En el Senado se dio primera lectura al documento
Listo, dictamen para ratificar convención contra delincuencia
Tras la aprobación, el gobierno podrá solicitar la extradición de hampones aun sin que haya tratados
ANDREA BECERRIL
El Senado de la República tiene listo el dictamen para ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, instrumento que se constituirá en complemento importante, ya que permitirá al gobierno mexicano solicitar la extradición de hampones aún sin que exista un tratado bilateral y combatir los llamados paraísos fiscales.
En la sesión de ayer se dio primera lectura a ese dictamen. Al mismo tiempo, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado al gobierno federal para que combata con eficacia la inseguridad pública.
Ante el pleno, el senador priísta Antonio García Torres precisó que en breve estará listo el dictamen correspondiente a la nueva ley sobre seguridad pública, en la cual se prevé que habrá coordinación entre las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y una política articulada para combatir el crimen y la delincuencia organizadas.
El legislador lamentó las "desafortunadas" declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, quien aceptó públicamente que no tiene competencia para intervenir en 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país, y reprobó igualmente lo expresado por Marcelo Ebrard, quien manifestó que la ciudadanía debe tomar sus precauciones contra el secuestro, ya que ellos no pueden hacerlo.
García Torres aludió también a la polémica contratación del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y señaló que ojalá la presencia del estadunidense ayude realmente a disminuir los índices de criminalidad en la capital del país, toda vez que la ciudadanía experimenta cada día mayor temor ante robos, secuestros, violaciones, homicidios y demás delitos a los que está expuesta.
Por otra parte, se presentó ayer en primera lectura el dictamen para ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que fue adoptada por la organización multinacional en noviembre de 2000.
Al amparo de esa convención, los estados se comprometen a adoptar medidas legislativas y de toda índole para tipificar como delitos en sus legislaciones la participación de grupos delictivos organizados, el lavado de dinero y la corrupción. Esto último incluye los casos en los que esté involucrado un funcionario público extranjero, así como su participación como cómplice.
