirigente de la sección sindical de esa zona.
Lo anterior, por haber firmado de conformidad los convenios entre Pemex y el STPRM mediante los cuales se transfirieron de manera ilegal a la dirigencia sindical más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.
Sin embargo, el pliego de consignación no ha sido resuelto a favor de la dependencia que dirige Rafael Macedo de la Concha, porque, de acuerdo con versiones obtenidas, el juez José Luis Moya pidió a la UEDO que corrigiera algunas deficiencias de presentación.
José Luis Moya es el juez que ordenó la detención del ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y otros cinco ex funcionarios de la paraestatal como responsables de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al haber participado en el desvío de mil 100 millones (inicialmente, porque después se dijo que el quebranto podría ascender a más de 2 mil 300 millones de pesos) en favor del STPRM.
La petición de girar órdenes de aprehensión se suma a las solicitudes de desafuero que la PGR formuló el martes anterior contra el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana Prieto, secretario general y tesorero del STPRM, respectivamente.
Fuentes de la PGR indicaron que para acusar a los legisladores priístas de peculado y ejercicio indebido del servicio público, el Ministerio Público Federal se basa en que los delitos cometidos son del tipo continuado, es decir, que inicialmente involucraron a funcionarios públicos, en este caso de Pemex, y después, para lograr el desvío de los recursos, se apoyaron en otras personas, como los dirigentes petroleros.
Derivado de las investigaciones que en la PGR se conocen como Operación Crudo, de las cuales La Jornada informó en exclusiva el 19 de enero de este año, las acusaciones contra los priístas se derivan de la denuncia que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo presentó ante la PGR el 10 de diciembre pasado.
Hasta el momento, el juzgado decimotercero ha librado órdenes de aprehensión contra los funcionarios de Pemex: Rogelio Montemayor Seguy, Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi Septién, Alberto Gheno Ortiz y Manuel Gomezperalta; éste es el único encarcelado.
La historia
Cabe recordar que mediante el convenio laboral 9412, el STPRM obtuvo mil 100 millones de pesos como pago a supuestas compensaciones por incumplimientos contractuales, lo que permitió a los representantes sindicales cubrir un préstamo por 640 millones de pesos que les había otorgado en junio de 2000, del cual se transfirieron 500 millones a la campaña de Labastida Ochoa, de acuerdo con las declaraciones de Alonso Veraza, Melitón Antonio Cázarez y Andrés Heredia, tres ex empleados del PRI que ahora son testigos de la PGR.
Respecto del convenio por mil 100 millones de pesos entre Pemex y el sindicato, Julio Pindter González, ex subdirector de Relaciones Laborales de Pemex, en su declaración ministerial ante la UEDO aseguró que Romero Deschamps y el actual líder de la sección 24 del STPRM, Fernando Pacheco Martínez, fueron quienes negociaron de manera directa con Montemayor Seguy.
Además, la UEDO mantiene abierto un triplicado de la averiguación previa 182/UEDO/2001, en el cual existen señalamientos contra Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, secretario y subsecretario de Finanzas del PRI, como los encargados de utilizar en 2000 la estructura de ese partido para mover los 500 millones de pesos que el STPRM le entregó mediante 10 cheques de la cuenta 559-02069-9 de Banorte, para financiar el último mes de campaña de Francisco Labastida, de acuerdo con los documentos integrados en el expediente.
Las fuentes consultadas afirmaron que la responsabilidad que se imputa a los cinco dirigentes contra quienes se solicitó orden de aprehensión se basa en que algunos avalaron los convenios firmados por Romero Deschamps y Aldana Prieto, en representación del gremio petrolero, y el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, apoyado por cinco de sus ex colaboradores.
Avalaron las operaciones cuando formaban parte del Consejo de Administración de Pemex en representación del STPRM, mientras que los otros líderes, como Pacheco Limón y Ramón Toledo Hernández, firmaron los documentos mediante los cuales el sindicato obtuvo más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 400 millones fueron transferidos a una cuenta que el STPRM posee en un banco de Nueva York.
