Acuerda que primero le pedirá al juez una "rectificación" de los autos judiciales

Aplaza el Parlamento vasco una querella contra Garzón por las resoluciones sobre Batasuna

Mueren dos personas por un estallido en Bilbao; se cree que eran miembros de ETA

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 23 de septiembre. El Parlamento vasco decidió hoy aplazar la presentación de una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tras llegar a un acuerdo para solicitar primero una "rectificación" al magistrado sobre los autos judiciales en los que decidió suspender todas las actividades a Batasuna, la coalición de izquierda nacionalista a la que se acusa de ser brazo político de ETA.

Poco antes de medianoche se reportó que dos personas murieron al estallar una bomba-lapa adosada a los bajos de su vehículo en el barrio bilbaíno de Basurto (Vizcaya). Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que podría tratarse de dos activistas del grupo armado ETA, que habrían estado manejando el explosivo al momento de la detonación.

Entre los restos del vehículo se encontraron armas y diversos objetos que motivaron las sospechas de que los muertos podrían ser dos etarras, aunque de momento sólo se barajan hipótesis.

Fuentes oficiales indicaron que la explosión ocurrió hacia las 23:45 horas, cuando estas personas se disponían a entrar en su coche, estacionado en la calle Mazustegui, en la salida de Bilbao a la carretera que lleva a Cantabria.

A su vez, representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EB) se reunieron en la sede legislativa para intentar llegar a un acuerdo de unidad, una vez que IU anunció que no respaldaría la querella contra Garzón o abriría un "conflicto jurisdiccional" si antes no se presentaba una petición de rectificación y se esperaba a que el magistrado respondiera.

Durante la reunión se acordó finalmente aplazar el inicio de los trámites para presentar la eventual querella por usurpación de funciones contra el magistrado, a quien acusan de no respetar la división de poderes al solicitar la suspensión de Batasuna como grupo parlamentario.

El Parlamento decidió el pasado lunes -el mismo día que el jefe del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe, acordó querellarse también contra Garzón- mantener a la suspendida coalición abertzale como grupo propio y por lo tanto contravenir la exigencia del magistrado.

Sin embargo, el secretario general de EA, Gorka Knorr, confirmó que esta iniciativa no se votaría este martes, como estaba previsto. El coordinador general de IU-EB, Javier Madrazo, añadió que en caso de que Garzón no modifique su resolución, "se estudiaría la opción de plantear una denuncia o un conflicto jurisdiccional" y se decidirá en función de la opción que sea la "más efectiva para defender la autonomía y competencias del Parlamento vasco".

Pero el ministro de Administraciones Públicas y secretario general del derechista Partido Popular (PP), Javier Arenas, de todas maneras descalificó la actitud de IU-EB en relación con la suspensión de Batasuna porque, a su juicio, "la posición de IU en todo lo que afecta al País Vasco es la contradicción permanente, en muchos casos un auténtico monumento a la incoherencia".

A su vez, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, respaldó los autos de Garzón sobre Batasuna, a los cuales calificó de "absolutamente correctos y su manera de proceder está perfectamente fundada y ajustada a la legalidad".

Por otra parte, el representante de la fiscalía española propuso al juez Garzón que en el caso de la orden de cierre de las sedes y locales de Batasuna permita que las herriko tabernas (bares y cafeterías) se administren judicialmente, pero que cierren sus asociaciones culturales y oficinas anexas.

A la sede la Audiencia Nacional acudieron los representantes judiciales de las 35 herriko tabernas y asociaciones que tienen las cuentas embargadas desde la suspensión cautelar de Batasuna, decidida por Garzón en agosto pasado.

El fiscal Enrique Molina pidió a Garzón que adopte una fórmula que no sea ni el cierre total ni la apertura de los establecimientos, con lo que pide que se mantengan abiertos bajo una administración judicial mixta los bares, pero que los locales o centros culturales vinculados a estos sitios permanezcan cerrados, una vez que los consideró "locales de actividad delictiva".

Los abogados de los representantes legales de las herriko tabernas consideraron "grave" la situación en la que se encuentran las respectivas sociedades, una vez que se ha generado incertidumbre en la plantilla laboral de los locales y ha sido imposible hacer frente a los créditos bancarios. Además, alegaron que no se puede decretar el cierre de una asociación cultural si ésta no ha incurrido en la comisión de delitos.

Finalmente, Felipe Goizueta y Virginia Jaca, detenidos el pasado jueves acusados de pertenecer a la organización armada ETA, fueron puestos hoy en libertad, una vez que el ministerio fiscal reconoció que no existían cargos en su contra. Ambos, que permanecían incomunicados en virtud de la ley antiterrorista, fueron detenidos en la operación que se inició a raíz de la captura en Francia de Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mujika, considerados por el Ministerio del Interior español como responsables de la coordinación de los comandos de ETA y de un atentado perpetrado en 1995 en Madrid, que dejó un saldo de seis muertos.

En este operativo ya han sido detenidas nueve personas, entre ellos José Luis Kamio Etxeverría, pues "su nombre aparece" en material requisado a los presuntos dirigentes etarras, explicaron las autoridades.