La detención de Gutiérrez Rebollo permitió establecer sus vínculos con narcos

Tarín, Colsá y Carrera, testigos idóneos de la PGR

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, la muerte de Amado Carrillo Fuentes y el inicio del maxiproceso, en 1997, así como el descubrimiento de las narcofosas en 1999, convirtieron a Gustavo Tarín, Tomás Colsá McGregor y Adrián Carrera en los testigos idóneos para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar pudiera acusar de delitos contra la salud a más de cien personas, entre ellas los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite.

A partir de las acusaciones penales que formuló la PGR contra el general Gutiérrez Rebollo, se puso al descubierto que Adrián Carrera, quien fungió como director de la Policía Judicial Federal, recibía dinero y bienes de Amado Carrillo, y también que el entonces funcionario apoyaba la transportación de droga desde la península de Yucatán hasta Sinaloa.

En el expediente de Gutiérrez Rebollo aparecen datos de documentos que el general acumuló durante su estadía en la Quinta Región Militar, con sede en Jalisco, en los cuales vincula a Adrián Carrera Fuentes con el fallecido Señor de los Cielos, y las ligas de éste con ex gobernadores como Mario Villanueva Madrid y militares como Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo.

La detención de Gutiérrez Rebollo, quien está sentenciado a más de 70 años de prisión, acusado de haber protegido a Amado Carrillo, permitió a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional obtener mayores datos sobre el capo, quien en julio de 1997, buscando evadir a sus perseguidores, supuestamente murió después de que se le practicó una cirugía plástica y una liposucción.

Para ese mes, Tomás Colsá, quien era conocido como joyero entre los narcotraficantes, ya había declarado en diversas averiguaciones previas en contra de los líderes del narcotráfico en México.

Entre ellas destaca la mención de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, a quienes señaló como parte del grupo de personas que se reunían en casa de Javier García Morales (hijo de Javier García Paniagua) para organizar "la bajada de aviones" cargados de enervantes en distintas partes del país, entre ellas, Acapulco, Guerrero, entidad en la cual ambos generales trabajaron desde los años 70.

Una vez detenido Gutiérrez Rebollo y muerto Amado Carrillo, la PGR comenzó el armado del maxiproceso. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada acusaron a más de cien personas por su involucramiento con el cártel de Juárez.

En ese juicio, donde más de 10 de los cerca de 40 detenidos han sido exonerados de los cargos en su contra, los testimonios de Colsá y Carrera fueron estimados inicialmente de relevantes.

Sin embargo, pese a que en el expediente se hacía mención de gobernadores y ex comandantes de zonas navales y militares que recibían dinero a cambio de proteger la actividad de la organización de Amado Carrillo, la mayoría continúa libre.

Para noviembre de 1999, Gustavo Tarín Chávez, hoy testigo protegido de la PGR y preso en Estados Unidos, fue utilizado con el nombre clave de "Alfredo" por la Procuraduría de Justicia Militar. Según sus declaraciones, el general Acosta Chaparro ofrecía protección a Amado Carrillo.

Tarín sobresalió entre muchos testigos protegidos porque fue quien aseguró a la PGR y a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos que existían cementerios clandestinos en propiedades del cártel de Juárez. Así inició lo que luego se conoció como las narcofosas, en las cuales se localizaron nueve cadáveres.

En la PGR aún existen averiguaciones abiertas con base en las declaraciones de Tomás Colsá, quien fue asesinado en la ciudad de México de 1997 y nunca ratificó sus declaraciones ante un juez.

Adrián Carrera amplió el expediente de la investigación que aún realiza la PGR -por delitos contra la salud- contra Raúl Salinas, pues aseguró que existían vínculos del hermano del ex presidente Carlos Salinas con organizaciones criminales. De Gustavo Tarín, el Ministerio Público aún no entrega sus declaraciones completas a ningún juez.