Empadronó 200 mil vehículos chocolate en 1999

Considera la SCJN improcedente continuar juicio contra Chihuahua

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 16 de octubre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó sobreseer un juicio de controversia constitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició en 1999 contra el gobierno de Chihuahua, en cuanto a la expedición de la Ley de Seguridad Pública estatal, informó el secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza.

A partir de la citada legislación, la administración que encabeza el gobernador Patricio Martínez García empadronó más de 200 mil automóviles de procedencia extranjera, que en su mayoría luego regularizó el gobierno federal.

Martínez Garza indicó que la administración estatal recibió la notificación oficial sobre el sobreseimiento del litigio este martes. La SCJN consideró que era improcedente continuar el juicio de controversia iniciado en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues el Congreso local aprobó hace dos meses un apartado especial en la Ley Estatal de Seguridad Pública, por el cual canceló el programa de identificación de automóviles de procedencia extranjera, puesto en marcha en Chihuahua, luego que fue regularizada buena parte de los autos chocolate que circulaban en la entidad.

Por otra parte, la bancada del PRI en el Congreso local presentó una iniciativa por la cual se instituiría una ley estatal que pretendería evitar la violencia familiar.

Entregó la propuesta a la Legislatura estatal la diputada Martha Laguette, quien sostuvo que entre "miles de familias chihuahuenses" se presentan escenarios de hostilidad y violencia, "originados principalmente por factores de carácter externo", como alcoholismo, drogadicción, desempleo y crisis económicas.

Laguette indicó que en Chihuahua, "de acuerdo con estudios, las víctimas en potencia de la violencia familiar son principalmente niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes".

Dijo que la propuesta pretende dotar a la sociedad de un instrumento jurídico que atienda las causas del problema y sancione con mayor rigor los abusos.