ENTREVISTA /RICARDO GARCIA SAINZ, CONSEJERO NACIONAL PERREDISTA

Inválida, la salud financiera a costa del sacrificio social

EL PAPEL DEL CONGRESO ES ESENCIAL EN EL DISEÑO DEL GASTO FEDERAL

El ex secretario de Programación y Presupuesto y ex director del IMSS cuestiona la legitimidad de que la deuda financiera se haya vuelto intocable mientras los rezagos sociales se acumulan. Propone, en cambio, reconceptualizar el tema en aras del bienestar de la mayoría

RENATO DAVALOS

El tamaño de la deuda social en el presupuesto federal tiene que ser igual al de la deuda financiera. Los efectos son tan perturbadores en uno como en otro caso, pero el modelo económico de los años recientes ha vuelto intocable el pago del débito interno y externo mientras los rezagos sociales se acumulan, estableció Ricardo García Sainz, consejero nacional perredista y ex secretario de Programación y Presupuesto.

Integrante del comité ciudadano plural que organizó la consulta nacional de prioridades que se efectuará los próximos martes y miércoles a escala nacional, en la que se plantearán siete preguntas a la sociedad, García Sainz refirió que "debe quedar claro que no pretendemos un gasto irrestricto y un endeudamiento desmesurado, sino mínimos de bienestar con un peso proporcional en el gasto federal de la deuda social y la financiera".

García Sainz, también ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ilustró: "los pasivos de más de 725 mil millones de pesos del rescate bancario podrían costear tres años del gasto educativo actual, un lustro de las erogaciones en salud, seis años del presupuesto en seguridad social y 20 años de lo que hoy el gobierno gasta en el campo".

Actualmente todos los recortes al presupuesto recaen en lo que llaman el "gasto programable", porque el "no programable -los pagos de la deuda- es intocable". Se trata de impulsar una nueva conceptualización para promover el bienestar mayoritario "genuino y no discursivo". Replantear las prioridades en función del atraso y la marginación, para darles la misma esmerada atención que a los compromisos financieros, sin renunciar a atenderlos.

Esta es una de las preguntas de la consulta: "ƑEstá de acuerdo en que el presupuesto federal atienda primero las necesidades sociales y en segundo lugar las financieras?"

A la luz del reciente debate sobre la información financiera y fiscal que reclaman gobernadores priístas y perredistas al gobierno, García Sainz planteó que los funcionarios tienen que rendir informes al Congreso "bajo protesta de decir verdad", con sanciones establecidas en caso de incumplimiento de la obligación.

Apenas en su pasada reunión anual septembrina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desconfió de las cifras gubernamentales mexicanas en torno al nivel del déficit público. Desde hace dos décadas estamos anclados en la idea de que un presupuesto es equilibrado sólo si se recorta el rubro social sin tocar el financiero, dijo.

En suma, se trata de plantearse dos cuestiones: Ƒqué debe diseñarse primero: el presupuesto y después la Ley de Ingresos, o viceversa? En la inercia neoliberal se ha fijado en función del ingreso y a partir de ahí, una vez satisfechos los compromisos de gasto "no programable", es decir, deuda pública y servicios financieros, el recurso que sobre habrá de ser destinado a las necesidades sociales, ubicadas en un segundo plano.

Para nosotros, añadió, tiene que procederse exactamente al revés: reconocer como punto de partida las prioridades nacionales en función de los niveles de rezago social. Por ello la importancia del Congreso es vital como protagonista en el diseño, elaboración y definición de prioridades en el gasto federal futuro.

Efectos del actual pesupuesto

En consecuencia, abundó, año con año hay una destrucción de los niveles de infraestructura, se reducen los recursos para educación, salud y combate a la pobreza. En las obsesiones por el equilibrio fiscal se recurre al expediente restrictivo de contención del gasto con devastadores efectos sociales.

Desde luego, indicó, hay voces que acusan de populista a cualquier idea contraria al neoliberalismo, pero los impulsores de esos argumentos no se detienen a pensar en la deuda social y en el hecho de que hay 50 millones de pobres en el país.

Los propios organismos internacionales como el Banco Mundial, citó, hoy retoman propuestas que anteriormente formaban parte del ideario de la izquierda. La postura no obedece a un cambio en su cuerpo ideológico, sino se hace a nivel discursivo y como una estrategia para reforzar la dependencia de las naciones en desarrollo.

El paradigma del desarrollo de los grandes capitales trasnacionales enfrenta el derrumbe de su propio Muro de Berlín, con escándalos de corrupción en grandes corporaciones como Enron. Se sugieren recetas para aplicarse en las naciones subdesarrolladas, pero no en las desarrolladas, estableció.

Ese oleaje neoliberal de los años recientes ha impedido que el Estado cumpla con la tarea redistributiva. Este año, ejemplificó, al Fobaproa-IPAB se destinan para pago de intereses 28 mil 493 millones de pesos, cifra 150 por ciento mayor, por segundo año consecutivo, al gasto asignado a la secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

De los recortes decretados por el gobierno este año -poco más de 10 mil millones de pesos-, 7 mil 910 millones recayeron en el "gasto programable", y de ellos 5 mil 800 fueron absorbidos por las disposiciones para el desarrollo social.

En contraste, hasta el pasado 16 de agosto la Sedeso había ejercido 68.4 por ciento de su presupuesto, es decir, un subejercicio de 31.6 por ciento, equivalente a 3 mil 565 millones de pesos. La no utilización de estos recursos es casi igual al incremento de 3 mil 451 millones autorizado por el Congreso para la secretaría.

Por ello, argumentó, es fundamental que se impongan candados al ejercicio presupuestal que impidan el recorte indiscriminado del gasto social. Obligar al gobierno a pedir opinión y, en su caso, solicitar la anuencia de la Cámara de Diputados para modificar los montos programados en el gasto social, puntualizó.

Las disposiciones presupuestales para combatir la pobreza tienen que ser de al menos 2 por ciento del producto nacional, es decir, un aumento de no menos de 50 mil millones de pesos. Ello supondría corregir errores del pasado, como la reforma a la Ley del IMSS y la revisión del Fobaproa, sin olvidar el incremento de recursos que pueden derivarse del combate a la corrupción.

ƑCómo podemos mejorar el ingreso? En primer término, se respondió García Sainz, la reforma fallida del Seguro Social le cuesta hoy al país 80 mil millones de pesos. Los ingresos tienen que ser suficientes para vivir en un esquema en el que no estemos ahogados en un horizonte de muchos años. Además, la información tiene que ser transparente y salir de las "cajas negras" de Hacienda, manifestó.

Estamos, continuó, frente a cifras oficiales maquilladas y un déficit referido por el gobierno que incluso no es avalado por el FMI. Es ridícula la cantidad de mentiras que se señalan en relación con los ingresos del gobierno federal que sólo generan impunidad. Resulta incuestionable que los compromisos sociales son iguales a los financieros, y no es válido el sacrificio social en aras de la actitud neoliberal que impone la salud financiera, externó.

Hoy, más que nunca, consideró, cobra vigencia la idea de la convención nacional fiscal que propuso el PRD desde hace tiempo para reformular las prioridades presupuestales. Es indispensable restituir el fondo de estabilización petrolera para que la sociedad tenga una idea clara de los recursos y el manejo de esta riqueza, concluyó.