Se cumplió un año de la huelga; exigen solución

Lázaro Cárdenas, tomada por empleados de Fertinal

No podemos celebrar el cierre de accesos, pero entendemos su situación desesperada, dice el gobernador de Michoacán

MIREYA CUELLAR ENVIADA

Lazaro Cardenas, Mich., 14 de noviembre. Un grupo de 513 trabajadores sindicalizados de la planta Agroindustrias del Balsas, que hasta hace un año fue la mayor productora de fertilizantes de América Latina -propiedad del grupo Fertinal, del cual el gobierno federal posee 47 por ciento de las acciones, por medio del IPAB- tiene prácticamente tomada la ciudad desde las seis de la mañana de hoy, en protesta por la falta de respuesta oficial a su demanda de que se reabra su fuente laboral o se les liquide conforme a la ley, luego de un año de huelga.

Decenas de camiones con productos perecederos, materiales como fierro, pipas cargadas de combustóleo y toda una serie de mercancías que se mueven por este puerto permanecen estacionados en las entradas y salidas de la ciudad sin poder moverse, porque está bloqueada la caseta de la autopista que comunica el puerto con el resto del país, así como las únicas otras dos vías terrestres de acceso local.

Como los trabajadores -en realidad el problema afecta a mil 300 familias, entre sindicalizados, de confianza y personal eventual- habían anunciado hace mes y medio que tomarían el puerto si el gobierno federal no les ofrece una salida, la Policía Federal Preventiva entró anoche a resguardar las instalaciones portuarias, por lo que los afectados optaron por sitiar la ciudad.

Armados con palos y machetes, permanecen en los accesos a Lázaro Cárdenas y únicamente dejan entrar o salir ambulancias, así como personas de la tercera edad o niños. Víctor Manuel Vizarro, secretario general de la sección 79 del Sindicato de la Industria Química y Petroquímica, dijo que el gobierno federal "no nos ha dejado ninguna salida, luego de un año de sufrimiento para nuestras familias.

"No queremos afectar a los ciudadanos ni generar desabasto en la ciudad, pero llevamos un año platicando con las autoridades y recibiendo distintos ofrecimientos, mismos que al final no se concretan; lo que queremos es una definición sobre nuestra situación laboral, cualquiera que ésta sea... somos trabajadores, no delincuentes, y no tenemos interés en permanecer aquí atrincherados."

El gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, señaló que "sin duda es grave que los trabajadores hayan optado por cerrar la ciudad, y no podemos festejar ni avalar la situación, pero reconocemos que están muy desesperados después de un año de paro".

Explicó que el gobierno del estado ha participado, junto con los obreros y distintas dependencias federales, en la búsqueda de una solución, la cual no se ha podido dar por lo complicado del problema; "la salida está en manos de las autoridades federales, y no digo que sea fácil o mágica".

Cárdenas Batel pidió al gobierno federal "valorar la magnitud del conflicto, porque los afectados directos en este momento son los trabajadores. Se trata de la planta de fertilizantes más grande de América Latina, y sería una irresponsabilidad dejarla morir, seguir cerrando fuentes de empleo y matando a la industria del país".

Es lógico, admite, que los empleados estén planteando la liquidación como medida de solución, pero habría que buscar la manera de "mantener viva la planta".

Los trabajadores y la administración de Cárdenas Batel negociaban anoche la apertura de una de las tres vías de acceso a la ciudad, con el ofrecimiento de que el presidente Vicente Fox los recibirá el próximo 13 de diciembre, durante una gira que realizará por la entidad. Sin embargo, las posibilidades de que aceptaran eran escasas, luego de que el jefe del Ejecutivo les ha cancelado dos ofertas de encuentro. "Queremos una solución, o cuando menos una fecha de para cuándo la tendremos", dice firme el secretario general.

El problema de Agroindustrias del Balsas es complejo. Fue una de las empresas estatales vendidas a la iniciativa privada durante el gobierno de Carlos Salinas, la cual fue adquirida por un grupo de empresarios en el que participaba también Carlos Cabal Peniche; pasó a manos del Fobaproa cuando Banco Unión fue intervenido a raíz de sus malos manejos. Actualmente, los accionistas mayoritarios son el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (sucesor del Fobaproa), con 47 por ciento de las acciones, y el empresario Fabio Covarrubias.

Hace un año, los obreros de la planta se fueron a huelga por un incremento salarial -querían 14 por ciento, y la empresa no les daba más de 6 y les imponía paros técnicos-, y la ya de por sí difícil situación de la empresa se complicó. Fabio Covarrubias debe al gobierno federal más de 200 millones de dólares -50 al Banco de Comercio Exterior, 20 a la Comisión Federal de Electricidad y otro tanto al Seguro Social- y está entrampado en un pleito con una compañía aseguradora, a la cual le demanda un pago de 800 millones de dólares. Su argumento ante el gobierno y los trabajadores es que cuando ésta le pague reabre la planta.

Para que el gobierno la echara a funcionar -es el otro dueño- se requiere una inversión muy fuerte que la Secretaría de Hacienda se niega a autorizar.