Se viola su dignidad al negarles atención médica, afirma el primer visitador

La CNDH señala que el gobierno federal vulnera las garantías de seropositivos

Integra expediente especial con casos registrados en el IMSS, el ISSSTE y la Sedena

ALMA E. MUÑOZ

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud (Ssa), es quien viola la dignidad de los seropositivos al negarles atención médica, señala el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Víctor Martínez. Las pruebas de tales acciones las integra en un expediente a partir de las quejas recibidas hasta el momento, incluidas las de militares.

Resalta, en entrevista, la carencia de un esquema de atención para los enfermos excluidos de los servicios -pese a la obligatoriedad contenida en la Constitución- por dejar de cotizar en los institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS); por su baja en el Ejército; por ser familiares de migrantes contagiados -especialmente indígenas- o por estar en reclusorios sin prestación social alguna.

De entrada deslinda de cualquier responsabilidad a los institutos de salud y a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, porque asegura que no recae en ellos la obligación de contar con espacios médicos para las personas con sida, desprovistos de cualquier atención sanitaria.

Víctor Martínez considera preocupante la situación porque ni el gobierno ni los propios contagiados, ni las organizaciones no gubernamentales (ONG), previeron la problemática, sobre todo cuando la curva de crecimiento va en ascenso, tanto en el número de contagios como en el de seropositivos que quedarán sin ninguna protección social e incrementarán su riesgo de no sobrevivir. "Es lógico, conforme vaya avanzando su enfermedad llegará un momento que dejen de trabajar y de percibir ingresos", indica.

Las insuficiencias

En julio del presente año, a raíz de la denuncia presentada por personas afectadas por el virus que fueron excluidas del servicio del IMSS en Yucatán, la CNDH consideró la queja improcedente en contra del instituto porque no violaba los derechos humanos de los quejosos. Al contrario, sostuvo que el instituto estaba en su derecho de quitarles la atención y los medicamentos por no ser derechohabientes.

Al respecto, el visitador responde: "el ISSSTE y el IMSS evidenciaron que las estructuras desarrolladas para atender el problema no han asumido, o no se ha querido que lo hagan, ese tipo de atención, que recaía en el IMSS, principalmente".

"Hablamos", dijo, "del Consejo Nacional de Prevención y Control del Sida (Conasida), en el cual hubiera sido ideal concentrar toda la atención, especialmente farmacológica, y la canalización de los medicamentos" y no quedarse únicamente en el registro, el control epidemiológico y la orientación.

Al implementar este mecanismo, sostuvo, "no se tomó en cuenta que es un problema creciente, porque a la par del incremento en el número de enfermos, automáticamente aumenta la necesidad económica de los hospitales para atenderlos".

Recordó que el consejo técnico del IMSS, con base en el acuerdo 11 mil 924, de fecha 11 de junio de 1975, asumió prorrogar los tratamientos y medicamentos a los afectados al dejar de cotizar, pero cuando el IMSS entra en crisis financiera suspende tal determinación y deja a los enfermos más indefensos en sus posibilidades de sobrevivencia.

"Es en este momento cuando el gobierno debe asumir esa obligación y tiene que ver dónde los atiende. Cabe la posibilidad de continuar haciéndolo en el Seguro Social, si lo dota de recursos para ello, o puede encauzar la ayuda a otras instituciones."

Luego de recibir las quejas de seropositivos, la CNDH determinó hablar con la Secretaría de Salud para hacer valer la obligatoriedad contenida en la Carta Magna de dotar de servicios sanitarios a la población. Sin embargo, únicamente ha recibido contestación directa de Conasida, al informarle sobre las acciones y promesas realizadas al momento.

De los compromisos asumidos en el consejo, el organismo también exige resultados para evitar que los plazos se sigan venciendo, como ocurrió con la pretensión de "instalar un comité que iba a hacer tales cosas en un mes y no sabemos si ya está operando o no. Se trata de hacer un seguimiento permanente para ver si cumplen y, al mismo tiempo, si vemos que hay intención de evadir la responsabilidad del gobierno, haremos el señalamiento".

