Piden que Carrillo Olea sea llamado a declarar sobre víctimas de la guerra sucia

Un fiscal especial investigará desapariciones en Morelos

LA JORNADA MORELOS Y ALMA MUÑOZ

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos aceptó la recomendación 562/2002-1 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en cuanto a designar a un fiscal especial que investigue cuatro desapariciones forzadas ocurridas en la entidad entre las décadas de los setenta y ochenta.

El titular de la CEDH, Francisco Coronato Rodríguez, informó que la PGJE respondió al pedido del organismo, resultado de una queja que presentó la organización no gubernamental Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).

Los casos documentados en la recomendación de la CEDH se refirieron a Adalberto Boyas Pacheco, desaparecido el 31 de enero de 1988; a José Ramón García Gómez, desaparecido el 16 de septiembre de ese mismo año, así como a Pastor y Justino Romero Flores, hijos de activistas de izquierda guerrerenses, a quienes habrían secuestrado en Cuernavaca policías y militares comandados por Arturo Acosta Chaparro, entonces teniente del Ejército.

Por su parte, José Martínez Cruz, presidente de la CIDH, solicitó que la Fiscalía Especial para la Investigación de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado llame a declarar al ex gobernador Jorge Carrillo Olea sobre su posible participación la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, y en cuanto a crímenes de lesa humanidad que habrían cometido agentes policiacos y castrenses durante la década de los setenta.

En tanto, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México informó que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y posteriormente a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, un listado de mil 200 personas en esta circunstancia, víctimas de la guerra sucia.

Para la agrupación, las sanciones deben incluir a ex presidentes de la República, puesto que conocieron, en su calidad de comandantes supremos del Ejército, las acciones militares contra la guerrilla, así como la utilización de estructuras castrenses como cárceles clandestinas.

Ante la pretensión oficial de citar a declarar a familiares de ex guerrilleros, indicó que se aplicarán medidas cautelares para protegerlos de una posible detención, en caso de que eventualmente se intente inculparlos por delitos derivados de enfrentamientos con el Ejército.