Existen condiciones de "semiesclavitud", denuncia consejo de etnias

Jornaleros agrícolas, explotados por trasnacionales en Sinaloa

Realizan en Sonora reunión preparatoria del segundo Encuentro Nacional Indígena

ROSA ROJAS ENVIADA

El Bahugo, Son., 28 de octubre. Más de 200 mil jornaleros viven en condiciones de semiesclavitud en los campos agrícolas de Sinaloa, donde los principales agricultores son empresas trasnacionales, denunció aquí Fernando García, del Consejo Sinaloense de Desarrollo de los Pueblos Indios.

En su intervención durante los trabajos de la reunión nacional preparatoria del Segundo Encuentro Nacional Indígena, que se realiza en territorio yaqui, detalló que en los campos de Navolato, Los Mochis, Angostura, Elota, Guasave y Las Palmas los jornaleros, muchos de ellos oaxaqueños -como él-, otros guerrerenses, viven en pésimas condiciones en campamentos sin agua potable, por lo que consumen agua contaminada con pesticidas; carecen de instalaciones sanitarias y servicio médico adecuado.

"Los patrones, algunos, dos o tres, han hecho campamentos con el programa de jornaleros, y los tienen arreglados para que los vean los medios", agregó. Respecto a la atención médica, señaló que constantemente hay envenenamientos por plaguicidas. Indicó que aunque los patrones dan vales a los jornaleros para que los atienda un médico, generalmente no tienen fármacos y el IMSS "no se hace cargo de enfermedades graves ni de operaciones".

Durante la reunión, a la que asiste un centenar de representantes de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui y de organizaciones indígenas de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Baja California, Veracruz, estado de México, Chiapas, Sinaloa y Sonora, quedó claro que un problema crucial para los pueblos indios es la defensa de sus territorios y recursos naturales, ya que muchos enfrentan despojos -empezando por los anfitriones- o problemas intercomunitarios.

"Si estamos luchando por la autonomía, la tierra es fundamental, porque es en ella donde se echan las raíces. Sin tierra, ¿dónde vamos a ejercer la autonomía?", fue el planteamiento central.

Se subrayó que muchos de los problemas intercomunitarios los ocasionaron las mismas autoridades para dividir a los pueblos indios. Algunos conflictos datan de la Colonia, otros los han provocado las diferentes autoridades agrarias al "encimar" resoluciones presidenciales. En otros casos ha habido despojos y también hay comunidades que invaden a sus vecinos, indicaron.

Teófilo Soriano, chocholteca de Oaxaca, refirió que desde 1940 la comunidad de Tamazulapan invadió 3 mil 188 hectáreas de Teotongo, sin que se haya podido resolver el problema en ninguna instancia; los tlahuicas de Atzingo, estado de México, denunciaron que el municipio pretende despojarlos de 25 mil hectáreas; los yaquis luchan por la devolución de más de 35 mil hectáreas invadidas, debido a que la Secretaría de la Reforma Agraria vendió a terceros, como terrenos nacionales, tierras que ya habían sido reconocidas a la tribu.

Cornelio Molina, de la comisión de coordinación yaqui, indicó que se propuso crear una "comisión de la verdad" para que analice el problema, en la que estarían representadas autoridades agrarias, organizaciones indígenas, el Senado y la Cámara de Diputados, pero "la Procuraduría Agraria se declaró incompetente".

Señaló que además una parte de los propios yaquis que están cercanos a los grupos de poder han tratado de retirar el amparo que se interpuso contra el decreto de Ernesto Zedillo, mediante el cual se les expropiaron dos mil 600 hectáreas, pero no han podido. La situación es grave, apuntó, "o la tribu yaqui retoma por la fuerza su territorio una vez agotadas las instancias, o se forma la comisión de la verdad" comentó. Señaló que se está abriendo otra posibilidad, ya que "se ha estado platicando con el jurídico de la Presidencia de la República y con la Oficina para la Atención de Pueblos Indígenas, cuya titular es Xóchitl Gálvez, y están de acuerdo en que se puede echar para atrás el decreto de Zedillo".

Fausto Díaz, de la tribu kumiai, de San José de la Zorra, Baja California, asentada en los municipios de Rosarito y Ensenada, denunció que de las 19 mil hectáreas que tenían en la década de los cuarenta les quedan sólo mil 714. Dijo que han recurrido a diversas instancias oficiales y al gobernador del estado, pero no resuelven sus problemas.

Ernestina Ortiz, de Santiago Tilapa, integrante de la Alianza de Pueblos de la Sierra Oriente del Estado de México, relató que empresas trasnacionales codician las tierras de La Marquesa, que son de Acazulco, además de hay problemas con los terrenos de Xalatlaco y de la sierra de San Juan Atzingo. "Los que más nos han afectado son el Grupo Atlacomulco", apuntó.

Luis Reza, de la misma organización pero de la comunidad de San Miguel Almaya, mencionó que hay conflcitos intercomunitarios entre esta comunidad, Santa María Coaxusco y San Pedro Atlapulco, ya que a las tres les reconocieron 7 mil 110 hectáreas mancomunadas en una resolución presidencial, pero Atlapulco se asignó 6 mil 272 hectáreas, Almaya 654 y Coaxusco 194. "Atlapulco ha llamado a la unidad, pero en la práctica no se respeta", apuntó. "Mediante el diálogo se deben limar asperezas, pero un diálogo entre iguales, que no nos quieran ver como sus hijos", añadió.

Se propuso crear una comisión que documente todos los casos y procure coadyuvar a resolver los conflictos intercomunitarios mediante el diálogo, si bien se advirtió que esto es muy problemático, dado que muchos de estos expedientes ya están en los tribunales agrarios.

La asamblea decidió entonces convocar a un foro nacional en defensa del territorio de los pueblos indios y sus recursos naturales, que en principio se realizaría el 10 de abril del próximo año.

También se determinó crear coordinaciones estatales promotoras de la segunda reunión preparatoria para el siguiente Encuentro Nacional Indígena. Dicha reunión habrá de realizarse en Tecate, Baja California, los días 26 y 27 de enero próximo y será coorganizada por las tribus cucapa, cochimi, kiliwa, kumiai, pai pai y representantes de los migrantes asentados en la entidad.