Se aleja el diálogo
Nueva crisis en el proceso de paz: ONG
VICTOR BALLINAS
El proceso de paz en Chiapas entra en una nueva crisis, advirtieron ayer organizaciones civiles y de derechos humanos, y resaltaron que la resolución de la Corte respecto de las controversias indígenas aleja la posibilidad de diálogo, ''genera un clima propicio para la violencia de los sectores sociales duros, contrarios a las experiencias autonómicas de los pueblos y al establecimiento de un estado de derecho en el país''.
Al cerrarse el círculo del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, se abre una nueva etapa de lucha para los pueblos indígenas, y ''pronto conoceremos de qué manera se define y hacia dónde se orienta''.
En conferencia de prensa efectuada en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, diversas organizaciones, entre ellas los centros Miguel Agustín Pro, Fray Francisco de Vitoria, Fray Julián Garcés, la Red Todos los Derechos para Todos, Sin Fronteras, la Academia Mexicana y la Comisión Mexicana, fijaron su postura respecto al fallo de la Corte.
Los organismos sostienen que seguirán acompañando a los pueblos indígenas en su lucha por el reconocimiento constitucional pleno de sus derechos colectivos, haciendo uso para ello de todos los instrumentos legales nacionales e internacionales
Ratificaron que su compromiso social ''seguirá siendo la lucha contra todas las formas veladas y abiertas de racismo, discriminación e intolerancia en el país, desde la perspectiva de los derechos humanos''.
El sacerdote Miguel Concha, director del centro Fray Francisco de Vitoria, dio lectura a la declaración, en la que se señala que el fallo contrario a las expectativas y aspiraciones democráticas de amplios sectores sociales, tiene un impacto negativo en el escenario nacional y pone en evidencia la exclusión política de los pueblos indios.
La validación de la reforma impugnada establece de nueva cuenta sólo un marco jurídico para la tutela del Estado sobre los indígenas, como si se tratara de menores de edad, se apunta en el texto. Y subraya que ''la pretensión de reglamentar en el ámbito estatal esta reforma ilegítima, sólo abrirá nuevos escenarios de confrontación y el deslinde entre los actores locales''.
Por su parte, Magdalena Gómez, asesora del Congreso Nacional Indígena, destacó que los legisladores ''quieren hacer una reforma gatopardista, que no altere la definición y concepción que tienen del municipio, por eso no les reconocen los derechos de asociación''.
