Enrique Montalvo Ortega
Italia y México: Ƒhacia estados sin patrimonio ni territorio?
ƑPodemos imaginar un escenario en el que el dogmatismo privatizador del grupo en el gobierno llegara a proponer la venta de Teotihuacán o Chichen Itzá, o incluso de lagos, ríos, playas y bosques? Aunque pueda parecernos absurdo y se acerque peligrosamente a la idea de un Estado sin territorio, en el que ningún bien sería social y todo sería entregado a quienes "saben" hacerlo rentable, valorizarlo, tal parece ser el proyecto del gobierno italiano y, si no reaccionamos a tiempo, podría ser el próximo escalón del modelo foxista.
El pasado junio, en Italia, el presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, logró que se aprobara en las cámaras un decreto suyo conocido como salvadéficit, mediante el cual se abre la puerta a la privatización de gran cantidad de bienes pertenecientes hasta ahora a la sociedad.
De acuerdo con dicho decreto (con el cual se pretende mejorar el estado de la cuenta pública), los bienes patrimonio del Estado pasan a poder de una nueva sociedad de acciones titulada Patrimonio spa, que tiene la tarea de valorar, administrar y vender los bienes patrimoniales del Estado. Patrimonio spa tendrá relación con otra nueva empresa estatal, Infrastrutture spa, en la cual pueden participar privados y se encargará de financiar el desarrollo. La primera empresa puede transferir bienes del Estado en forma de acciones a la segunda. Esta última puede usar tales bienes como garantía para préstamos, o incluso puede venderlos.
A este tipo de propuestas, que no son sino formas encubiertas para la privatización, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, las denomina "finanza creativa". Con estas maniobras se abre la puerta para que el patrimonio cultural e histórico, protegido por diversas normativas, pueda ser puesto en venta u otorgado en garantía, y por lo tanto pase a poder privado. Pero no sólo este tipo de patrimonio se pone en riesgo, también entran en el paquete las playas, costas, lagos, ríos, montañas, bosques, parques nacionales, edificios históricos, monumentos, museos, archivos, bibliotecas del Estado y demás bienes públicos. En pocas palabras, como lo hicieron notar varios comentaristas: "Italia se pone a la venta", y podría entonces suceder que por caminar en la playa, nadar en el mar o entrar en un bosque los italianos tuvieran que pagar peaje a algún empresario de un nuevo régimen, que bien podría caracterizarse como feudocapitalista, que surgiría en el futuro. Un régimen que, de continuar por ese camino, terminaría por convertir a Italia en un Estado sin territorio propio: una conclusión lógica del capitalismo neoliberal. Lo que hoy es de todos, y que sólo por excepción y en regímenes tiránicos ha sido objeto de apropiación privada, pertenecería entonces sólo a unos cuantos.
Las reacciones sociales no se hicieron esperar, los defensores del ambiente y de la cultura manifestaron su desacuerdo. El viceministro de Cultura, Vittorio Sgarbi, quien se opuso subrayando que con dicho decreto se podría hasta vender el Coliseo Romano, fue cesado.
Finalmente, el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, promulgó el discutido decreto salvadéficit, pero envió una carta a Berlusconi en la que le demandó corregir el texto de la citada ley. Instaba Ciampi a que la valorización de tales bienes sea "coherente no sólo con los principios de economía y rentabilidad, sino también con un respeto riguroso a sus valores y finalidad", los que "constituyen la identidad y el patrimonio de todo el país".
Subrayando la contradictoriedad entre el decreto y otras leyes exigió "asegurar garantías específicas para la gestión de todos los bienes de interés cultural y ambiental". Para algunos la carta no fue suficiente y el patrimonio italiano no queda con ella suficientemente resguardado.
Como puede verse, en Italia como en México los gobernantes tratan a toda costa, mediante "imaginativos" subterfugios, hacer posible la venta de lo que la legislación actual considera inalienable.
El caso italiano aquí mencionado no deja de recordar el siniestro proyecto de legislación del patrimonio del senador Fernández Garza, presentado en el sexenio pasado, para dejar nuestro patrimonio cultural e histórico en manos de grupos empresariales y disolver las instancias encargadas de defenderlo. Nos recuerda también el caso de Xcaret, sitio arqueológico de Quintana Roo, privatizado ilegalmente durante el sexenio pasado.
El caso italiano evidencia hasta qué punto existe una tendencia global, inscrita en la ideología neoliberal dominante asumida por diversos gobiernos en el mundo, hacia la disolución absoluta de lo público, y su paso a instancias privadas, en circunstancias que no habíamos sido capaces siquiera de imaginar. Es necesario comprender que la defensa de nuestro patrimonio no es un asunto aislado, sino que para fortalecerse tiene que vincularse con el conjunto de movimientos sociales emergentes, tanto en México como en el mundo, tendentes a construir una alternativa a la vía de la privatización de la vida pública, un proyecto social realmente democrático, en el cual la voz de la sociedad se escuche, por encima de la de los grandes grupos económicos y de sus representantes en el gobierno.
