En Guamúchil nadie ha visto a los enviados de la CNDH
Reubicarán en otras unidades a integrantes del 65 batallón que han sido liberados
JAVIER VALDEZ E IRENE SANCHEZ CORRESPONSALES
El Ejército Mexicano comenzó el desmantelamiento del 65 batallón con sede en Guamúchil, Sinaloa, cuyos casi 500 integrantes se concentrarán en la capital del país para ser reubicados a otras unidades tácticas. Al cierre de esta edición, cuando menos 40 soldados, detenidos en la prisión militar ubicada en Mazatlán, rendían declaración ante autoridades castrenses en cuanto a presuntos delitos contra la salud, informó una fuente que solicitó anonimato, la cual sostuvo que se habría dictado auto de formal prisión a tres de los inculpados.
A partir de la mañana de este martes, camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) empezaron a retirar camas, equipo de cómputo, ropa y utensilios de uso diario y propios de la milicia en las instalaciones de Guamúchil. Los familiares de soldados adscritos al 65 batallón fueron retirados del lugar pacíficamente.
De acuerdo con versiones extraoficiales, entre los detenidos en la sede de la tercera región militar, con sede en Mazatlán, a la que pertenece el 65 batallón de Infantería, estaría el subteniente Fidencio Hernández Martínez, a quien elementos de la Procuraduría de Justicia Militar habrían sorprendido en el municipio de Badiraguato a principios de este mes en poder de una gran cantidad de dinero, cuyo origen no pudo justificar. Trascendió además que logró darse a la fuga de Guamúchil un médico cirujano con rango de teniente, de quien sólo se indicó se llama Odín.
Durante 11 días y hasta el pasado lunes alrededor de 600 militares de diversos rangos, integrantes del 65 batallón, permanecieron en calidad de "arrestados" e incomunicados en las instalaciones castrenses de Guamúchil. Estos efectivos fueron investigados por un supuesto "arreglo" entre mandos del batallón y narcotraficantes que siembran y transportan mariguana en las zonas serranas de los municipios de Badiraguato, Mocorito y Sinaloa de Leyva.
Familiares de los soldados adscritos a esta compañía pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentando que durante los 11 días que permanecieron arrestados se les incomunicó e incluso torturó física y sicológicamente.
Desde el lunes por la tarde, en forma paulatina, fueron dejados en libertad y "francos" los cerca de 500 militares, mientras que otros 100 fueron trasladados a Mazatlán, de los cuales habrían sido interrogados 40 en cuanto al consumo de drogas y portación de dinero que no habrían obtenido con su salario.
Fuentes de la Sedena, que pidieron permanecer anónimas, informaron que el 65 batallón sería sustituido por el 42 batallón de Infantería, al momento destinado a San Miguel de los Jagüelles, estado de México, compuesto por entre 600 y 800 efectivos.
En tanto, los dos visitadores y el perito médico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a Guamúchil para que investigaran los casos de supuesta incomunicación, arresto y tortura, no fueron localizados en esa ciudad ni en Culiacán, a pesar de que un boletín del organismo estableció que arribaron a la entidad desde la noche del lunes. Trascendió que estarían en Mazatlán, en compañía del general Enrique Ortega Hiniestra, supervisando las declaraciones de los militares interrogados.
Jaime Cinco Soto, presidente de la CEDH, negó en entrevista haber tenido contacto con los tres enviados por la comisión nacional. Calificó además de "mera burocracia" el que la CNDH investigara denuncias de violaciones a los derechos humanos en Sinaloa, tarea que a su ver pudo realizar el organismo local.
"Si bien es cierto la CNDH es la única facultada para emitir recomendaciones a autoridades federales, esto no limita a las comisiones locales a investigar presuntas violaciones a los derechos humanos. Las transgresiones a los derechos humanos no tienen ámbito local o federal, simplemente son violaciones y la supervisión debe realizarse por parte de cualquier organismo formado para ello", sostuvo.
