Con más de mil detenidos en un año, ni una condena

Poco exitoso, el frente interno contra el terrorismo en Estados Unidos

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 23 de septiembre. El arresto de seis ciudadanos estadunidenses de origen yemení en Lackawanna, Nueva York, este mes, acusados de formar parte de una célula clandestina de Al Qaeda en Estados Unidos, fue elogiado como un gran triunfo de la FBI -agencia que ha sido criticada por sus fallas antes del 11 de septiembre-, y un golpe al complot "terrorista" contra este país.

Pero en los siguientes días de que este operativo fuera tema de primeras planas, el gobierno federal reconoció que aún no cuenta con información de que estos individuos -junto con otros dos que huyeron de este país- hubieran participado en algún ataque o estuvieran por lanzar uno, y ahora el juez federal encargado del caso ha expresado sus reservas sobre los cargos. No obstante, el Departamento de Justicia sostiene que estos arrestos son justificables por la enorme amenaza que Estados Unidos enfrenta en su guerra contra "el terrorismo".

El gobierno alega que estos hombres que ya habían viajado a Afganistán y podrían haber estado brevemente en un campamento de Al Qaeda, por definición están implicados como miembros de esa red "terrorista". Abogados de los acusados sostienen que son devotos religiosos que viajaron primero a Pakistán y después a Afganistán en función de sus creencias religiosas, y que no tienen nada que ver con los ataques a Estados Unidos.

Si resultan culpables o no, su caso ilustra la amplitud de los nuevos poderes del gobierno federal para detener personas dentro de este país en el transcurso del último año. Hasta ahora los resultados no han sido tan buenos para el gobierno federal en este rubro de su campaña de seguridad.

Durante el último año, los fiscales federales han logrado obtener sólo una confesión forzada y falsa de un "sospechoso" en Nueva York, y han detenido a decenas más en Detroit bajo cargos de "terrorismo" que aún no han logrado comprobar. De los más de mil detenidos por las autoridades desde el 11 de septiembre, ni una sola persona ha sido condenada por ser "terrorista" involucrada con Al Qaeda, informó la abogada Jeanne Butterfield a La Jornada en entrevista reciente (aunque una persona detenida en este país antes del 11 de septiembre de 2001 sí está acusada de tener vínculos con los atentados de ese día).

"Creo que tenemos derecho de detener a gente que es integrante de Al Qaeda hasta que estemos satisfechos de que esa entidad ya no arma complots terroristas", comentó Morton Halperin, ex alto funcionario de los gobiernos de Bill Clinton y Richard Nixon, quien ahora dirige la oficina en Washington de la institución independiente Open Society Institute.

Pero, en entrevista con La Jornada, Halperin (quien trabajó en la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton) aseguró que muchos de los más de mil detenidos después del 11 de septiembre probablemente se encuentran privados de su libertad ilegalmente. "Ahora pensamos que una de las razones por las cuales el gobierno intenta mantener en secreto la identidad de los que están arrestando es que resultará que fueron detenidos sólo por ser musulmanes", dijo Halperin, quien ayudó a crear una coalición nacional de emergencia para la defensa de las libertades civiles en septiembre de 2001, a fin de combatir los peores abusos de los derechos constitucionales del gobierno.

Halperin señaló que hay muchos ejemplos que comprueban esta preocupación. Por ejemplo, poco después del 11 de septiembre de 2001, una mujer que era integrante de la Guardia Nacional recibió la orden de reportarse a su base local. Su esposo la llevó en automóvil a la base. El era musulmán y vestía como tal. "Ella fue expulsada de la Guardia Nacional y él fue arrestado y detenido durante varias semanas", cuenta Halperin. Cuando finalmente todos los nombres de los que han sido detenidos sean dados a conocer, resultará que muchos de los arrestos serán casos como este, indicó. "Es una desgracia."

Los abusos más serios de las libertades civiles en este país han sido las detenciones secretas. "Estos son actos que claramente violatorios de la Constitución", comentó el analista de 64 años. En este contexto, Halperin acusó al gobierno de "estirar" leyes que permiten la detención de testigos de crímenes durante periodos indefinidos y mantener secretos sus nombres.

Una buena noticia, señaló, es que los tribunales están empezando a imponer limitaciones a las acciones del gobierno de Bush. Varios jueces federales, añadió, han ordenado al gobierno difundir los nombres de los detenidos en secreto y, por primera vez, un tribunal especial establecido para aprobar intervenciones secretas de comunicación cuestionó públicamente algunas de las prácticas del gobierno.

En el caso de los hombres arrestados recientemente en Nueva York, el juez también ha advertido que no aceptará sin cuestionamiento los argumentos del gobierno. "Estoy intentando equilibrar los derechos de las personas de la comunidad a vivir seguras y los derechos de los acusados", afirmó. "Todos tienen que admitir que este es un caso extremamente inusual."

Hace varios meses, otro juez federal en Nueva York consideró ordenar una investigación especial del interrogatorio de la FBI a un estudiante originario de Egipto.

Según los documentos del tribunal, obtenidos por el New York Times, la FBI mantuvo al estudiante en detención solitaria durante varias semanas y finalmente lo intimidó a tal punto que firmó una confesión falsa declarando que se había hospedado en un hotel cercano al World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre y que tenía un radio con capacidad de escuchar radiotrasmisiones de aviones. Los hombres arrestados en Detroit, por supuestos vínculos con estos actos de "terrorismo", aún no han sido condenados por estas acciones.

Mientras tanto, por todas partes del país hay varios casos de personas que han sido expulsadas de vuelos comerciales, algunas de los cuales señalan que sólo fue por su apariencia de "árabe" o "musulmán", y varios más siguen detenidos, pero aún no saben de qué son acusados o cuánto tiempo estarán encarcelados sin derecho a juicio.