Detenidos los militares chilenos que asesinaron a químico por orden de Pinochet

Aclarado, el caso más emblemático de la criminal Operación Cóndor en el Cono Sur

Eduardo Berríos, quien elaboró el gas sarín, "sabía demasiado" y fue eliminado en Uruguay

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 19 de octubre. La jueza chilena Olga Pérez ordenó el pasado 13 de octubre la de-tención en Santiago de los militares Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, custodios de confianza durante años del ex dictador Augusto Pinochet, acusados del asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos, quien trabajó para la dictadura y elaboró el temible gas sarín.

Los testimonios de un conserje, Luis Mín-guez, suboficial retirado de la armada uruguaya, y del médico Juan Ferrari, quien ha-bía auscultado a Berríos en una clínica cuando éste intentó huir de sus ex colegas de la ahora disuelta policía política pinochetista, fueron el jaque mate en esta causa que debió sortear obstáculos de la justicia uruguaya desde un principio.

Ambos, sin dudar, reconocieron a los dos militares chilenos que se llevaron a Berríos cuando intentó huir en 1992 de sus ex colegas, convertidos en carceleros y verdugos.

Con la identificación de los chilenos que intervinieron en el crimen y de los uruguayos a quienes la justicia de ese país sigue sin procesar, parece cerrado uno de los ca-sos más emblemáticos de una segunda eta-pa de la criminal Operación Cóndor, la co-ordinadora criminal entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70 .

En 1991, Eugenio Berríos fue sacado de su país por instrucciones de Pinochet, para evitar que fuera citado a declarar en causas que lo incriminaban en hechos criminales. El ex químico loco de la policía política de la dictadura salió hacia Uruguay acompañado por otros dos militares que estaban ba-jo investigación y sus cuidadores.

Ahora se conoce, por testimonios logrados por la periodista chilena Mónica González, que hubo negociaciones puntuales entre la inteligencia chilena y la uruguaya, para que Berríos sólo pasara por Argentina, pero no se quedara en este país.

Había razones muy especiales, de que el agente había preparado acciones temibles para utilizar si se declaraba una guerra entre ambos países en 1978, entre ellos envenenar el agua de Buenos Aires y otros "aún peores", y también el temor por su fatídico invento, el gas sarín, que lo convertía en un objetivo negociable para muchos.

A fines de octubre de 1991, Berríos llegó a Montevideo, donde vivió en distintos de-partamentos -alquileres que fueron pagados por el teniente coronel de inteligencia del ejército uruguayo Tomás Casella-, que compartió con otros militares chilenos, co-mo Mario Enrique Cisterna, Pablo Marcelo Rodríguez, Torres Gacitúa y Silva Valdés.

Sus lazos uruguayos cotidianos eran Eduardo Radaelli y Wellington Sarli Posse.

El brazo largo de la dictadura

Según todos los datos -como lo registró en su momento el periodista uruguayo Sa-muel Blixen, quien investigó el caso en su país-, Berríos quería regresar y se mostraba intranquilo, por lo que enviaron desde Santiago a su esposa para tranquilizarlo.

Pero la situación empeoró y a fines de 1992 fue trasladado al balneario uruguayo de Parque del Plata, a 50 kilómetros de la capital. El 15 de noviembre de ese año, Berríos escapó y solicitó protección en una casa vecina, cuyo dueño lo entregó a una seccional policial del lugar.

"Estoy secuestrado por militares chilenos y uruguayos. Pinochet ordenó matarme", fue su grito desesperado ante el comisario Elbio Hernández, a quien le pidió que lo detuviera por tener documentos falsos.

Pero ya en esos momentos la noticia había llegado a la cúpula militar en Montevideo, y hasta allí llegó el teniente coronel Eduardo Radaelli exigiendo su entrega, al aducir que había enloquecido. La negativa del comisario forzó la intervención directa el teniente coronel Tomás Casella.

El policía insistió y llevó a Berríos a una clínica donde fue asistido por el médico Ferrari, que fue clave a la hora de la verdad.

En abril de 1995, cuando escarbaba en una playa del balneario El Pinar, a 27 kilómetros al este de Montevideo, un ex funcionario policial encontró el cadáver de un hombre que había sido asesinado con dos balazos en la nuca, amarrado de pies y ma-nos, evidentemente torturado, como surgió de las pericias, y enterrado desde hacía tiempo en el lugar en una bolsa de plástico.

El caso Berríos era un escándalo en Uruguay desde mayo de 1993, cuando una car-ta anónima puso al Congreso en antecedentes de lo sucedido.

A pesar de las denuncias, los sucesivos gobiernos de Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguineti y Jorge Batlle nada hicieron por aclarar este hecho, ni aun cuando el crimen saltó a la luz pública y el entramado de la red militar era conocido por todos.

Los "castigos" de Lacalle fueron traslados militares, y alguna destitución policial. "El presidente de la Corte Suprema de Justicia uruguaya puso todas las trabas imaginables a la jueza Pérez para tramitar los exhortos en procura de establecer la identificación definitiva de los restos y las causas de la muerte" señala Mónica González.

Lo cierto es que detrás de esta saga quedan muchos elementos por reconstruir y los ojos están puestos ahora en Uruguay.

También queda por aclarar si el gas sarín sigue en depósitos en Chile o fue vendido a algún país, y otros entramados de redes de armas cuyos lazos llegan hasta Estados Unidos, Israel, Irak y otros países. La saga del Cóndor sigue aún rondando en el sur.