No podrán ser aprehendidos o arraigados
Tres líderes obtuvieron suspensión provisional; a otro le fue negada
JESUS ARANDA
Jueces federales otorgaron ayer suspensiones provisionales en contra de cualquier orden de aprehensión o arraigo a tres dirigentes petroleros presuntamente involucrados en el Pemexgate; sin embargo, a otro más le fue negada la protección de la justicia federal, por no fundamentar su petición.
Estas suspensiones provisionales obligan a los jueces de la causa a solicitar información a la Procuraduría General de la República y a los juzgados de distrito sobre posibles acusaciones penales en contra de los dirigentes sindicales, y de ahí determinar si otorgan o no la suspensión definitiva a su favor para no se molestados, salvo que sean acusados de algún delito penal grave.
Pero si los jueces reciben reportes negativos, es decir, que ni el Ministerio Público federal ni los jueces penales han librado alguna orden en su contra, entonces los amparos serían sobreseídos.
Manuel Limón, presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Fernando Pacheco Martínez, dirigente de la sección 24, con sede en Salamanca, Guanajuato, y Ramón Hernández Toledo, de la sección 11 de Nanchital, Veracruz, obtuvieron la suspensión provisional de parte de los juzgados quinto ''B'', cuarto y segundo ''A'' de amparo, respectivamente.
En cambio, Pablo Pavón Viñales, dirigente de la sección 10 de Minatitlán, Veracruz, recibió una respuesta negativa por no haber precisado los alcances del amparo solicitado. Pavón Viñales participó en su momento como representante del STPRM ante el consejo de administración de Pemex, cuando se firmaron en el año 2000 los convenios entre la paraestatal y el sindicato, que dieron origen al llamado Pemexgate.
Fuentes judiciales indicaron que una vez que el solicitante corrija su petición será seguramente favorecido con la suspensión provisional pedida. Sin embargo, cabe señalar que según registros oficiales de la defensa de Manuel Limón, presidente del consejo de vigilancia del STPRM, esta es la tercera ocasión en que solicita el amparo de la justicia federal; en las dos primeras ocasiones le fue negada incluso la suspensión provisional. Ello, en razón de que los jueces no recibieron información sobre la existencia de un mandato judicial en su contra, como tampoco de intenciones de la PGR de arraigarlo.
Queda pendiente la petición de amparo presentada el viernes pasado por el secretario de acuerdos del sindicato petrolero, Leocadio Mendoza.