Nada sabemos de sus actividades y gastos o si sólo han sido experimento: Santiago Ramírez

Exige diputado aclarar desaparición de 7 oficinas foxistas y el futuro de 3 más

CIRO PEREZ SILVA

De las 10 oficinas creadas por el presidente Vicente Fox al inicio de su mandato para "fomentar una administración eficiente y coordinada", siete ya han desaparecido "sin que medie informe alguno de las actividades que se desarrollaron y de los gastos durante su gestión", denunció el diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez.

Por lo anterior, demandó que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Gobernación, envíe un informe escrito a la Cámara de Diputados en el que explique el resultado del desempeño de la instalación de las referidas oficinas a partir del acuerdo mediante el que se crea la oficina ejecutiva de la Presidencia de la República con el objetivo general de "fomentar una administración eficiente y coordinada", publicado el 4 de diciembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

Santiago Ramírez exige que en el informe que el gobierno foxista envíe al Congreso, explique "si la desaparición de algunas de las oficinas obedece a que los asuntos que motivaron su creación ya fueron resueltos o fueron tan sólo un experimento que no resultó, por lo que alguien debe pagar o reintegrar al pueblo de México las erogaciones presupuestales que debieron realizarse".

Demanda además que se adelante el destino de las oficinas aún existentes, se precise la periodicidad y el formato por el cual deberán informar a la Cámara de Diputados de las acciones que llevan a cabo, a efecto de evitar duplicidades presupuestales con otras dependencias del Ejecutivo.

El diputado priísta por Chiapas recuerda que el acuerdo de referencia prevé que la oficina ejecutiva contará en su estructura con las unidades administrativas de planeación estratégica y desarrollo regional; políticas públicas e innovación gubernamental, así como un comisionado de orden y respeto, un comisionado para el crecimiento con calidad y un comisionado para el desarrollo social.

Los despachos

Agrega que en ese mismo contexto fueron creadas también la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Oficina para la Promoción Integración Social de Personas con Discapacidad; la Oficina para Mexicanos en el exterior y para México-Americanos; la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen; la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte; la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá; el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.

De todas estas unidades, precisa el legislador chiapaneco, a la fecha han desaparecido la de Orden y Respeto, presidida por el consejero presidencial de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinder, hoy representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Le siguió la extinción de la Coordinación de Desarrollo Social, encabezada por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarukhán, quien regresó a sus labores de investigación en la UNAM. El Consejo Nacional de la Educación para la Vida y el Trabajo, a cargo de Ramón de la Peña, se fusionó con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

La Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana, "parece haber desaparecido" a partir de que su titular, Rodolfo Elizondo, se hizo cargo de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Asimismo, la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas opera ya a través del Instituto Nacional Indigenista y la Oficina de Promoción e Integración Social para las personas con Discapacidad, a cargo de Víctor Flores, fue adscrita al DIF. Finalmente la Oficina del Plan Puebla-Panamá, encabezada por Florencio Salazar, pasó a formar parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"De lo antes enunciado se desprende que de las 10 oficinas que el titular del Ejecutivo creó, 7 ya han desaparecido sin que medie informe alguno de las actividades que desarrollaron y de los gastos que ejercieron. Y si bien el Presidente de la República tiene entre sus facultades crear unidades de asesoría, apoyo técnico y de coordinación que estime convenientes, también es cierto que está obligado constitucionalmente a dar cuenta de sus actos y transparentar las actividades de la administración pública a su cargo", sostiene Santiago Ramírez.