Eduardo R. Huchim*

Código Electoral: la reforma frustrada

Con la ruptura de conversaciones entre el gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se frustró la serie de profundas reformas al Código Electoral que durante meses discutieron, consensuaron y aprobaron las fuerzas políticas representadas en la ALDF.

He leído las 31 observaciones que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) argumentó para no promulgar las reformas aprobadas por la ALDF, y lo que aquéllas revelan es un casi absoluto desconocimiento de la materia electoral por parte de quienes elaboraron tales observaciones. Esta circunstancia, unida a la malevolencia de algunos personajes a quienes el jefe de Gobierno suele escuchar en demasía aunque evidentemente estén equivocados, frustró la puesta a punto de un Código que, siendo de avanzada, su aplicación puso al descubierto en 2000 deficiencias e insuficiencias que las frustradas reformas resolvían.

El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, resumió en tres las 31 observaciones originales:

a) Se alarga el proceso electoral tres meses, "a los asambleístas ya les anda por irse de candidatos a no sé qué, ya quieren empezar otra campaña y eso significa más dinero".

Resulta increíble que un gobernante como López Obrador sea inducido a decir tantas inexactitudes en una sola exhibición. El adelanto del inicio del proceso electoral -de enero a octubre- no implica el inicio de campañas, pero aunque así fuera, esto no significaría mayor gasto, porque el financiamiento público para campañas se calcula con base en el Código y no puede aumentarse.

Además, ese financiamiento se empieza a otorgar en febrero del año de la elección, de modo que no podría gastarse en octubre. Por si fuera poco, un artículo transitorio ordenaba que esta disposición entrara en vigor en 2004, de modo que se aplicaría en el proceso electoral de 2006, lo cual permitiría al IEDF organizar la elección en mejores condiciones de tiempo. Adicionalmente, en 2006 se renovará el Consejo General del IEDF, de suerte que iniciar el proceso en octubre de 2005 permitiría a los nuevos consejeros, que serían designados en enero de 2006, encontrar trabajos ya encauzados cuando tomaran posesión, en vez de comenzar de cero.

b) "La segunda diferencia es que quieren que demos dinero a las organizaciones políticas".

Esta ha sido una insistente demanda de las agrupaciones políticas locales (APL) y de varios consejeros del IEDF, que fue asumida por la ALDF, debido a la penuria en que subsisten casi todas las APL, obligadas a una serie de exigencias como la edición de una publicación mensual y otra trimestral e imposibilitadas de aceptar donaciones de nadie más que de sus propios militantes.

El otorgar financiamiento público en los términos planteados por la reforma reparaba esa desigualdad y representaba un porcentaje ínfimo en el presupuesto capitalino, no obstante lo cual, en un esfuerzo por lograr la concertación, la Asamblea -conforme a declaraciones del diputado Marco A. Michel Díaz- propuso que los recursos para las APL salieran de un recorte al presupuesto de la misma ALDF.

El rechazo del gobierno capitalino persistió y ya hay quienes ven en esa negativa una reacción al hecho de que la mayoría de tales agrupaciones se haya manifestado en contra de la construcción del segundo piso en Periférico y Viaducto. Si esto fuera así, nos hallaríamos ante una deplorable actitud de algún sector del GDF que estaría abiertamente disociada de una visión de estado.

c) Actualmente, en la candidatura común si el ciudadano vota dos o más veces por el mismo candidato, el voto se acredita a éste pero a ninguno de los partidos cuyos emblemas fueron cruzados. "Eso lo quieren quitar... eso es una contrarreforma."

Para la autoridad electoral, contar los votos de un modo u otro no representa un problema irresoluble, pero lo cierto es que resulta más aseado considerar como votos nulos las boletas donde se cruce más de un emblema partidario. Si la reforma hubiera adquirido vigencia, lo único que habrían tenido que hacer los partidos para evitar confusiones habría sido pedir a sus votantes que sólo cruzaran un emblema.

Lo cierto es que la reforma está prácticamente frustrada, a pesar de los esfuerzos de la ALDF, y su no promulgación abre un riesgo de conflicto poselectoral en las elecciones de 2003, principalmente porque es muy probable que los partidos en conjunto sean adjudicatarios de un número de diputados de representación proporcional que exceda a los 26 previstos por la ley, como ya se ha explicado en estas mismas páginas (La Jornada, 30 de septiembre de 2002, p. 42)

Sin embargo, aunque la creencia generalizada es que el plazo para la reforma al Código Electoral está vencido, no es exactamente así, por razones que explicaré próximamente.

* Consejero electoral del IEDF.