León Bendesky

Austero

El signo de la política económica no es otro que la austeridad. Esto ya lo ha dejado claro el presidente Fox al decir que su iniciativa de presupuesto para 2003 será así, austera. La administración de las finanzas públicas propone hacer de la necesidad virtud, pero tanto política como técnicamente ésta es una apreciación sumamente discutible. La austeridad ha sido la única oferta política que se ha hecho al país desde hace 20 años, y mientras eso ocurre, la evidencia que se tiene es que la economía está en una larga crisis expresada en el muy lento crecimiento promedio de todo este periodo, en la acumulación de la pobreza y en la muy frágil situación financiera del fisco. Este gobierno mantiene de modo estricto la misma práctica de la gestión fiscal conforme a los patrones de sus tres antecesores.

La austeridad se entiende en los centros de poder económico y político como resultado contable de obtener muy bajo déficit fiscal con respecto al producto. No es difícil apreciar que la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, que se quiere sea de 0.5 por ciento del producto, puede resultar de la sustracción de una infinidad de cantidades posibles, es decir, se puede llegar a un déficit tan bajo como se quiera, aun cuando no se aplique el criterio de la austeridad, entendido de modo mecánico y miope.

El gasto podría aumentar y conseguir estimular el crecimiento económico, la productividad y mejorar el nivel de vida de la población, siempre y cuando los ingresos aumenten también y una vez restados no se incurra en un déficit que desquicie los "equilibrios macroeconómicos".

Esta otra aritmética fiscal requiere, sin embargo, de una administración distinta de la economía y de las finanzas públicas. Este cambio no puede hacerse de un día para otro; nada puede hacerse así en los complejos procesos sociales como el crecimiento económico. La austeridad fiscal aunada a la restricción monetaria, que se han constituido en el eje de la política económica, no pueden preparar al país para salir del marasmo en que se encuentra desde 1982, e insisto en que la perspectiva válida de análisis sólo puede ser de largo plazo.

En una economía como la mexicana el presupuesto debe tener como perspectiva ampliar progresivamente y sobre bases firmes las posibilidades de producción, ya que es la única manera de generar más empleo e ingresos. El crecimiento en México ha sido en las dos últimas décadas un fenómeno episódico en un entorno de estancamiento y de crisis. Las finanzas públicas no sólo han dejado de cumplir un papel de promoción de un mayor nivel de actividad económica, sino que han provocado incluso su propia inanición. Este debería ser tema central de debate político.

Un Estado pobre se convierte en un factor nocivo para la sociedad en una economía capitalista y el Estado mexicano está precisamente en esa situación. Basta ver la composición de sus ingresos y de sus gastos. De un lado, la muy baja captación tributaria; del otro, los enormes compromisos financieros por el rescate bancario, que representan recursos que superan el presupuesto al campo en el momento en que se abre totalmente la frontera a la importación agropecuaria en el marco del TLCAN; la muy baja inversión pública en infraestructura compromete el aumento de la productividad y el gasto social que será siempre insuficiente en un entorno de reproducción de la pobreza.

Prevalece el temor al endeudamiento cuando que este mecanismo puede fomentar la inversión en proyectos públicos rentables que se administren bien y sin corrupción y no se usen los recursos para salvar a los fallidos negocios privados. Ante eso, como ya se anunció también, el fisco seguirá dependiendo de los ingresos petroleros y seguiremos pagando más cada día por la gasolina, el gas y la electricidad. El Estado ha perdido la capacidad efectiva de gestión sobre la economía.

Se argumenta que la evidencia indica que el déficit fiscal desquicia la estabilidad de la economía y que sin ella no funcionan los mercados. Se puede argüir también que la evidencia muestra que la gestión fiscal y monetaria en México han llevado a periodos de estabilidad muy precarios y que no consiguen lo esencial: hacer que la economía crezca de modo suficiente y sostenido. La austeridad fiscal se ha vuelto un candado dogmático de la gestión pública y ha caído en la trampa de tener que justificarse de modo permanente mientras genera el proceso mismo que la explica, es decir, el estancamiento económico.

El país padece hoy doble austeridad: la económica, que previene el aumento del bienestar, y la política, que consiste en ofrecer cada vez menos a una población pobre, a un conjunto enorme de empresas incapaces de sobrevivir y a unas instituciones públicas que están quebradas.

La austeridad, como la riqueza, no se distribuye de manera equitativa. Tal vez sea peor la austeridad, entendida como el ajuste a lo estrictamente necesario, que exhibe la capacidad política para gobernar. Este es un déficit tan maligno o más aún que el fiscal.