Al visitador no le basta el anuncio de la Secretaría de Salud -hecho el pasado día 10- respecto a la asignación de recursos para atender a los seropositivos. "De la partida extra -resalta- me enteré por la prensa, pero a mí lo que me importa es saber dónde atenderán a los enfermos. Dónde los van a canalizar. Qué van a hacer con el fondo. No se valdría una respuesta separada porque los recursos pueden durar dos meses o un año. El caso amerita una respuesta institucional definitiva, por la curva de crecimiento de la enfermedad y la carencia de factores para detenerla."

-ƑDe qué cifras estamos hablando?

-No hemos pedido los datos. No nos preocupa tanto el volumen, si son cien, mil o uno, sino lo que va a pasar; quién los va a atender. Si vemos que la autoridad, gobierno federal, Secretaría de Salud, no pone los medios para hacerlo, habrá una recomendación. En este momento nos ocupamos de empujar el desarrollo de esa estructura y la canalización de esos pacientes de manera permanente, porque hablar de 2 mil o 3 mil enfermos de sida sin medicamentos automáticamente significa que van a morir a corto plazo.

"Sabemos", sostuvo, "que la solución no se dará de un día para otro, pero la urgencia es tener una respuesta de manera inmediata. "Hacer valer el derecho frente al Estado. De nada sirve que digamos: 'tienes obligación de cumplirlo', eso dice la Constitución, si no existen los espacios para ello". De antemano descarta que se trate de un "problema de estigma. Es de atención a la salud, en este caso para un grupo especialmente vulnerable".

-ƑEl gobierno evadió su responsabilidad por ignorancia, olvido o porque nunca consideró la magnitud del problema?

-Siempre desarrolló la estructura. De hecho, por ejemplo, hace más de un año platicamos de esto con el director del ISSSTE (Benjamín González Roaro). Nos daba datos sobre lo que le cuesta al instituto dotar de medicamentos para el sida. Es la misma cantidad de presupuesto que tenía entonces para inversión (291 millones de pesos en 2001). Entonces, el gobierno sí atendió, tan es así que dio recursos a instituciones de salud para ello y a los enfermos con el virus se les sigue atendiendo. Lo que no hizo fue desarrollar una estrategia a largo plazo.

-Pero, Ƒsí hay violación de derechos humanos?

-Por supuesto, porque el gobierno no les otorga la atención médica que les debe y les puede brindar a partir de un principio jurídico. Afortunadamente nosotros no somos Namibia ni Angola, donde 30 por ciento de la población está infectada y el Estado no tiene un peso para atenderlas. Aquí sí hay recursos, sí hay la posibilidad de ofrecer esos servicios. En aquellas naciones no se violan los derechos porque no hay condiciones, no hay hospitales, pero aquí sí los hay. Tenemos una estructura de salud muy desarrollada, muy completa. Si se hace una planeación adecuada el problema será atendido de manera permanente.

La queja que al momento integra la CNDH -cuya conclusión no rebasará los 60 días- contiene las denuncias recibidas hasta el momento -individuales o generales-, especialmente de los excluidos por el IMSS y de soldados que sufrieron el contagio y fueron dados de baja por la Sedena. En este caso, explicó Víctor Martínez, "es muy difícil decir que adquirieron la enfermedad en actos de servicio. La legislación castrense establece que a quien deja de ser apto para el servicio se le da de baja. Eso no quiere decir que ese individuo no tenga derecho a la atención a su salud".

El primer visitador no evade hablar sobre los casos de sida en reclusorios; "allí también hace falta atención médica" -que proporcionan de alguna manera ONG a los no derechohabientes-, lo mismo que en comunidades indígenas, "donde también hay crecimiento de la enfermedad por la migración hacia Estados Unidos".

Confía en que el asunto se dirima en la etapa de procedimiento para no llegar a una recomendación. Cabe la posibilidad de plantear una conciliación, con la cual la Secretaría de Salud asumiría el compromiso de solucionar la problemática en un plazo de tres meses.