Funcionarios de diversas dependencias no objetaron la entrega de recursos al STPRM

Hacienda y Secodam avalaron transferencias de Pemex

Aprobaron a la paraestatal ampliaciones al presupuesto para que cumpliera con los convenios

GUSTAVO CASTILLO, ROBERTO GARDUÑO Y RENATO DAVALOS

Las transferencias presuntamente ilícitas de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero, investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR), fueron, en su momento, aprobadas y consideradas legales por la secretarías de Hacienda, Contraloría y Energía, que avalaron hasta cuatro modificaciones al presupuesto de la paraestatal en 2000, sin violentar el techo financiero establecido por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, a 10 meses y 12 días de que la PGR comenzó la investigación de lo que hoy se conoce como el Pemexgate u Operación Crudo, el resultado ha sido un ex funcionario preso -Manuel Gómezperalta Damirón-, cinco prófugos (Rogelio Montemayor, Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi Septién, Alberto Gheno Ortiz y Julio Pindter), una petición de desafuero contra dos legisladores federales (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana) y uno estatal (de Tamaulipas, Jesús Olvera), todos implicados en los delitos de peculado y ejercicio indebido. Además, dos averiguaciones previas en curso, una por delincuencia organizada y lavado de dinero, y la otra por delitos electorales.

En septiembre de 2000 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó a Pemex una "cuarta adecuación presupuestal" por 3 mil 13 millones de pesos, que incluyó los "asuntos pendientes" del convenio que empresa y sindicato habían firmado el 11 de ese mes.

Pemex, que entonces estaba bajo la dirección de Rogelio Montemayor Seguy, se comprometió en ese convenio a pagar mil 180 millones de pesos al gremio, para subsanar supuestos incumplimientos patronales establecidos en el contrato colectivo de trabajo que databan de 1997.

Esa entrega de recursos fue una de las bases a partir de las que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) formuló su denuncia penal en contra de varios ex funcionarios de Pemex y los principales dirigentes petroleros, argumentando que se había desviado de manera ilegal ese dinero.

Sin embargo, de acuerdo con constancias documentales que obran en la averiguación previa PGR/UEDO/102/2002, la transferencia de recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la RepúblicaMexicana (STPRM) fue conocida y sancionada por los subsecretarios de Egresos, de Hacienda y Crédito Público; de Normatividad y Control de la Gestión Pública, de Secodam; por el oficial mayor de la Secretaría de Energía; por los jefes de la Unidad de Política y Control Presupuestal, de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Unidad de Inversiones, y de Desincorporación de Entidades Públicas, así como por el director de Crédito Público, todos de la Secretaría Hacienda; por el director adjunto de Energía, de Hacienda, y por el director corporativo de Finanzas de Pemex.

No sólo eso, los convenios y los montos acordados entre empresa y sindicato fueron avalados por los titulares de Energía, Luis Téllez; de Hacienda, José Angel Gurría; de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, como integrantes de la comisión intersecretarial, responsable de supervisar el desempeño financiero de las entidades públicas.

La investigación comenzó el 10 de diciembre de 2001. La Secodam denunció a Montemayor y coacusados ante la PGR. Presuntos desvíos e ilegalidad en los convenios administrativo-sindicales celebrados entre Pemex y el STPRM el 8 de mayo, 5 de junio y 11 de septiembre, fueron el resultado de una auditoría que realizaron más de 180 personas durante más de tres meses a partir de enero de 2001.

Según la denuncia de la Secodam, el 8 de mayo de 2000, mediante el convenio administrativo sindical número 9356, se entregaron 350 millones de pesos al STPRM.

El 5 de junio, con base en lo establecido en la cláusula 246 del contrato colectivo, se autorizó un préstamo de 640 millones de pesos, a pagar en 20 mensualidades, y se dejaron como garantía las cuotas sindicales. Para ello Pemex incluyó este monto como parte de sus necesidades señaladas en la solicitud de la tercera adecuación presupuestal.

Presuntamente las investigaciones de la PGR han descubierto que de esos 640 millones de pesos, 500 millones fueron entregados mediante 10 cheques a empleados del PRI. que los trasladaron a la sede de ese partido para ser utilizados en la campaña presidencial de Francisco Labastida, mediante grupos con presencia en diversos estados, y para encubrir supuestos ingresos por la realización del sorteo Milenio.

El 11 de septiembre, supuestamente después de una larga negociación, se pactó la entrega de un monto de mil 100 millones de pesos por parte de Pemex al STPRM, por los incumplimientos contractuales registrados de 1997 a 1999. De acuerdo con los documentos de la indagatoria de la PGR, de los mil 100 millones la paraestatal descontó el préstamo de 640 millones de pesos en su totalidad.

Según las investigaciones de la Secodam y por las cuales la PGR inició la averiguación previa PGR/UEDO/102, los convenios y los montos pactados fueron ilícitos, pues se dispuso de recursos no presupuestados, se distrajo dinero de partidas específicas y se confabularon funcionarios públicos y dirigentes sindicales para distraer de su objetivo dinero del erario.

Sin embargo, mediante el oficio 340-A-2015, del 29 de septiembre de 2000, el director de Programación y Presupuesto de Energía e Infraestructura de la SHCP, Jorge Collard de la Rocha, informó a Mauricio Toussaint Ribot, subsecretario de Operación Energética, que había sido autorizada la cuarta ampliación presupuestal.

Mientras que las autoridades aseguran que los convenios son ilícitos, el punto cuatro de uno de los acuerdos administrativos entre empresa y sindicato establece que si bien se aceptó como concluido el proceso de revisión contractual de 1999, se pactó que durante el primer semestre de 2000 se revisarían los rezagos denunciados por el STPRM y que se produjeron entre 1997 y 1999.

Por esa razón, presuntamente se pagaron los mil 100 millones de pesos el 11 de septiembre de 2000. Esto fue sancionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por medio de Emilio Gómez Vives, coordinador general de Funcionarios Conciliadores, registró ese convenio el 29 de septiembre de 2000. Con ello, a ese pacto también se le dio carácter netamente laboral.

Hasta el momento la PGR no ha podido acreditar que entre los funcionarios de Pemex, los dirigentes del STPRM y miembros del PRI hubo confabulación para disponer ilícitamente de recursos de la paraestatal.

El reto del Ministerio Público Federal es obtener las pruebas documentales que le permitan fincar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita a cada uno de los implicados en el Pemexgate.