Bernardo Barranco V.

Los medios y la Iglesia

El gobierno federal ha expresado su deseo de transformar la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público (LARCP), vigente desde 1992, abriendo a la discusión, entre otras cuestiones, la posesión por parte de asociaciones religiosas de medios de comunicación electrónicos, como televisión y radio. Al igual que en la política, la lucha por los mercados religiosos pasa por los medios electrónicos.

En el acto inaugural del foro internacional sobre libertad religiosa, realizado el pasado jueves 17, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, mostró disposición para revisar el asunto; sin embargo, el subsecretario Javier Moctezuma Barragán fue más explícito en su intervención al expresar apertura para que las asociaciones religiosas puedan poseer medios masivos de comunicación no impresos: "Tenemos la impresión -manifestó- de que hemos alcanzado en México un aceptable nivel de madurez en este rubro, para ampliar el reconocimiento y la tutela de esta dimensión de la libertad religiosa". No obstante, el funcionario reconoció que "existe oposición por parte de algunos sectores de la población, quienes argumentan que con ello se corre el riesgo de que las asociaciones religiosas desvirtúen su naturaleza eminentemente religiosa."

Sin duda la LARCP debe ser actualizada. No sólo por sus notorios baches, sino porque el entorno y las condiciones sociales y políticas del país han cambiado. También porque originalmente se inscribe en el paquete de reformas salinistas, que hoy resultan insuficientes en términos de modelo de país.

Es necesario reconocer que, en sentido estricto, las asociaciones religiosas deben gozar de las más amplias libertades inscritas en los derechos humanos; por tanto, el acceso y la posesión de medios de información no debería restringirse a nadie y todas las iglesias debidamente reconocidas podrían tener esta prerrogativa. Esto sucede así en cualquier país democrático, respetuoso de las libertades religiosas, pero en México aún estamos muy lejos de llegar a esta convergencia.

Los riesgos son grandes, la historia pesa y, sobre todo, el comportamiento conservador y políticamente incorrecto de algunos miembros de la jerarquía producen temores. Los "coludos y rabones" que mencionó el cardenal Norberto Rivera Carrera producen escalofríos. Por ello discrepamos sobre las "condiciones de madurez" y el optimismo de la Secretaría de Gobernación, porque en nuestro país sigue pesando la memoria reciente de conflictos religiosos entre el Estado laico y la Iglesia católica; hay un peso simbólico de poder que identifica a la jerarquía católica con las elites dominantes de la sociedad. La obligación del Estado en materia de libertad religiosa no sólo es hacer valer las leyes ni ser un verdadero árbitro, sino crear las condiciones de equidad e imparcialidad laica que generen confianza entre los actores.

Es de lamentar principalmente la actitud del Presidente de la República, quien no sólo ha exaltado numerosas veces su guadalupanismo católico, sino que ha infringido la propia LARCP al asistir, supuestamente a título personal, a un acto central y mediático como fue la ceremonia de canonización de Juan Diego, en la pasada visita del papa Juan Pablo II a México. Si a esto sumamos la actitud de algunos secretarios, como los monseñores, concluimos que el gobierno actual carece de autoridad y de condiciones reales para proponerse realizar cambios en materia religiosa sin que sea visto bajo la lupa de la sospecha.

En términos de medios de información, paradójicamente esta iniciativa en realidad beneficiaría mucho más a diversos grupos evangélicos, con mayor experiencia en materia comunicativa, que a los católicos. El propio secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció que la Iglesia católica no está "debidamente preparada"; los ensayos somníferos de Claravisión y Radio Malta han sido poco afortunados.

Vicente Fox, en su decálogo de campaña, prometió abrir los medios a las creencias religiosas; sin embargo, tanto la Iglesia católica como las numerosas iglesias protestantes aspiran no sólo a espacios, sino a la posesión de los mismos. De hacerse efectiva, tendría que haber cambios constitucionales y, por supuesto, la adecuación a la LARCP.

Al respecto la Iglesia católica ha estado dividida hasta ahora. No todos los obispos esperan la posesión de los mismos, dado que la mayor parte de los concesionarios son devotos católicos y, por lo tanto, no habría necesidad de contar con costosos aparatos propios. Así que familias como los Vargas, Aguirre, Ibarra, Azcárraga y Salinas Pliego podrían facilitar, como ya lo han hecho, generosos espacios de audiencia. Aquí el problema se presenta en términos de pluralidad, dado que las diferentes iglesias cristianas no tendrían el mismo espacio ni cobertura; sin embargo, por su trayectoria de más de 20 años, las evangélicas tienen experiencia técnica y comunicativa, dado que en Estados Unidos y América han demostrado e impulsado las comunicaciones electrónicas con resultados francamente espectaculares. En Brasil, por ejemplo, tienen más de 300 radios y varios canales de televisión. No creemos que esta iniciativa se legisle a corto plazo, pero se antoja necesario un debate amplio entre los más diversos sectores.